La entrega de la mayoría accionaria a la compañía minera angloaustraliana Rio Tinto en el proyecto minero de Salares Altoandinos por parte de la Empresa Nacional de Minería (Enami) vuelve a poner el cuestionamiento el modelo de complementariedad público-privada promovida por el actual gobierno que acaba entregando la mitad o el control total en la explotación de los yacimientos a grandes conglomerados mineros.
A fines de mayo trascendió que la Enami seleccionó a Rio Tinto como socio operador para la explotación de los Salares Altoandinos, localizados al interior de la Región de Atacama. La empresa estatal quedó con un 49% de la propiedad; en tanto que la angloaustraliana quedó con el 51%. De esa formal, el directorio de la empresa extractivista quedará con 3 directores nombrados por Rio Tinto y 2 para Enami.
Rio Tinto, es el segundo conglomerado minero mundial desplegando operaciones en 35 países. Fue fundado por capitalistas ingleses para explotar antiguas minas de cobre en Rio Tinto, cerca de Huelva (España), en 1873, desplegando posteriormente operaciones mineras en Rhodesia del Norte (hoy Zambia) y Rhodesia del Sur (Sudáfrica) a partir de 1929.
Un trabajo de exploración en los Salares Altoandinos, encargado previamente por Enami a consultoras, detectó que el Salar La Isla tiene un potencial estimado de 11,3 millones de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente); en tanto el Salar Aguilar tiene reservas de 4,9 millones de toneladas de LCE.
La selección de la minera angloaustraliana fue entre otros 12 competidores, quedando como finalistas la mayor fabricante de autos eléctricos, BYD (China); Eramet (Francia); Posco Holdings Inc. (Corea del Sur); y Rio Tinto, la que finalmente resultó beneficiada.
Según cálculos de Enami, el proyecto Salares Altoandinos cuenta con recursos por 3,05 millones de toneladas de litio, que cotejados con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (U.S. Geological Survey) representan un 28% de los recursos de litio del país.
Rio Tinto también se quedó como socio de Codelco en la explotación del Salar de Maricunga, en una política de complementariedad público privada que está entregando la mitad de dichos yacimientos a empresas transnacionales. Se suma el Salar de Atacama, entregado a cero costos SQM entre los años 2030 y 2060 en un polémico acuerdo que fue objeto de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Dicha política fue defendida por el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, quien en la cena de Cesco Week 2025, instancia de lobby de la industria minera en Chile, destacó que “ésta alianza público-privada da garantías para ejecutar un proyecto con altos estándares ambientales, con respeto a las comunidades y en beneficio de la Región de Atacama y del país en su conjunto”.
El precio a pagar por la minera transnacional es de unos 425 millones de dólares, en efectivo y otros activos, pese a que para el desarrollo completo del proyecto se estiman necesarios unos 3 mil millones de dólares, cálculo sujeto al desarrollo de estudios. Es decir, el socio de la Enami se está poniendo con apenas un sexto del costo estimado para desarrollar el proyecto.
EL ANÁLISIS DE UN MEDIO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA
¿Está Codelco regalando los vastos recursos de litio de Chile?
Fue el titular del reportaje del medio económico BNAmérica publicado el 2 de Junio reciente en una sección definida como “Análisis Chile Minería y metales riesgo político y macroeconomía”.
El encabezado del artículo iniciaba con las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara, diciendo: “El acuerdo entre la cuprera estatal chilena, Codelco, y el productor local de litio SQM para producir el metal blanco en el salar de Atacama hasta 2060 es económicamente desfavorable para el país”, agregando que dicha comisión recomendó “terminar el acuerdo”.
Según BnAmérica, citando los cálculos reportados por la comisión, “el acuerdo implicaría una pérdida de más de US$ 10.000 millones para el Fisco”.
Las conclusiones del Informe final de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM, que deben ser votadas en el plenario de la Cámara el próximo 30 de Junio, destacan que el pacto está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo.
El medio, especialista en economía latinoamericana, citó al ex-director del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos (Cemec), el geólogo José Cabello, quien comentó que “el país está perdiendo una oportunidad económica muy importante al entregar, bajo cualquier condición, la mitad de un yacimiento que es propiedad del Estado y que podría ser un magnífico negocio para el Fisco, al tratarse de un producto muy valorado y demandado hoy en día”.
Codelco y SQM iniciaron negociaciones en diciembre de 2023, las que permiten prolongar la participación de la compañía de Francisca Ponce Pinochet hasta el año 2060 en la explotación del acuífero atacameño. La sociedad sería a través de la Minera Tarar, manteniendo la cuprífera estatal el 50,01% del capital accionario; en tanto que SQM quedaría con el 49,99% restante.
En tanto, el contrato vigente, firmado en 2018 entre Corfo y SQM, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. A partir de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.
PÉRDIDAS ESTIMADAS EN 5.195 MILLONES DE DÓLARES
Si bien los promotores del acuerdo con SQM defienden que entregaría importantes aportes al fisco, tanto a través de la presencia de Codelco, como de los tributos a pagar por la empresa de la familia Ponce Pinochet, expertos en minería, analistas y economistas plantean la pregunta de por qué el Estado no se queda con la totalidad de los yacimientos para su explotación, considerando que con dicha garantía se obtiene seguro financiamiento, sin necesidad de entregar la mitad del negocio a compañías mineras que también son competidoras en el mercado global de metales.
Una estimación reciente la dio el economista Camilo Lagos, integrante de la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y funcionario en Cochilco hasta el año 2017. en un informe dado a conocer recientemente, Lagos estimó una pérdida para el fisco de 5.600 mil millones de dólares.
Para el análisis graficó tres escenarios, siendo el tercero el acuerdo Codelco-SQM como está actualmente planteado. Estimó que el patrimonio público captura solo USD 20.408 millones, y transfiere a SQM USD 5.195 millones en utilidades netas sin competencia ni inversión comprometida equivalente.
Lagos basó su análisis en el Memorandum de Entendimiento (MoU) como el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM, empresa que entregará como aporte al Estado, las utilidades de comercializar 201.000 toneladas entre 2025 y 2030, lo que representa en valores actuales un aporte al fisco de unos USD 503 millones. Pero como el pacto conlleva un aumento de las cuotas de extracción de las 165 mil actuales a 300 mil, Lagos observa que esto permite a SQM comercializar 232.500 toneladas, las que son valoradas en USD 582 millones.
Esto permite a la empresa ligada a la familia Pinochet, obtener en el período 2025-2030 una ganancia neta de 79 millones de dólares.
Al adelantar el fin del actual contrato, SQM estaría perdiendo hasta el año 2030, 480 millones de dólares. Sin embargo, si se consideran los 30 años siguientes de explotación del Salar de Atacama, los ingresos futuros de SQM se estiman en valor presente en USD 5.675 millones. Si restamos el costo de adelantar el actual contrato, la cifra queda en 5.195 millones de dólares.
Una cifra similar es dada por un informe realizado por la consultora Quiroz & Asociados que fue encargado por el Grupo Errázuriz, rival en el negocio del yodo de SQM. Realizado a partir de las proyecciones de Codelco, determinó que el trato directo con SQM en vez de haber llamado a una licitación significa una pérdida para el Estado de US$ 5.200 millones.
¿PARA QUÉ ENTREGAR LA MITAD DEL NEGOCIO?
El acuerdo también es criticado por el geólogo del Cemec, José Cabello, certificado como Persona Competente QP (Qualified Person) en minería, calificación dada por ley a profesionales con experiencia y conocimiento en evaluación, exploración y desarrollo de proyectos mineros. Con experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera de BHP Billiton, considera que no se debiera haber entregado más del 20 por ciento a un socio y que la licitación debiera haber exigido el aporte de procesos de manufactura del litio y transferencia tecnológica.
En una entrevista reciente con El Ciudadano, el geólogo primero invita a destacar que estamos hablando del salar con mejores condiciones de explotación de carbonato de litio en el mundo. Comenta que “el Salar de Atacama es el mejor desde el punto de vista económico, tanto en tonelaje que se ha determinado, como en contenido de litio, lo cual lo hace hoy en día el mejor yacimiento del mundo, porque tiene la más alta rentabilidad y el más bajo costo de exploración”.
A partir de su experiencia en la evaluación de yacimientos mineros, Cabello considera que “quedarse con el 50,01% esa cosa es una aberración económica. La regla básica de la minería es si uno tiene un yacimiento de gran calidad, lo que debiera hacer es quedarse con él un cien por ciento. Por qué razón. La gran calidad de los yacimientos te garantiza que las fuentes de financiamiento te van a prestar plata”.
Un punto de defensa de los promotores del acuerdo es que con éste el Estado entra en la explotación del litio con un porcentaje mayoritario. Se trata de un 0,01% de mayoría accionaria sobre SQM, qué fácilmente puede varias dependiendo de la composición futura del directorio de Codelco. En esto ha llamado la atención el abogado Mauricio Daza, quien comentó basta que en el próximo gobierno Codelco decida vender esa una acción a SQM y pierde el control de Minera Tarar.
LA MITAD DEL SALAR DE MARICUNGA A RIO TINTO
La complementariedad público privada también fue la tónica para ceder la mitad de la explotación del Salar de Maricunga a Rio Tinto. A cambio de una inversión de “hasta 900 millones de dólares”, se le entregará a la minera angloaustraliana el 49,99% de la propiedad de una sociedad en común con Codelco, que se reserva un 50,01% del capital accionario.
La mayoría accionaria de un 0,01 por ciento es el mismo padrón del acuerdo con SQM.
El Salar de Maricunga es el segundo con la mayor concentración de litio en el mundo después del Salar de Atacama y tiene mayor concentración del mineral. Está localizado en el acuífero al interior del valle de Paipote, Región de Atacama, a 3.750 metros de altura y espacio de transhumancia del pueblo colla Paiote, que tiene una huaca ceremonial en el borde norte del acuífero.
Rio Tinto realizaría una inversión de USD 350 millones al cierre del acuerdo; con otros 500 millones de dólares cuando se tome la decisión final de inversión del proyecto y USD 50 millones si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente comercializable antes del 31 de diciembre de 2030.
La nueva sociedad implica un pacto de accionistas y un directorio compuesto por cinco miembros, tres de los cuales serán designados por Codelco, incluyendo al presidente, y dos por Rio Tinto.
La minera angloaustraliana realiza exploraciones en conjunto con Codelco en los proyectos Dionisio y San Antonio, ambos localizados en la Región de Atacama. El primero está localizado en la comuna de Diego de Almagro, está en fase de evaluación ambiental ante el SEA y esperando permisos para iniciar perforaciones. Ambos proyectos son desarrollados por el consorcio Nuevo Cobre, en el cual Rio Tinto tiene un 57,74 % de la propiedad, en tanto que Codelco un 42,26 %
Para obtener las pertenencias mineras del Salar de Maricunga, Codelco desembolsó 236 millones de dólares por un proyecto de explotación de litio fantasma y pagó veinte veces su precio original.
El dueño anterior, Lithium Power International Limited (LPI), a través de distintas sociedades compró hace menos de una década las pertenencias mineras que dan sustento al proyecto pagando poco más de 11 millones de dólares (US$ 11.426.093). En tanto, el valor bursátil total de Lithium Power International Limited (LPI) era de 116 millones de dólares hasta antes de la compra.
Por dicho proyecto Codelco pagó 236 millones de dólares, es decir, 20,6 veces más el precio original de las pertenencias mineras.
Además de no poseer activos físicos en el Salar de Maricunga, el Proyecto Blanco no cuentan con los permisos para la explotación de litio en el acuífero al interior de Copiapó, un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) otorgado por el Ministerio de Minería y la Resolución de Calificación Ambiental que le permitía la explotación de litio ha sido impugnada por las comunidad colla Pai Ote, cuya sentencia por parte del Segundo Tribunal Ambiental aún está pendiente.
Los negocios de Codelco, presentados por el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, como una revolución a nivel gerencial, en la práctica están entregando la mitad de yacimientos de litio que perfectamente podían permanecer en manos de la empresa estatal o convocarse a una licitación que permita la entrada de un socio que otorgue valor agregado a la producción de litio.
En Argentina, en tanto, en noviembre de 2024 la misma Rio Tinto compró el proyecto Arcadium pagando al contado 6.700 millones de dólares. De dicho yacimiento, la minera angloaustraliana proyecta extraer hasta 150 mil toneladas de litio al año. El acuerdo Codelco-SQM, tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM.
Al otro lado de la cordillera Rio Tinto pagó 6.700 millones de dólares por lo que a SQM en Chile les salió gratis.
Complementariedad público-privada le llaman.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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