Amnistía Internacional: «Dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta es el objetivo del Gobierno de Chile»

"El Gobierno se ha empeñado en defender que causar daños a bienes materiales justifica que seas lesionado, torturado o que seas matado", así lo señaló Pilar San Martín investigadora y especialista en temas de crisis de AI

Por El Ciudadano

21/11/2019

Publicado en

#ChileDespertó / Chile / Portada

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Tras un riguroso proceso de documentación con entrevistas a víctimas, reuniones con organizaciones de Derechos Humanos, autoridades, visitas a centros asistenciales y la verificación de piezas audiovisuales y fotográficas por un equipo de expertos en verificación digital y uso de armas y municiones de Amnistía Internacional (AI), se llegó a la conclusión que las fuerzas de seguridad de Chile tienen un objetivo claro: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual.

En este sentido, Pilar San Martín investigadora y especialista en temas de crisis de AI y quien encabezó el estudio en Chile, ofreció este jueves los resultados y destacó que al revisar evidencia audiovisual se detectó que en todos los casos las víctimas no ejercían violencia en el momento de ser agredidos por carabineros, «En todos los casos que hemos documentado ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o de ser matada«

San Martín puntualizó que analizaron 23 casos emblemáticos que representan lo más grave y un patrón generalizado que se viene ejecutando en Chile.

«El Gobierno se ha empeñado en defender que causar daños a bienes materiales justifica que seas lesionado, torturado o que seas matado» resaltó la investigadora al destacar que el estándar internacional no permite eso, «Cuando se usa la fuerza siempre se debe intentar reducir el daño al mínimo, si se usan armas de fuego, éstas se deben apuntar a las zonas menos lesivas del cuerpo» apuntó.

Represión en Chile. Foto: La Izquierda Diario.

La dura represión que ha ejecutado Piñera contra el estallido social que inició el 18 de octubre, ha dejado según la investigación de AI, un saldo de 5 personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad.

La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, manifestó la importancia de difundir que la represión en Chile no es nueva, al destacar que el uso de la fuerza excesiva se ha normalizado en la nación suramericana, «Ya se venía ejecutando la represión, contra el pueblo mapuches y otros sectores de la población, solo que en este momento se ha intensificado».

En lugar de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día, señala nota de prensa del movimiento global.

En este contexto, Amnistía Internacional realizó una serie de recomendaciones al Estado para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos chilenos:

1- Cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para restringir el uso de la fuerza en línea con los estándares internacionales que rigen la materia.

2- Los órganos de justicia deben investigar las responsabilidades de mando en las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis a manos del ejército y carabineros.

3- Se hace urgente una reformulación profunda y seria de la institución de Carabineros de Chile con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos en cada una de sus intervenciones.

Asimismo, solicitamos a las autoridades que aseguren que las demandas de la población sean atendidas, al tiempo que se generan reformas de orden legislativo y de política pública.

Igualmente, asegurar la investigación de las responsabilidades respecto de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las manifestaciones.

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