Los hechos son de octubre del año 2019, cuando la víctima de 16 años concurrió a la Plaza Belén en búsqueda de su hermana menor y en ese contexto, recibió un proyectil de una escopeta antidisturbios en su rostro que le provocó la pérdida de uno de sus ojos.
La acción judicial apunta a perseguir la responsabilidad de integrantes del Alto Mando, activos o en retiro, quienes a juicio del Instituto no llevaron a cabo medidas eficaces para poner freno a lo que estaba ocurriendo en esta materia.
El exuniformado, Patricio Maturana, está imputado por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas en contra de la parlamentaria, donde la Fiscalía pide 12 años de cárcel para Maturana. Campillai perdió la vista y el olfato por causa de la agresión.
Instancia parlamentaria fiscalizará los actos del Gobierno, especialmente los del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y analizará las acciones de Carabineros y del directorio de la empresa Metro S.A.
El informe realizado por el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI detalla que "el proyectil balístico dubitado comparte las mismas huellas de clase e individuales que los obtenidos de la prueba de funcionamiento de la pistola marca Taurus, modelo "PT-917 C, calibre 9x19mm, serie N°TIU63601 (...) Por esta razón se informa a esa Fiscalía que el arma de fuego detallada anteriormente, fue incautada al teniente Joaquín Muñoz Vásquez". El oficial sigue sin ser formalizado.
Solicitud busca habilitar el inmueble "como infraestructura pública de memoria, promoción cultural, artística y deportiva para las comunas del nodo norponiente de Santiago (Renca, Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia)".
Junto a un grupo de organizaciones sociales, la Comisión interpeló a los tres Poderes del Estado para que "cada uno de ellos, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus obligaciones y enfrente debidamente la grave situación que afecta a los presos de la revuelta social y a los cientos de jóvenes formalizados que se encuentran a la espera de la dictación de una sentencia".
En el encuentro, que se desarrolló por cerca de 40 minutos, Jordano repasó junto a la legisladora los hechos que se le imputan, señalando las graves deficiencias del proceso judicial, tales como la falta de testimonios diferentes a los de instituciones policiales o de pruebas concretas del supuesto intento de homicidio por el cual se le condenó.
El hombre fue condenado por "homicidio frustrado" por la declaración de un testigo -un efectivo de la PDI- quien declaró haber visto un "ánimo homicida" en su accionar, testimonio que fue determinante en su condena.