Acuerdo SQM-Codelco podría llevar a Chile a un Tribunal Internacional

El acuerdo entre SQM-Codelco podría llevar a Chile a un Tribunal Internacional por negociación poco transparente. El Estado de Chile al estar negociando a puertas cerradas con SQM, la extensión de su operación en el Salar de Atacama más allá del 2030, podría estar afectando gravemente el interés del fisco y los intereses de un inversionista extranjero clave, en este caso China, quien por medio de la empresa Tianqi tiene un 21,9% de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Todo esto en una negociación hecha a la medida del clan Ponce – Pinochet.

Por Bruno Sommer Catalán

Pese a las advertencias de expertos en transparencia que han cuestionado la tratativa entre el Estado de Chile y SQM, el Estado sigue adelante en la negociación a puertas cerradas en una obstinación que se vuelve preocupante.

El ex presidente del Consejo de la Transparencia, Jorge Drago, dijo que “el acuerdo requiere una reevaluación de los plazos y de los procedimientos adoptados hasta ahora”.

“El gobierno se enfrenta a un dilema crítico, acelerar el proceso para cumplir con un plazo, corriendo el riesgo de cuestionamientos y probablemente controversias legales”, dijo el experto en transparencia.”

Por su parte Jorge Riesco, director de Sonami,  ha señalado “el país necesita una explicación de por qué el Gobierno le dio a Codelco ese derecho a negociar y no licitó, y si estamos dejando plata en la mesa”.

UNA NEGOCIACIÓN HECHA A LA MEDIDA DE PONCE LEROU Y EN CONTRA DE LOS MINORITARIOS.

En este contexto ha causado especial sospecha en el mercado la información entregada por SQM a la Comisión para el Mercado Financiero, sobre la fórmula en que se negoció con Codelco para cerrar el acuerdo de explotación de litio en las pertenencias del Estado ubicadas en el Salar de Atacama hasta el 2060.  

Si bien en un comienzo se señaló que se iba a crear una Nueva empresa entre Codelco y SQM a fin de concretar el acuerdo de explotación conjunta, finalmente se informó a la CMF que la vía sería otra: una empresa de propiedad de  Codelco, llamada Minera Tarar SpA, la que va a ser “absorbida” por la empresa SQM S.A.

De esta forma, SQM va a seguir existiendo, al absorber la empresa de Codelco, y técnicamente no aparecería pagando ni vendiendo nada producto del acuerdo.

Lo anterior tiene una importancia trascendental, ya que al elegir esta particular vía para concretar el acuerdo, entonces SQM  no tendría la obligación de que esta operación deba ser conocida y aprobada por su Junta de Accionistas.

De ésta forma se excluye completamente de esta decisión a las Administradores de Fondos de Pensiones y a Tianqi, entre otros accionistas minoritarios.

Bajo esta fórmula, es el directorio de SQM el que tiene el control completo de la negociación, el cual se encuentra a su vez controlado por el clan Ponce – Pinochet.

Esto se encuentra ratificado por la respuesta a un oficio enviado por la CMF a la Cámara de Diputados a instancia del Diputado Cristian Tapia, al señalar que  “ la operación no implicaría una enajenación de activos de SQM Salar ni de acciones por parte de SQM, lo anterior, en atención a que no hay título translaticio de dominio ni modo de adquirir sobre el activo de la filial o las acciones de SQM Salar. Por lo tanto, la operación no correspondería a materias que deben ser conocidas por la junta de accionistas de SQM…”

ACUERDOS VIGENTES

Chile tiene firmado con China un TLC desde el 2025 y que  entró en vigor en octubre del 2006 y que da protecciones a la inversión extranjera. En ese tratado, una de las características importantes del TLC entre Chile y China para el caso en cuestión, es la inclusión de disposiciones relacionadas con el arbitraje de inversiones.

Estas disposiciones permiten a los inversionistas chinos recurrir a mecanismos de solución de controversias internacionales, como el CIADI, en caso de disputas con el gobierno chileno que no pueden resolverse a nivel nacional.

Un inversionista extranjero puede presentar una reclamación contra Chile ante el CIADI en las siguientes circunstancias:

Incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversión (TBI): Si Chile ha suscrito un Tratado Bilateral de Inversión con el país de origen del inversionista extranjero y se produce un supuesto incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho tratado, el inversionista puede recurrir al CIADI.

Violación de Protecciones Legales Internacionales: Si el inversionista extranjero alega que Chile ha violado las protecciones otorgadas por el derecho internacional, como el trato justo y equitativo, la expropiación sin compensación adecuada, o la discriminación injusta, puede iniciar un procedimiento ante el CIADI.

Disputas Contractuales: Si la disputa surge de un contrato específico entre el inversionista extranjero y el gobierno chileno, y dicho contrato incluye una cláusula de arbitraje que hace referencia al CIADI como foro de resolución de disputas, el inversionista puede presentar una reclamación ante este tribunal.

CONTROVERSIA

El acuerdo entre SQM-Codelco podría llevar a Chile a un Tribunal Internacional por negociación poco transparente que vulnera al inversionista extranjero de China, Tianqi.

«Es indispensable que el acuerdo que se alcance entre SQM y Codelco sea aprobado por los accionistas» , se ha señalado desde Tianqi.

Por su parte SQM, citó a una junta para el 24 de abril, pero no accedió a someter a votación el negocio, como pidió la empresa china.

Un inversionista extranjero con todas la de la ley, está siendo privado de participar de un acuerdo central para el futuro de la compañía y se ve limitado a solo conocer lo que el directorio de SQM quiere informarle. Y esto sin perjuicio de que se excluye también a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales tienen millones de dólares de propiedad de los trabajadores puestos en SQM.

El Estado de Chile que es parte clave de la negociación, por medio de Codelco y Máximo Pacheco,  pese a la evidencia de falta de transparencia con la que se ha llevado adelante el acuerdo, sigue sentado en la mesa con SQM y ha anunciado que buscará cerrar el acuerdo antes del 31 de mayo de 2024, lo que deja en una posición de cómplice al Estado de Chile y por tanto de riesgo de una demanda internacional.

El Ciudadano