El costo político para el gobierno del acuerdo SQM Codelco

La negociación, cuyo acuerdo fue anunciado para esta semana, que mantendría a SQM explotando litio en el Salar de Atacama hasta 2060 no sólo es lesivo para el tesoro público, sino que también va en contra de la legitimidad ética en los negocios. Analistas de diversos sectores coinciden en que la renovación del contrato a Julio Ponce Lerou es un premio a la corrupción en política.

El costo político para el gobierno del acuerdo SQM Codelco

Autor: Mauricio Becerra

El próximo 31 de mayo de 2024 expira es el plazo para firmar el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Codelco y SQM, que ampliaría hasta 2060 la participación de la empresa de los nietos del dictador Pinochet en la explotación del Salar de Atacama.

La fecha fue fijada ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) tras varias dilaciones, las que dan cuenta de que los costos económicos para el patrimonio público y los costos políticos para el gobierno no fueron pensados.

Lanzado con bombos y platillos a comienzos de 2023, una primera fecha de la firma del Mou planificada para diciembre de ese año fue pospuesta hasta marzo del 2024 y, llegada esa fecha, vuelta a posponer. En el camino han salido críticas de los más variados sectores, incluyendo periodistas de medios masivos, consultores de transnacionales, especialistas en transparencia pública y, sobretodo, investigadores en minería que acusan un severo daño al patrimonio fiscal al renovar la concesión a SQM por otros 30 años más.

El contrato vigente firmado entre Corfo y SQM, firmado en 2018, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. Luego de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.

Es decir, se tenían seis años para preparar a Codelco o Enami para explotar el salar, sin necesidad de mantener a la empresa obtenida con triquiñuelas por el ex-yerno del dictador Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien además es reconocido en los ambientes bursátiles mundiales por sus prácticas de corrupción.

Pero en vez de preparar una empresa pública para hacerse cargo de la explotación de litio y potasio en el Salar de Atacama, la estrategia levantada por el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ha sido tirar un salvavidas a los negocios de Ponce Lerou, quien ya próximo a cumplir los ochenta años, está comenzando a entregar la gestión del negocio a sus hijos, es decir, a los nietos del dictador.

Fue la principal foto de la reciente junta anual de accionistas de las cinco sociedades a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM, a fines de abril pasado, cuando colocó a sus hijos Francisca, Alejandro Augusto y Daniela en los directorios de Pampa Calichera, Nitratos de Chile, Potasios de Chile, Norte Grande y Oro Blanco. Con los nuevos integrantes del directorio, el conglomerado dejará de ser reconocido como la empresa de Ponce Lerou, pasando a llamarse los Ponce Pinochet.

El litio para los nietos de Pinochet

El Mou presentado establece la conformación de la Minera Tarar para la explotación en conjunto entre Codelco y SQM del acuífero al interior de Antofagasta. En la letra chica del acuerdo -que funcionarios de la actual administración difundieron como algo ‘histórico’- se establece que la propiedad, constituida por un total de 100 millones de acciones, sería repartida entre un 50,01% accionario para la estatal, en tanto que SQM quedaría con el 49,99%.

Sin embargo, los continuos cambios de fecha dan cuenta que las negociaciones no van del todo bien, pese a mantener su opacidad. También los llamados a exponer en varias ocasiones por parte de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados a los ministros de Minería, Aurora Williams; y de Economía, Nicolás Grau; además de Pacheco, dan cuenta de que hay tantas dudas como suspicacias. Uno de sus integrantes, el diputado Cristian Tapia, comentó con El Ciudadano que “yo no entiendo cómo se puede adelantar tanto, si aún faltan 6 años para que termine el acuerdo entre SQM y Corfo“.

También el diputado está molesto porque en medio de las críticas al pre-acuerdo, SQM amenazó con retirar todas sus instalaciones el año 2028, paralizando la producción de litio. “Considero que es algo insólito que este tipo de chantaje haya sido considerado por Codelco”- comentó.

PAGOS A LARGO PLAZO

En 2017 Ponce Lerou fue sancionado por el Departamento de Justicia y la Security and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, debiendo pagar 30 millones de dólares al haber violado la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), debido a los “pagos indebidos”, estimados por la justicia norteamericana en US$14,7 millones, y que fueron entregados a varios partidos políticos chilenos durante al menos un período de siete años.

SQM entregó $57 millones al PPD mientras la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, presidía dicha colectividad, entre los años 2011 y 2012, previa a su candidatura a alcaldesa de Santiago. También Tohá sostuvo reuniones en la sede de SQM en Santiago con el gerente de la época, Patricio Contesse, y visitó en más de una oportunidad las faenas de la minera de Ponce Lerou en el Salar de Atacama.

En un programa radial en que fue consultada respecto de las temáticas de dichos encuentros, Tohá dijo que se realizaron “para hablar de los temas que son de competencia política, que estaban en la agenda en ese momento, que tiene que ver con la temática minera y el debate que tenía el país y el punto de vista que tenía el PPD en particular, en relación con Soquimich y su concesión”.

Es decir, el principal interés de Contesse, brazo derecho de Ponce Lerou, en financiar irregularmente desde la UDI por la derecha hasta el Partido Socialista, por la izquierda, era con el objetivo de mantener las concesiones mineras de SQM.

Y, según se desprende de los interrogatorios y los correos revisados en el curso del proceso por financiamiento irregular de la política, Tohá llevó a SQM al PPD y fue la base económica de su campaña municipal, algo que pese a la evidencia en su contra, siempre la política ha negado.

Años después, consultada en un programa radial, Tohá diría que “ningún político chileno ignoraba que nuestro sistema de financiamiento descansa en el financiamiento de las empresas”.

UN PREMIO GORDO A LA CORRUPCIÓN EN POLÍTICA

En lo que coinciden analistas de diversas perspectivas políticas es que sellar un acuerdo con SQM presenta un severo dilema ético al gobierno y legitima la corrupción en la política.

Las críticas se comenzaron a sentir una vez conocido el borrador del Mou. El periodista Daniel Matamala dedicó su columna semanal en La Tercera de fin de 2023 para impugnar el acuerdo. Tras un rápido repaso a la forma ‘trucha’ como se hizo Ponce Lerou de SQM, el pago a todo el espectro político y como se quedó con el dinero de los accionistas menores en el Caso Cascadas, Matamala concluyó que en Chile “Ponce siempre gana”

“Ponce se convierte en el Rey Perpetuo del Litio, hasta que cumpla 115 años de edad, blanqueado por el único sector político que le faltaba: el Frente Amplio que antes lo denunciaba como ícono de la corruptela entre política y negocios”- sentenció el periodista.

Las criticas provienen incluso desde la propia industria minera. Jorge Riesco, director de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien reclamó por la ausencia de una licitación. “El país necesita una explicación de por qué el Gobierno le dio a Codelco ese derecho a negociar y no licitó, y si estamos dejando plata en la mesa”- argumentó el representante gremial.

De una forma más oblicua, pero sin dejar de poner atención en lo opaco de la negociación, el abogado Marcelo Drago, ex-presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, comentó respecto del Mou que se requería hacer “una reevaluación de los plazos y procedimientos adoptados hasta ahora, con el fin de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en una decisión estatal de esta envergadura”, argumentando que dicho acuerdo “no debería comprometer el indispensable escrutinio público y la transparencia”.

Ante el apuro que Pacheco le ha imprimido a la negociación, Drago llamó al gobierno a tomar un paso atrás para “asegurar que el acuerdo se construya sobre bases sólidas y legítimas”.

Posteriormente, cuando trascendió que los delegados de Ponce Lerou en el directorio de SQM no dieron curso a la petición del segundo accionista mayoritario de conocer los pormenores del acuerdo, Drago comentó que producía el efecto “cortina de opacidad”. Comentó que la negociación entre Codelco y SQM “se encuentra en un momento crítico, no solo por su importancia económica y estratégica para Chile, sino también por los fundados cuestionamientos que ha generado respecto a la transparencia del proceso”.

Advirtiendo que el acuerdo podría desencadenar una crisis de confianza, Drago preguntó: “¿El gobierno es consciente de las implicancias de seguir adelante con un acuerdo que, en su estado actual, parece ignorar los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas, aun cuando los controladores de su contraparte han sido seriamente cuestionados por problemas de falta de transparencia en el pasado?“.

El historial de irregularidades tributarias y ambientales de SQM

Coincide también en que la firma del acuerdo acabará por consolidar la corrupción en política el Historiador y doctor en Ciencia Política, Juan Gómez Leyton, quien llamó la atención respecto de que para el Ejecutivo “no ha habido cuestionamiento ético al convenio, lo que da cuenta de un problema ético de fondo. Ponce Lerou representa los elementos ordenadores de la sociedad neoliberal y su forma de moverse ha sido ordenador de la sociedad chilena y, de esta forma, principios corruptos devienen en instituciones corruptas. Todo eso se está aceptando”.

No considerar estos aspectos éticos no sólo es impresentable ante la ciudadanía, sino que también ante los mercados globales, cuyos protocolos formales de buenas prácticas en minería están lejos del historial de SQM. Así lo comenta José Cabello Lechuga, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), quien se desempeñó en BHP Billiton entre 1980 y 2003, llegando a ocupar puestos de gerencia en nuevos negocios y estrategia minera.

“Suspendiendo los dilemas éticos -comenta Cabello- en mi experiencia de gerente si me hubiese tocado aplicar todos los conceptos de buenas prácticas que se aplican hoy en la industria minera, no hay razón alguna para firmar este acuerdo”.

El geólogo también resalta la ausencia de Corfo, quien representa al Estado como dueño de las pertenencias mineras del Salar de Atacama.

El traspaso del poder de negociar el contrato por el Salar de Atacama a Pacheco fue aprobado por el consejo de Corfo el 5 de Octubre de 2023. Dicha instancia es presidida por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y participa su par de Hacienda, Mario Marcel y el director de Corfo, José Miguel Benavente. El periodista Víctor Cofre comentó que tras pedir para Pulso a través de la Ley de Transparencia, las actas de dicha reunión, de las 43 páginas solicitadas, 33 fueron tarjadas. También comentó que la aprobación fue una orden del presidente Boric a sus ministros.

“Me llama la atención la ausencia de Corfo -llama la atención Cabello-. Ellos parece no manejar los protocolos internacionales porque raramente se acepta negociar con una empresa con el desprestigio de SQM. En la gran minería de todo el mundo, el concepto ético es importante. Eso es vital, acá ha habido poca participación externa, algo que contraviene los conceptos de Corfo, como dueño de las pertenencias, ellos indican que privilegian la participación ciudadana, cosa que acá no se dio”.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano


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