Una moción parlamentaria discutida el 24 de Julio pasado en el pleno de la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo anular el acuerdo entre Codelco y SQM -que de concretarse mantendrá a la familia Ponce Pinochet explotando el Salar de Atacama hasta el año 2060- y llamar a una licitación internacional. La iniciativa presentada por el diputado Cristián Tapia (Independiente PPD) provocó una inesperada votación en la que vimos a ultraderechistas votando contra los intereses de la familia Pinochet y a un amplio sector de la izquierda (comunistas, humanistas, frenteamplistas, ecologistas) aprobando entregar a SQM por otros 30 años más la explotación del litio del acuífero atacameño.
La solicitud para el Presidente de la República que pide dejar nulo el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM y definir la explotación del salar a través de una licitación internacional y no un trato directo, fue finalmente respaldada con 41 votos a favor, 15 en contra y 10 abstenciones.
Votaron a favor los parlamentarios republicanos presentes en la sala, como Johannes Kaiser y Catalina Del Real; así como también integrantes del pacto Demócratas y Amarillos, como Jorge Saffirio Espinoza y Rubén Oyarzo; o del Partido de la Gente, como Karen Medina.
En contra de la moción votaron diputados frenteamplistas como Gonzalo Winter, Maite Orsini y Claudia Mix; comunistas como Luís Cuello y Lorena Pizarro y Tomás Hirsch (Acción Humanista), entre otros.
La votación da cuenta de las contradicciones de la coalición de gobierno en políticas de minería y la gestión del litio, aprobando importantes figuras del oficialismo mantener el contrato con SQM, es decir, con la familia Pinochet.
La diputada Marcela Riquelme (FA) argumentó su voto a favor del acuerdo con SQM diciendo que “Chile ha perdido diversas oportunidades, por ejemplo, con el salitre y el cobre (…) Por ello, si bien el acuerdo no es perfecto, se acerca mucho a lo que soñé como dice Milanés. Esta es una oportunidad de meterse hoy en el negocio del litio o vamos a seguir mirándonos las caras”.
En la misma votación la derecha se aseguró de promover otra moción que considera la complementariedad público-privada en la explotación minera.
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UNA FALLIDA POLÍTICA MINERA
El acuerdo entre la empresa de Ponce Lerou y la cuprífera estatal es un eslabón más de una política minera diseñada por el Consejo Minero y el think tank Cesco, que desde la campaña comenzaron a operar en el diseño de dichas políticas.
Fue clave el rol del ex-subsecretario de Minería, Willy Kracht, quien se sumó en el último año de la campaña al comando del presidente Gabriel Boric, presentándose como ‘experto’ en minería al ser docente de Ingeniería en Minas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Dada la natural sobrevaloración en el comando del actual presidente a dichos tecnócratas y la ausencia de una discusión de fondo sobre políticas mineras, Kracht y sus asesores rápidamente tomaron el control de la definición de las políticas del sector.
Quedaron fuera así como objetivos de gobierno la recuperación de la capacidad de fundición en Chile, así como también el valorizar los metales estratégicos y raros, recuperar la explotación del litio por empresas públicas y la inversión en tecnología para producir minerales sin efectos contaminantes en el medio ambiente.
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Una vez en el gobierno, dichos operadores se enfocaron en cerrar las fundiciones estatales, promover la ‘complementariedad público-privada’, que es el eufemismo para mantener en inacción las empresas mineras estatales, acusar falta de financiamiento y comenzar a vender minas y proyectos a las grandes compañías mineras.
En Codelco tuvieron de aliado a Máximo Pacheco, nombrado por Boric como presidente del directorio de la estatal, quien se afanó en promover un acuerdo con SQM para prolongar la presencia de la empresa de la familia Pinochet en la explotación del Salar de Atacama.
El acuerdo fue suscrito el 31 de mayo de 2024 tras ser negociado durante más de un año tras bambalinas. Además de prolongar la presencia de SQM en el acuífero de Atacama, soluciona a la minera el problema del agotamiento de la cuota de extracción de carbonato de litio, establecida en el contrato de 2018 y que permitía sacar hasta 2.202.685 toneladas hasta el año 2030, límite que por la sobreexplotación que SQM ha hecho del salar, está pronto por cumplir. Con la polémica fusión, se ampliaría nuevamente la cuota de extracción del mineral, que pasaría de 165 mil toneladas anuales permitidas a 300 mil de manera automática.
El diputado Cristián Tapia, promotor de la moción parlamentaria, comentó con El Ciudadano que “el contrato termina con SQM el 31 de diciembre de 2030, o sea, el 1 de enero de 2031 toda la explotación del salar puede quedar en manos del Fisco, si éste así lo decide. Y eso significa que el cien por ciento de las utilidades quedarían en manos del Estado, pero el gobierno decidió otra cosa”.
También sopesa el escenario de una licitación abierta, considerando que “si se logra el Fisco podría recaudar en el momento de la firma de este contrato serían entre 10 mil a 12 mil millones de dólares”.
Por su parte, José Cabello Lechuga, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), a partir de su experiencia en BHP Billiton entre 1980 y 2003, ocupando cargos de gerencia en nuevos negocios y estrategia minera, comentó con El Ciudadano que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, invita a alguien a participar y uno no cede más del 20 por ciento. Recordemos el mismo caso de SQM, cuando Tianqi pagó cuatro mil millones de dólares por el 20 por ciento de las acciones. Más que pagar por el precio de SQM estaba pagando por el litio. Me cu Dicha frase ha sido el eufemismo para mantener en manos de compañías transnacionales los recursos chilenos.esta entender así que Codelco entregue tanto a SQM en porcentaje de la propiedad cuando no lo necesita de socio”.
LAS CONTRADICCIONES DEL FRENTE AMPLIO Y EL PARTIDO COMUNISTA
Fuentes consultadas del entorno de los parlamentarios comunistas comentan que con todo el trajín que ha significado ser gobierno, en la bancada no tienen una decisión clara respecto de minería. “Te confieso que de los 11 diputados que tiene la bancada, no los oigo hablar de minería ni preocupados del tema minero, a veces se enteran por lo que dice la prensa. En el comité PC junto a independientes no hay nadie experto”- nos cuenta.
Hubo dos votos comunistas tanto de abstención como para rechazar la moción presentada por el diputado Tapia contra el acuerdo entre Codelco y SQM. Los votos a favor fueron de Lorena Pizarro y Luis Cuello, quien es jefe de bancada. Las abstenciones fueron de Nathalie Castillo y Matías Ramírez. Dicha votación fue para parearse, para que así la bancada no se vea contra el gobierno, nos comentó una fuente al interior del Partido Comunista.
Consultamos al diputado Matías Ramírez, quien aseguró que hay una comisión de minería funcionando en el partido a cargo de hacer insumos y análisis. Respecto de la ausencia de una política minera clara y la pérdida de tres años para corregir el rumbo de desindustrialización promovida por Cesco y el Consejo Minero, reconoció que “efectivamente no hay una política minera que se haya adoptado en este gobierno. Eso se refleja en las discusiones sobre refinerías o en el tema del royalty, en donde hay menos ingreso sin mayor discusión sobre lo que están pagando”.
Ramírez reconoce que se ha promovido entre los parlamentarios oficialistas que el acuerdo con SQM permitirá tener mayor liquidez al Ejecutivo. “La posición de un sector mayoritario de la bancada es no ir en contra del gobierno”- nos cuenta.
Su abstención la explica diciendo que “no me iba cuadrar con los republicanos. Ellos están en contra del acuerdo, pero también están en contra de una política estatal de minería. Acá solamente se han cuadrado ante la posición del gobierno y no hay discusión mayor. No te puedo decir que se ha generado un diálogo entre el partido y el Frente Amplio respecto al tema minero”.
De igual modo reconoce que en el conglomerado “definitivamente hay falta de interés y seriedad, además de que los personajes que toman las decisiones están vinculados a la gran industria de la minería. No sé si es falta de interés o por problemas de la contingencia que nos atrapa o no le damos la importancia”.
El diputado comunista de igual forma aclara que “desde que se lanzó este acuerdo he sido bastante crítico como se llegó al mismo. Existen antecedentes suficientes de como SQM en los últimos 15 años ha corrompido la política. Recordemos que aún se mantiene el juicio oral por los contratos promovidos por el primero senador y luego ministro, Pablo Longueira, quien cuando se discutía la reforma de impuestos mineros, SQM le mandó una indicación para mantener invariabilidad tributaria, la que funcionan hasta el próximo año. Estamos ante el absurdo de que esas personas sean condenadas legalmente y el gobierno al mismo tiempo aparece firmando contratos con esas empresas”.
“Eso se enmarca en situación de impunidad que en nuestro país se ha vuelto costumbre”- destaca el parlamentario.
También consultamos al diputado del Partido Ecologista, Félix González, quien argumentó que votó en contra de la moción debido a que “los acuerdos de resolución como no tienen poder vinculante, son declarativos. A veces tienen bonito texto, no es lo más relevante del poder legislativo y creo que el presidente no los lee. Se usan muchas veces para hacer puntos políticos”.
MAYOR DESCONFIANZA EN EL SENADO
Donde si hay suspicacias respecto de SQM es en el Senado. En marzo pasado, el senador Pedro Araya en una de las tantas citas al Congreso de Máximo Pacheco, lo interpeló a entregar públicamente los beneficios que este acuerdo tiene para Codelco. “Sigo pensando que este acuerdo es beneficioso para SQM, y que no beneficiará como corresponde al Estado de Chile. Por eso, seguimos esperando una serie de explicaciones por parte de Máximo Pacheco respecto de los efectivos alcances que va a tener este acuerdo: Cuál es la ganancia para nuestro país de que Codelco pacte con SQM”- planteó el parlamentario.
A diferencia de los diputados del Frente Amplio, en sectores de la ex-concertación han sido más críticos con el acuerdo Codelco-SQM. El senador Alfonso de Urresti (PS) dijo recientemente que “me parece impresentable que los nietos de Pinochet o los hijos de Ponce Lerou puedan estar en el directorio”.
Por su parte, el senador Esteban Velásquez (FRV) considera que dicho trato es un “un error político histórico”. En entrevista a Radio Universidad de Chile sostuvo que “hay un sector probablemente de la antigua Concertación de aquellos que tuvieron vínculos con empresas como SQM y me da la impresión de que hay algunos que tienen deudas con este personaje y hoy día está cobrando. Estas cuestiones no son gratis, casualidades”.
El diputado Cristian Tapia lamenta la postura que ha tenido el Ejecutivo de jugárselas por el acuerdo. Opina que “es un tremendo problema. Creo que el gobierno se ha cerrado mucho, no ha escuchado. En la Comisión de Minería y Energía hemos pedido la posibilidad de conversar con el presidente Boric, lo cual hasta la oportunidad no ha sido posible. Hemos conversado con la ministra de Minería, el presidente de Codelco y de Enami, pero sólo escuchan y no atienden la demanda y lo que nosotros podemos también aportar. Si nosotros también tenemos experiencia en el mundo minero”.
Tapia también destaca el cierre de fundiciones durante la actual administración. Además de la clausura de Ventanas, el ex-subsecretario Kracht pergeñó un informe que calculaba que en 25 años la inversión en renovar la fundición Hernán Videla Lira (Paipote) no resultaba rentable, dando así un supuesto argumento técnico para evitar su remodelación.
“Acá se cierran fundiciones. En estos momentos Chile exporta unas 12 millones de toneladas de concentrados. Con el cierre de la Fundición Hernán Videla Lira se van a sumar 350 mil toneladas más que se fundirán en el extranjero. Estamos perdiendo capacidad de fundición y no vamos donde queremos, cada vez más nos alejamos de la industrialización, considerando que tenemos litio, cobre, hierro y no somos capaces de fabricar un auto. En la medida que sólo entregamos concentrados para el extranjero este país va a ir peor económicamente”- comenta el diputado Tapia.
Durante esta semana el vicepresidente de Enami, Iván Mlynarz, anunció que la remodelación de Paipote requiere respaldo del Estado, así como un socio privado. «Ofrecemos una fundición de tamaño interesante para América del Sur, con opción de suministrar cobre refinado a México, Brasil y a otros»- sostuvo a un medio económico.
La complementariedad público-privada nuevamente se comerá un pedazo de una importante empresa estatal.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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