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Las dudas aún no aclaradas del pre-acuerdo entre Codelco y SQM

Al igual como fue pergeñado tras bambalinas, hay hermetismo respecto del pre-acuerdo entre Codelco y SQM para hacer una sociedad conjunta para la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060. Si bien la estrategia mediática ha sido mostrar a Julio Ponce Lerou distante del acuerdo, en los actuales términos que benefician a su minera aparecen sus dotes negociadoras. En caso de entrar más recursos al fisco, estos serán para el año en que Boric deja el gobierno.

Las dudas aún no aclaradas del pre-acuerdo entre Codelco y SQM

Autor: Mauricio Becerra
12/02/2024

Sigue rondando el silencio en las altas esferas de decisión respecto del pre-acuerdo entre Codelco y SQM, el que en caso de concretarse perpetuaría hasta el año 2060 la explotación del litio y otros nitratos en las manos del ex-yerno y los nietos de Pinochet. Si bien, tras el anuncio hecho en los últimos días del 2023, autoridades de gobierno y, en particular, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, han salido en su defensa, en estos días hay un hermético silencio respecto de su concreción.

Y cuando hay silencio es que están operando soterradamente los actores interesados.

Como hábil negociador, Julio Ponce -principal controlador de SQM, cuya propiedad comparte con la china Tianqi y otros accionistas menores- fue capaz de percibir la urgente necesidad de recursos en el actual gobierno y el mal pie en que está Codelco, lo que le abrió una oportunidad única que ha sabido aprovechar.

El actual contrato que le permite la explotación de litio, yodo y potasio en el Salar de Atacama fue firmado en enero de 2018 entre Corfo y SQM, estipulándose que además del arriendo de las pertenencias mineras al ente estatal, debe entregar el 40% de las ganancias al tesoro público. El acuerdo tiene fecha de vencimiento en 2030, cuando SQM debe devolver la explotación y la capacidad industrial instalada.

Con esa fecha encima, Ponce a través del control que tiene del aparato interno y estratégico de SQM, supo ofrecer al gobierno de Boric, alicaído en finanzas públicas, adelantar el fin de la concesión y compartir la explotación del Salar de Atacama con Codelco a partir del año 2025, es decir seis años antes de tener que devolver las pertenencias mineras a Corfo. A cambio consiguió ampliar su permanencia en el negocio del litio, potasio y yodo durante tres décadas más.

El polémico pre-acuerdo también conlleva una nueva ampliación de las cuotas de extracción del mineral, según dio cuenta El Ciudadano. Fuentes de la industria saben que al ritmo de explotación actual SQM estaría agotando antes del 2030 el límite máximo de explotación permitida, que son 165 mil toneladas anuales. De concretarse el contrato, se estipula que Corfo permitiría ahora la explotación de 300 mil ton.

UN ACTOR TRAS BAMBALINAS

En su trayectoria Ponce sabe cuando aparecer o cuando quedar tras bambalinas. Supo dar un paso al costado en el directorio de SQM luego de conocerse cómo había financiado a la política chilena en las últimas décadas.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía antes de ser paralizadas, llegaron a calcular que SQM habría invertido a lo menos 7.000 millones de pesos en campañas políticas.

Del mismo modo, con 78 años cumplidos en noviembre de 2023, Ponce ha ido preparando su sucesión, entrenando a los cuatro hijos que tuvo con María Verónica Pinochet, en cargos dentro de los directorios de sus sociedades cascadas. Y entre ellos destaca Francisca Ponce Pinochet, quien ha asumido puestos claves en la administración de los negocios de su padre. Desde 2021 es gerente general de Inversiones SQYA, una de la compleja red de sociedades cascadas a través de la cual controla Pampa Calichera.

Si bien la estrategia mediática ha sido resaltar que Ponce está dedicado a los caballos, los viajes y los negocios, para así no empañar el acuerdo que le entregaría el salar hasta el año 2060, desde su salida del directorio de SQM, ha mantenido a su hermano Eugenio Ponce como asesor del gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

Quienes lo conocen saben que Ponce no abandona los buenos negocios fácilmente. En un perfil dedicado a su hijo Alejandro Ponce Pinochet, uno de sus cercanos comentó que “al igual que su padre, es difícil tratar en temas de negocios y lograr que ceda terreno”.

QUÉ DICE EL ACUERDO DEL 50,01%

En vez de aprovecharse los cinco años que quedan para preparar a empresas públicas, como Enami o Codelco, para hacerse cargo de la explotación de mismo salar, el presidente del directorio de Codelco prefirió suscribir un principio de acuerdo (Mou) que ampliaría la participación de SQM en la explotación del acuífero hasta el año 2060, en propiedad compartida con la estatal cuprífera.

En caso de concretarse, la explotación compartida del salar se haría a través de la Minera Tarar, una filial recientemente creada por Codelco. Es una sociedad en que la cuprífera tendría el 50,01% accionario; en tanto que SQM sería dueña del 49,99% restante.

Respecto de las pertenencias mineras actualmente en arriendo y que SQM esta obligada a devolver, la Letra C del Mou contempla que Corfo es dueña, entre otras, de un conjunto de 28.054 pertenencias mineras denominadas OMA, de las cuales “los Contratos CORFO-SQM otorgan a SQM Salar el derecho a explotar 16.384 de las Pertenencias OMA hasta el 31 de diciembre de 2030”

En términos porcentuales equivale al 58,4% para SQM.

La empresa operaría a partir del 1 de enero de 2025, estableciendo el Mou dos períodos:

El primero, entre 2025 y 2030, en que el control ejecutivo quedaría en manos de SQM, y -pese a tener mayor participación accionaria- Codelco tendría un límite de producción de litio anual de 33 mil toneladas, en tanto que SQM quedó con 130 mil ton. De esta forma, la estatal accedería a tener apenas un 20% de las utilidades de la explotación.

El segundo período, sería entre 2031 y 2060, en la que Codelco pasaría a controlar el directorio de Minera Tarar, dividiéndose las utilidades de acuerdo a la participación accionaria.

Según cálculos del abogado Mauricio Daza, en la práctica SQM, entre los años 2025 y 2030, apenas entrega las 200 mil ton. que hoy tiene derecho a explotar, que equivale al 20% de las ganancias.Luego calcula que el aumento de cuota a 300 mil ton. en dicho período de tiempo, al establecer un límite a Codelco, le permite a la estatal apenas tener un 23% (equivalente a 68 mil ton.); en tanto que deja un 77% para SQM, equivalente a 232 mil ton.

Consultado por El Ciudadano, Daza comentó que “la sociedad que formarían repartirá utilidades entre los dueños pactadas así: un 20% para Codelco y el 80% para SQM hasta 2030. la característica de este contrato es que no tendrán repartición de utilidades permanente. Lo único nuevo que recibirá el Estado distinto al actual, serán utilidades por la explotación de 201 ton. de litio entre 2025 y 2030. Se calcula que esto tiene un valor económico de 1500 millones de dólares”.

Del mismo modo, como SQM tiene hoy permiso para explotar 201 ton., el aumento de cuota es 31 mil ton. más.

EL ACTUAL CONTRATO CORFO-SQM

El contrato vigente entregó a SQM en arriendo de explotación 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, estableció una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias derivadas de la explotación del salar.

También define que SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento, así como también la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama el año 2030.

El año 2022 fue un récord de ganancias para SQM, cuando el precio del litio llegó a un valor de US$ 50.000 por ton.

SQM informó utilidades netas del año 2022 de US$ 3.906,3 millones, debiendo entregar al tesoro público la cifra de US$ 5.000 millones.

Según estimaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), hasta septiembre de 2023, los ingresos por litio para SQM eran de US$ 4.388,7 millones, aportando a las arcas fiscales una cifra a esa fecha de US$ 2.400 millones.

Una de las dudas es si el nuevo protocolo que se pretende firmar en marzo de 2024, mantendrá dicha cláusula que ha reportado beneficios al tesoro público.

Aún no hay una cifra exacta respecto de los ingresos que dejaría la explotación de litio para Chile. Sin embargo, varios medios económicos han destacado ganancias del borde de US$ 4.500 millones en los primeros seis años del acuerdo.

Las cifras exhibidas por el Diario Financiero citan “fuentes de la industria” y muestran un cálculo en demasiado optimista, al considerar un precio de venta de US$ 20.000 la tonelada.

Sin embargo, al dividir la cifra por los seis años, el cálculo señala que Codelco ganaría US$ 750 millones anuales.

Un cálculo posterior del mismo periódico subió la cifra a US$ 3.400 millones anuales a contar de 2031 de concretarse el pre-acuerdo, bajo la consideración de que la producción de SQM aumentaría a 300 mil ton.

El precio alcanzado por el litio en 2022 fue el fin de un ciclo al alza, declinando su precio el último trimestre del mismo año. Para el tercer trimestre de 2023 se cotizaba un 47% más bajo.

Un Informe de Banchile-Cit calcula que el precio del litio caerá en 2024 a US$ 17.000 la ton, haciendo caer con ello las acciones de SQM, que fueron al alza después de conocerse el pre-acuerdo con Codelco, estimándose una baja en el precio de la acción de la compañía de US$ 83 a US$ 79, según informó La Segunda (9 enero 2024).

Los ciclos de alta y baja en la cotización de un mineral dependen de sobremanera de la oferta disponible en los mercados de divisas. Bien lo saben los productores de petróleo y, como se mostró, la entrada en el negocio del litio de SQM implicó la baja en el precio de la tonelada de litio, valorizado en US$ 3.500 a mediados de los ‘90, para descender a los US$ 1.600 la década siguiente. El aumento de la producción de 180 mil a 300 mil toneladas anuales que tiene contemplado el pre-acuerdo podría incidir en bajar el precio del metal blanco como cuando entró SQM al mercado.

En caso de que se cumpla lo cronometrado, la explotación del salar a cargo de Minera Tarar comenzaría el 1 de enero de 2025, por lo que los nuevos recursos que calcula conseguir el gobierno de Boric, recién entrarían en el presupuesto del año en que termina su administración. En la práctica serían apenas tres meses.

Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano


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