Pese a la intensa campaña mediática los promotores del acuerdo SQM-Codelco para explotar en conjunto el Salar de Atacama aún no pueden cantar victoria. A su puesta en debate como tema importante de la próxima campaña presidencial por parte de dos candidatas, en la reciente sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, que revisa los contratos de Codelco para la explotación del acuífero atacameño y el de Maricunga, el abogado Andrés Fuchs advirtió que la Fiscalía Nacional Económica aún no ha dado su parecer sobre el contrato off take de potasio.
Se trata de una cláusula que contempla el acuerdo entre SQM y Codelco, que obliga a la cuprífera estatal a vender el 100 por ciento de los productos de potasio a la empresa de Julio Ponce Lerou. En un contrato off take se pacta un compromiso de venta suficiente a un largo plazo y precio fijo.
La Comisión Investigadora revisa los contratos de Codelco con SQM y la compra de un proyecto fantasma en el Salar de Maricunga, que despierta el rechazo de las comunidades locales. La instancia fue promovida por el diputado Cristián Tapia (PPD-independientes), contando en diciembre del año pasado con un apoyo transversal de parlamentarios, incluyendo a oficialistas. En la sesión de este lunes 5 de Mayo de 2025 se convidó al abogado Andrés Fuchs y al asesor jurídico de la comunidad colla Paiote, Ariel León.
Durante la sesión, el diputado Miguel Ángel Calisto reclamó la ausencia de autoridades de gobierno en el encuentro sostenido en terreno por la comisión investigadora, realizado en Calama la semana pasada, lo calificó como un hecho grave. “Ni siquiera fue un director de servicio, el delegado presidencial, es una falta de respeto a las comunidades y la gente que estaba allí, además de al Congreso Nacional”- reclamó el parlamentario.
Andrés Fuchs, es abogado con másters en Derecho por la Harvard Law School y otro en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, siendo actualmente socio de la firma FHM Abogados, dedicándose a los litigios regulatorios dada su experiencia anterior como asesor legal en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como abogado de la División Litigios (2010-2012).
En la presentación titulada ‘Sentido y alcance de la aprobación de la FNE al Joint Venture entre Codelco y SQM’, Fuchs se allanó a dar cuenta de la resolución de la instancia antimonopolios emitida el 23 de abril pasado.
Un Joint Venture es una alianza realizada entre empresas para llevar a cabo un proyecto de negocios en conjunto, como el acuerdo entre Codelco y SQM que a partir de este año reemplazaría el contrato vigente entre Corfo y la empresa de Ponce Lerou firmado en 2018 y que vence en 2030, fecha en que se estipuló que SQM debe devolver las pertenencias mineras en el Salar de Atacama y la infraestructura industrial instalada al fisco. Con el nuevo acuerdo se amplia la participación de SQM en la explotación del acuífero hasta el año 2060.
La asociación en conjunto contempla dos etapas diferenciadas para su administración. Un primer período va entre 2025 y 2030 y será controlado por SQM, en tanto que un segundo período, que se extiende entre 2031 y 2060, el control lo ejercerá Codelco.
Pese a que se promueve el acuerdo como ya zanjado, el economista y abogado Julián Alcayaga en una sesión anterior de la misma comisión sostuvo que es inconstitucional. Argumenta que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional que no ha sido abolida. “El Estado es el que tiene las reservas sobre el litio, es un derecho constitucional en todos los yacimientos donde se encuentra”- sostuvo, por lo que el acuerdo Codelco SQM es inconstitucional. Se necesita una ley. Naturalmente siendo inconstitucional todos los chilenos tenemos derecho a hacer una demanda de nulidad”.
POSIBLE MONOPOLIO DEL POTASIO
Según detalló el abogado Fuchs, la operación aprobada por la FNE es el Joint Venture para explotar el salar en conjunto, no así con los contratos off takes que acompañan el acuerdo de venta de litio y potasio, los que no han sido aprobados por la instancia antimonopolios.
La FNE no está dando la aprobación a estos contratos, aclaró Fuchs, sino que en la resolución del 23 de abril “dice que estos contratos no son accesorios para el Joint Venture”. Argumentó que el contrato tiene una finalidad autónoma, por lo que el contrato off take de potasio no es un contrato accesorio. “Así la FNE no ha dado el visto bueno al off take de potasio. Ese visto bueno es dado al ver que no reduzcan sustancialmente la libre competencia y sobre el contrato off take de potasio la FNE determinó que sobre esta materia es necesario iniciar una investigación”.
Fuchs agregó ante los parlamentarios que “no ha habido un análisis acabado de la institucionalidad antimonopolios de todos los contratos celebrados entre SQM y Codelco. La FNE analiza esos contratos desde la perspectiva de la libre competencia, como este no es una fusión entre empresas sino una asociación ,no se requiere una autorización de la FNE. En lo particular los contratos relativos al potasio aún no han sido derivados, sino que los derivó a oficinas internas, para ver si vulneran las regulaciones antimonopolios”.
En su comunicado del 23 de Abril, la propia FNE dice que el pronunciamiento “tampoco alcanzó posibles restricciones verticales derivadas del contrato de opción preferente de compra (off take) de productos potásicos -mediante el cual SQM adquiriría el 100% de la producción de cloruro de potasio del joint venture-, considerando que el contrato no es accesorio a la creación de éste y a que la operación no genera un cambio significativo respecto de las condiciones de competencia en el mercado del cloruro de potasio”.
Luego se agregó que “atendiendo a las condiciones competitivas constatadas en la industria de fertilizantes potásicos, la División Antimonopolios de la FNE dio inicio a una investigación con miras a determinar la posible existencia de infracciones a la normativa de libre competencia en el mercado de productos potásicos en el país”.
La presentación de Fuchs también señaló que dada su constitución como instancia exclusivamente antimonopolios “las materias de interés para el país no son las mismas de interés para la FNE”. De esta forma dicha institución se dedicó a revisar el Joint Venture porque es materia de su competencia cuando hay un cambio en el control de un mercado, lo que ocurre en el acuerdo Codelco-SQM, ya que la estatal también plantea tener operaciones de explotación de litio en el Salar de Maricunga.
De este modo, según detalló Fuchs, “la FNE no tiene por mandato analizar la conveniencia de una operación, si es buena para las partes, o si existía un mejor acuerdo. Sólo analiza si reduce sustancialmente la competencia, por lo que no ve si hay falta de licitación pública, si acuerdo es bueno o malo para el Estado, si las medidas son justas o simétricas, tampoco las estructuras societarias o problemas tributarios. La FNE no se ha pronunciado sobre esto. La FNE sólo se expresa por temas de concentración. Es un tema de diseño institucional”.
A la comisión investigadora se suman varios problemas que amenazan seriamente la concreción del negocio para SQM. El más grave es la posible fractura del núcleo del Salar de Atacama, advertido por investigadores, las comunidades lickanantay próximas al salar y la minera Albemarle, que también extrae salmuera del acuífero. Otro tema interno de SQM es la demanda del segundo mayor accionista de la compañía, Tianqi, quienes exigen mayores espacios de participación en la dirección de la empresa.
La investigación sobre el mercado del potasio llevada a cabo por la FNE fue a instancias de una solicitud realizada en octubre del año pasado por gremios de agricultores, como Fedefruta y el Consorcio Agrícola del Sur. Un estudio encargado por la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach) detectó que si durante el año 2023, SQM exportó la tonelada de potasio a 353 dólares FOB; los agricultores chilenos pagaron 610 US FOB por la misma tonelada de potasio. Una diferencia de 257 dólares. Es decir, los productores chilenos pagan un precio mayor al precio de exportación del potasio.
El potasio es usado como fertilizante agrícola junto al nitrógeno y el fósforo en la clásica combinación NPK. Es considerado además un mineral estratégico para la producción agrícola, estando su importación en las primeras décadas del siglo XX fuera de impuestos en varios países, dada su importancia para la producción de alimentos.
SQM controla más del 90% del mercado del potasio en Chile en la actualidad. Hasta el año 2021, la venta del fertilizante y sus derivados fueron el principal ingreso de SQM. En 2023, el potasio representó el 12% de sus ventas, equivalentes a US$ 900 millones.
UNA USINA FANTASMA EN EL SALAR DE MARICUNGA
En la sesión de este lunes también participó el asesor jurídico de las comunidades Colla Paiote Ariel León, quienes rechazan el proyecto de explotación del Salar de Maricunga, ya que afecta sus territorios, en particular sus fuentes de agua río arriba en una zona desértica y sus espacios de veraneo.
El Salar de Maricunga está localizado al interior de Copiapó, entre las cordilleras de Claudio Gay y Domeyko a una altitud de 3760 metros y con una superficie de 145 km². Su parte sur está conectado a la Laguna Santa Rosa, sitio de conservación Ramsar y que integra el Parque Nacional Nevado Tres Cruces.
En dicho acuífero montañoso Codelco pretende desarrollar el proyecto Salar Blanco, para lo cual desembolso de 236 millones de dólares en marzo de 2024 pagadas a Lithium Power International Limited (LPI), pese a que no hay ningún activo físico instalado y cuyo valor transado anteriormente en la bolsa de valores de Sidney fue de US$116 millones.
Codelco defiende su inversión diciendo que se adquirieron pertenencias mineras que permiten la explotación de litio. Sin embargo, el abogado y economista, Julián Alcayaga, quien investigó el historial de las pertenencias mineras vendidas por LPI, destacó que éstas no dan derecho a explotar litio sino que eran de extracción de sal.
Ariel León detalló que estos mismos días estaba concluyendo el proceso de consulta indígena relacionado con dicho proyecto. Consultado por El Ciudadano comentó que “esta consulta indígena que ya terminó hoy fue bajo mucha presión. Las comunidades llegamos a acuerdo con el gobierno porque no queríamos aparecer votando en contra de decisiones del país, como la importancia de recursos para la investigación o dineros para la Gobernación regional”.
De igual modo, León detalló que “debiera haber habido consentimiento indígena, no consulta donde puedes llegar o no acuerdo. En el consentimiento es obligatorio el consentimiento de las comunidades, en tanto que con la consulta realizada no es necesario, como está ocurriendo”.
Una de las críticas que hace León a dicha negociación tiene que ver con el porcentaje de las ganancias que irán para la Región de Atacama, mostrando un cálculo que realizaron considerando a 10 mil dólares la tonelada de litio y con el 0,2% de las ventas destinadas para la Gobernación de Atacama, arrojaba una suma de $410 millones anuales para la región. Es decir 3,8 millones por cada comuna mensual, lo que alcanza para apenas el salario de un médico.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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