Columna de Eduardo Gutiérrez: La crisis de Piñera y su gobierno transforman al parlamento y a la CC en reales poderes alternativos

El reciente rechazo categórico del Tribunal Constitucional (TC) al requerimiento de Piñera, para dejar sin efecto el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, deja en el más absoluto aislamiento a su desgobierno. Al mismo tiempo pone los debates constitucionales a la orden del día, no solo para disolver el TC como un organismo anacrónico, verdadero tercer poder antidemocrático del Estado, sino también para resolver temas centrales en defensa de la vida, del medio ambiente y de un nuevo tipo de Estado y régimen político.

Pero esta crisis va más allá, puesto que al poner en cuestión el conjunto de la institucionalidad deja a la futura Convención Constitucional (CC) y al Congreso -paradojalmente hasta hace poco en total deslegitimación- como verdaderos poderes alternativos. No obstante, será en la futura Convención Constitucional que se elegirá el próximo 14 y 15 de mayo, donde la fuerza de los nuevos actores sociales venidos desde los territorios en lucha podrán expresar su radicalidad democrática. 

De esta forma, las banderas enarboladas tras la Rebelión Popular del 18 de octubre de 2019 deberán transformarse en opción mayoritaria: la autonomía y autodeterminación del Pueblo Nación Mapuche; el poner fin a las AFPs; la exigencia de que el agua y nuestros recursos mineros vuelvan a ser propiedad común de todos los y las chilenas; una educación feminista y anti patriarcal y la defensa del medio ambiente de los glaciares y los bosques nativos; poner término al Estado Subsidiario y optar por un régimen político con democracia directa.

                               Esto por cuanto, a pesar de su aislamiento, el régimen de Piñera se da maña para intentar poner a la orden del día cuestiones como la aprobación el TPP11, o la privatización de parte de Codelco (como algunos empresarios lo están planteando) o continuar beneficiando a las AFPs. 

La actual Constitución de Pinochet-Lagos mantuvo la propiedad del Estado de los recursos mineros, pero mediante el procedimiento de las concesiones regaló el cobre como materia prima (tal cual está establecido en el Código Minero) a los consorcios extranjeros y le entregó herramientas para que estos burlaran el pago de impuestos. Codelco, empresa en manos del Estado explota,-según datos del año 2019-, un millón y medio de toneladas anuales y las mineras privadas sobre los 4 millones. Esta sobre explotación (extractivismo) solo puede resolverse con devolver la propiedad a manos del Estado y de todos y todas las chilenas para limitar la sobre producción, y así aumentar el precio del metal rojo e impedir la sobre explotación de una materia prima NO renovable.

                               Tan escandalosa es esta situación como la ocurrida con el recurso natural imprescindible para la vida humana cual es el agua. La Constitución Pinochet-Lagos privatizó el agua, transformándola en una mercancía más, tal cual lo denuncian hoy día cínicamente los mismos personeros que la privatizaron.

                            Efectivamente, fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle que se terminó de privatizar la totalidad de ese bien esencial. Connotados personeros de la ex Concertación como Carlos Ominami, Guido Guirardi y Carlos Montes hicieron campaña y votaron favorablemente esas leyes anti patrióticas y anti vida humana.

                              Por otro lado, el senado aprobó una nueva ley de bosques nativos de dulce y de agraz donde por un lado establece mecanismos para la protección de los bosques nativos y por otro postula concesionar sus terrenos para emprendimientos relacionados con el turismo, es decir privatizar parte de ellos. En otras palabras puede declarar El Panul (reserva forestal de bosque nativo ubicado en la Comuna de La Florida de más de 500 hectáreas) como área protegida y al mismo tiempo concesionarla para empresas inmobiliarias.

                             En el día Mundial de la Tierra Piñera se da el lujo de aparecer como adalid defensor del medio ambiente y al mismo tiempo su gobierno se niega a firmar el tratado de Escarzú que establece estándares mínimos para el derecho del acceso a la información, participación y justicia medioambiental. Del mismo modo que se dio maña para torcer los acuerdos, que cínicamente firmó, para respetar el Convenio 169 de la OIT. El mismo que hace referencia a la obligación de los gobiernos de considerar la opinión y decisión de los pueblos originarios sobre sus territorios y la explotación de riquezas naturales.

                               Así las cosas. Las elecciones de mayo deberán darse en el marco de la denuncia permanente de los objetivos de los poderosos, de la permanente lucha en la calles y de continuar enarbolando las exigencias del mundo popular.