Caso Cascadas: La trama que olvido fiscalizar a la abandera de la UDI

Hoy por segunda vez la Comisión de Trabajo del Senado ha citado a declarar al Superintendente de Valores (SVS), Fernando Coloma y a la Superintendente de Pensiones (SP), Solange Bernstein, a fin de poder aclarar la oscura trama del caso cascadas, que invoucra al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

El superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, señaló este miércoles a parlamentarios de la Comisión del Trabajo del Senado que le consultaron por el monto que tendría invertido el Presidente Sebastián Piñera en su fideicomiso ciego y las sociedades en las que participaría a través de éste, respondiendo que no es función del organismo regulador analizar esta materia.

Coloma señaló que «El fideicomiso ciego es un contrato privado que no está regulado por ley y por lo tanto no nos corresponde verlo», añadiendo que el organismo encargado de analizar la declaración patrimonial del Presidente es la Contraloría General de la República.

El superintendente en cuestión realizó este miércoles su segunda exposición ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que lo citó para conocer las medidas que se están adoptando con el objeto de resguardar los fondos previsionales de los trabajadores, en el marco del caso cascadas. Fernando Coloma, hermano del dirigente de la UDI, Juan Antonio Coloma, defendió además la autonomía del la SVS para investigar este tipo de casos.

 Cabe señalar que el día 6 de septiembre, la SVS formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, al participar en un esquema para transar acciones entre 2009 y 2011, a precios fuera de mercado y limitando la competencia de los inversionistas.

Los abogados de Ponce Lerou, presidente de SQM, pidieron suspender el proceso hasta que la entidad no entregara una serie de antecedentes sobre presuntas operaciones del Presidente Sebastián Piñera, en 2008 y 2009, con acciones de Oro Blanco y Norte Grande, a través de las sociedades Bancard, Axxion e Inversiones Santa Cecilia.

Sin embargo la SVS desechó la petición así como la solicitud de inhabilitación del superintendente Fernando Coloma, presentada por la defensa de Julio Ponce.

El daño para los trabajadores y sus fondos de pensiones

La sesión de hoy solicitada por la Comisión de Trabajo del Senado se realizó en el Congreso Nacional, y se agrega al realizado la semana pasada, oportunidad en la que declaró la Superintendente de Pensiones, Solange Bernstein, entidad encargada de supervigilar los fondos de los trabajadores en las AFP. En aquella oportunidad, en sesión del Senado, la Superintendente de Pensiones, Solange Berstein, manifestó que no es posible calcular las eventuales pérdidas que podrían haber registrado los fondos de pensiones.

 Sin embargo de acuerdo al abogado querellante en el caso Cascadas, Mauricio Daza, las perdidas aproximadas cifran en 800 millones de dólares.

 Daza califica como “impresentable” el actuar que la Superintendencia de Pensiones ha tenido en el marco del caso Cascadas. “Han tratado de bajarle el perfil bajo la increíble afirmación de que aquí solamente habrían 800 millones de dólares de los cotizantes involucrados. Eso es una cifra enorme para aquellos que forman parte de ese dinero”, dice el abogado. Y agrega: “El caso La Polar provocó un tremendo daño a las personas afectadas directamente, sin embargo, comparado con el caso Cascada es una situación menor. Acá estamos hablando de sociedades vinculadas a SQM, que forma parte del Ipsa; estamos hablando de la corredora más importante del país, que es Larraín Vial, y estamos hablando del dueño de Larraín Vial, que es Leonidas Vial (principal accionista de Blanco y Negro y director de la Bolsa de Comercio de Santiago). Es una situación en la cual podría existir la tentación de decir vamos a aplicar sanciones, pero vamos a acotar este conflicto.

Respecto a la situación de que Fernando Coloma, Superintendente de Valores y Seguros (SVS) habría negado entregar la información al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia, pese al dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Mauricio Daza señala: “Tengo la convicción personal que esto se debe a que en un principio toda esta investigación se plantea con la finalidad de cursar multas y generar un resultado controlado que no afecte de manera profunda a los importantes actores del mercado de valores y al mismo mercado. Cuando este conflicto sale del ámbito de la SVS ya no está bajo su control. Ni la Superintendencia ni los agentes tienen la posibilidad de definir la conducta del Ministerio Público y los tribunales”.

Sobre la red de influencias que habría tejido Julio Ponce Lerou, dueño de SQM, el abogado Daza expresa que “esa es una hipótesis que tiene que ser investigada. Una muestra de aquello es constatar los nombres de las personas que él ha colocado sucesivamente en los directorios de empresas y sociedades que él controla. Ahí encontramos a ex ministros del gobierno de Pinochet como del gobierno de Bachelet, encontramos personeros de la Concertación como de la derecha.  Se puede observar que hay personas que no tienen mayor conocimiento del mercado de valores o de minería, sin embargo, están allí”.

Ahí está Cristián Leay, ex jefe de bancada de la UDI, que no es ninguna persona que tenga conocimiento de esas materias. Hernán Buchi, que es un economista, pero no creo que tenga conocimiento acerca de ámbitos de minería. En el caso de Alejandro Ferreiro es difícil creer que con el conocimiento que tiene respecto de cómo funciona el mercado de valores, no haya estado a lo menos en posición de conocer de este tipo de operaciones, sin embargo, hay distintos ámbitos de responsabilidades”.

Los fondos de pensiones de las AFP tenían invertidos en acciones de SQM, Norte Grande, Oro Blanco, Potasio y Pampa Calichera, además de bonos de SQM, un total de US$ 1.200 millones a diciembre de 2012. Al cierre de septiembre pasado, la cifra había caído a US$ 735 millones. El cálculo no incluye la inversión en Nitratos de Chile, donde las AFP participan desde junio pasado, fecha desde la cual han caído de US$ 31 millones a US$ 23 millones.

El factor principal de dicha baja fue la disminución en el precio de las acciones, una perdida derivada de los conflictos al interior de las cascadas y producto del impacto que tendrá en el negocio de SQM la estrepitosa caída del Cartel del Potasio, en Rusia, que lograba mantener precios artificialmente altos. Riesgo y exposición que nunca fue informado en las coloridas memorias de SQM y sus cascadas. Peligro de colusión y precios que tampoco fue advertido por las grandes corredoras de bolsa a sus clientes preferenciales. Pero esa, es otra oscura historia.

 Por, David Rubinstein

El Ciudadano