Defensores internacionales de DDHH critican a Gobierno y Congreso por huelga de hambre de presos mapuche

Tanto Amnistía Internacional como la Federación Internacional de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por cómo el Estado chileno se ha mostrado insensible ante la huelga de hambre que presos políticos mapuches mantienen desde el pasado 12 de julio

Tanto Amnistía Internacional como la Federación Internacional de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por cómo el Estado chileno se ha mostrado insensible ante la huelga de hambre que presos políticos mapuches mantienen desde el pasado 12 de julio. Ambos organismos solicitan la revisión de la Ley Antiterrorista y del Código de Justicia Militar debido a que contienen demasiadas y poco claras atribuciones, lo que las lleva a convertirse en instrumentos de represión de la protesta social. Asimismo plantean que es necesario terminar con la discriminación del estado hacia el pueblo mapuche y con la militarización de sus territorios ancestrales.

En la carta, firmada por el Secretario General Salil Shetty y fechada en Londres, se afirma que “es un momento importante de reflexión en el contexto de la situación actual con respecto a los reclamos de los pueblos indígenas en Chile, entre ellos los de algunas personas y grupos Mapuche, y una ocasión que exige al Gobierno tomar acciones de acuerdo a los compromisos de derechos humanos que ha asumido”. La organización no toma partido sobre la legitimidad o necesidad de la medida tomada por estos presos para hacer valer sus reclamos, ya que ésta es una decisión propia de ellos de acuerdo a su libertad de conciencia. El objetivo de Amnistía Internacional, con independencia de toda huelga de hambre, es poner fin a las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Chile la entrega de  información clara sobre las acciones que se están tomando para garantizar el acceso a la atención médica de los presos. En varias ocasiones anteriores,  la organización ha denunciado la alimentación forzada a personas en huelga de hambre ocurridas en otros países por constituir, bajos estas condiciones, un delito de tortura, trato inhumano y degradante.

En Chile, las personas  indígenas suelen ser doblemente discriminadas por la falta de garantías de un proceso justo en  tribunales del fuero militar y la aplicación de la ley antiterrorista. Esta situación ha llamado la atención de varias organizaciones de derechos humanos y Relatores de  las Naciones Unidas. Frente a esto, Amnistía Internacional recomienda la modificación de la Ley Antiterrorista a efectos de precisar la definición de los delitos incluidos en dicha ley. La posibilidad de permitir el anonimato de testigos en los juicios, viola directamente  la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional considera esencial que en todo proceso jurisdiccional se respete el principio de igualdad de condiciones y medios procesales, incluso cuando  se opta por el empleo de los denominados “testigos anónimos” o “sin rostro”. Así también, la organización hace hincapié en que dicha opción sólo se justifica  en circunstancias de especial gravedad o riesgo, y que no es razonable su empleo indiscriminado.

Preocupan las denuncias recibidas sobre la derivación de casos de civiles al fuero militar, vinculados a los reclamos en el contexto del conflicto  mapuche. Esto constituye una falta grave del Estado chileno, según se establece en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palamara Iribarne v. Chile en 2005. En la carta se señala la inquietud por el uso excesivo de la fuerza en las protestas de grupos mapuches, así como también durante las  investigaciones, procesos de detención y en los traslados de personas imputadas. La organización reconoce el deber del Estado de hacer frente a los actos delictivos y de mantener el orden público, pero enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales.

Por último, Amnistía Internacional reitera sus preocupaciones por la situación de pobreza y discriminación en la que viven  los pueblos indígenas en Chile hoy en día.  Acercándose al bicentenario, es fundamental que el nuevo Gobierno deba comprometerse con los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la OIT y concretar sus pasos hacia un diálogo y participación de los pueblos indígenas, en la sociedad chilena reconociendo su derecho a designar sus propias autoridades y formas de representación, concluye la carta.

Amnistía Internacional ha resumido su trabajo durante los últimos 18 años sobre temas indígenas en Chile en una hoja informativa que puede verse en: http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/amnist%C3%AD-internacional-y-los-derechos-de-los-pueblos-originarios-en-chile

SERIA PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN DE DETENIDOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE

26 Agosto 2010 – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y el Observatorio Ciudadano, llaman el Gobierno y al Congreso a pronunciarse sobre las demandas de los mapuche en huelga de hambre y manifiestan su preocupación por la evidente falta de voluntad de Chile de responder a estas demandas.

El pasado 12 de julio un grupo de comuneros mapuche iniciaron una huelga de hambre en los penales de Concepción y Temuco, a los que se han sumado otros comuneros en las cárceles de Angol, Lebu y Valdivia en el sur de Chile. En total 32 personas, de los cuales algunos completan 43 días de huelga de hambre líquida.

Entre las demandas que plantean al Estado se encuentran el término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran, el fin al procesamiento de algunos de ellos por la justicia militar, un juicio justo y la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos y territoriales.

La mayoría de quienes hoy están en huelga están formalizados en una investigación judicial y otros encausados por la ley antiterrorista. Un grupo de ellos presentan además un doble juicio, ya que por los mismos hechos tienen un proceso civil y otro en la justicia militar.

Para la Presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen, “La falta de respuesta, hasta la fecha, de las autoridades chilenas a las demandas de los Mapuche en huelga de hambre es muy preocupante, por el desprecio que significa para estas personas cuyas vidas se encuentran en peligro. Cabe recordar además que la aplicación casi exclusiva a la población mapuche de la ley antiterrorista en la última década, por delitos comunes, es una medida disproporcionada y discriminatoria. Y si bien hay hechos que pudieran constituir delitos, la opción del gobierno de avalar e incluso hacerse parte en juicios invocando esta ley expresa una manifiesta voluntad política de reprimir la protesta social de esta población mapuche por medios cuestionados, y que tienen serias implicancias legales y sociales”.

Para la FIDH la ley antiterrorista no garantiza adecuadamente el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos; al admitir la protección de testigos que la defensa no conoce; dando lugar a la existencia de testigos sin rostro en los procesos que se siguen en base a esta ley; al posibilitar la intercepción de las comunicaciones del imputado que ha incluído a sus abogados; y al impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. También ha sido cuestionada por establecer una elevada penalidad, la que duplica en varios casos a aquella establecida en la legislación ordinaria.

La aplicación de esta ley tiene también implicancias sociales ya que estigmatiza a una población ya vulnerable por sus condiciones de vida, y que se ve sometida a una permanente presencia y vigilancia de efectivos policiales en comunidades, que muchas veces se ha traducido en el uso desproporcionado de la fuerza en contra de sus integrantes. Esto ha generado graves impactos psicosociales en ellas, los que han sido reconocidos por instituciones del propio Estado y organismos como la Unicef para la situación de los niños.

La FIDH ha manifestado en otras ocasiones a las autoridades de Chile su preocupación por la vulneración de derechos que sufren las comunidades indígenas, en particular los miembros del pueblo mapuche en el Sur del país, que se han traducido por detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y muertes. El Estado ha recibido reiteradas recomendaciones de los órganos de tratados, de cumplimiento obligatorio para Chile, y del Relator Especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas que demuestran esta situación crítica de derechos humanos del pueblo mapuche. Es el caso de la recomendación del Comité contra la Tortura, que el estado de Chile debió responder en mayo pasado, una de las cuales insiste en limitar la competencia material y personal al Código de Justicia Militar, para investigar y sancionar acciones que involucren a civiles, que no ha sido respondida.

El estado de Chile no ha manifestado voluntad de intervenir en estas materias y así se puede interpretar de la tramitación en el Parlamento, donde la ley antiterrorista como el Código de Justicia Militar no han sido discutidos. También es preocupante la insistencia del Gobierno en aplicar la legislación antiterrorista para diversas materias comunes o por actos de protesta social, ampliando desproporcionadamente su concepto lo que deriva en abusos y en la vulneración de los derechos humanos.

La FIDH y sus organizaciones miembro en Chile, Codepu y el Observatorio, llaman al gobierno a:

1/ De forma inmediata,

* atender seriamente las demandas planteadas por los presos mapuche para facilitar que depongan su huelga de hambre:
* poner un término a la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran
* poner fin al procesamiento de algunos de ellos por la justicia militar
* asegurarles un juicio justo

2/ De forma general:

* reformar la ley antiterrorista, por violar el debido proceso, y asegurar que no sea aplicada por delitos comunes
* restringir la competencia de los tribunales militares, de forma que no puedan conocer causas contra civiles, y para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos recaigan en el foro civil
* desmilitarizar las tierras Mapuche
* respetar el Convenio N°169 de la OIT ratificado por Chile en septiembre de 2008
* de forma general, corresponder con sus compromisos internacionales, en particular cumplir con las recomendaciones formuladas por el Comité contra la tortura y el Relator especial sobre pueblos indígenas de la ONU.

Lista de los presos políticos mapuche en huelga de hambre al día 23 de agosto 2010

Complejo Penitenciario de Concepción “El Manzano” (Camino a Penco Nº 450)
1.- Luis Guillermo Menares Chanilao, Comunidad Nalcahue, Cholchol.
2.- José Santiago Huenuche Reiman, De Cañete.
3.- Jonathan Sady Huillical Mendez, De Labranza.
4.- Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman.
5.- Héctor Javier Llaitul Carillanca.
* El Lunes 12 de julio inician huelga de hambre líquida.

Centro de Detención Penitenciario (CDP) de Lebu (J.J. Pépez Nº 775)
6.- Carlos Andrés Muñoz Huenuman, Comunidad Venancio Ñeguei, Tirúa
7.- Eduardo César Painemil Peña, Comunidad Pascual Coña de Lleu Lleu, Cañete.
* Desde el jueves 29 de Julio se suman a la huelga de hambre líquida.
8. Juan Carlos Parra Leiva, Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.
* Desde el martes 10 de agosto se suma a la huelga de hambre líquida.

Centro de Detención Preventiva (CDP) de ANGOL (Los Confines S/N)
9.- Waikilaf Cadin Kalfunao, Comunidad Juan Paillalef, Cunco.
10.- Victor Adelino Llanquileo Pilquimán, Comunidad Esteban Yevilao, Tirúa.
* Ambos desde el miércoles 21 de julio se suman a la huelga de hambre líquida.
11.- Víctor Hugo Queipul Millanao, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.
12.- José Eugenio Queipul Huaiquil, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.
13.- Camilo Hipólito Tori Quillanao, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.
14.- Felipe Ricardo Huenchullan Cayul, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.
15.- Lorenzo Alex Curipan Levipan, Comunidad Mapuche Rankilko, Collipulli.
16.- Fernando Enrique Millacheo Marin, Comunidad Newen Mapu de Chequenco, Ercilla.
17.- José Guillermo Millacheo Marin, Comunidad Newen Mapu de Chequenco, Ercilla.
18.- Eduardo Javier Oses Moreno, De Ercilla, Wenuy de la causa Mapuche.
* Desde el lunes 26 de julio se suman a la huelga de hambre líquida.

Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Temuco (Av. Balmaceda Nº 450)
19.- Mauricio Armando Huaiquilao Huaiquilao, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.
20.- Luís Sergio Tralcal Quidel, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.
21.- Pablo Canio Tralcal, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.
22. Pedro Alberto Cheuque Aedo, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.
23.- Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.
24.- Daniel Domingo Canio Tralcal, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.
25.- Ángel Reyes Cayupan, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.
26.- Jorge Eduardo Cayupan Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.
27.- Francisco Javier Cayupan Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.
28.- Elvis Favio Millán Colicheu, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.
29.- Eliseo Efraín Ñirripil Cayupan, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.
30.- Marco Mauricio Millanao Mariñan, Comunidad Pascu
31.- Claudio Andrés Sánchez Lorca, Wenuy de la causa Mapuche.
* El Lunes 12 de julio inician huelga de hambre líquida.

Cárcel Concesionada de Llancahue, Valdivia (Isla Teja)
32.- Ignacio Andrés Gutiérrez Coña, De Nueva Imperial.
* Desde el Lunes 19 de Julio se suma a la huelga de hambre líquida.

El Ciudadano

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