«Esto no es un error, es una elección», fue parte de las consignas que levantaron integrantes de organizaciones feministas y sobrevivientes durante una protesta n realizada frente al Ministerio de Justicia y el Palacio de La Moneda, en Santiago, en rechazo a las rebajas de penas concedidas a agresores sexuales durante la administración del presidente José Antonio Kast.
Durante la masiva manifestación, exigieron al mandatario de ultraderecha que destituya al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario, Luis Silva, quienes incluso firmaron parte de las resoluciones que beneficiaron a los condenados.
Cabe recordar que el escándalo que sacude a La Moneda se gatilló luego de que Interferencia revelara que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 27 decretos de reducción de penas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y otros 29 por violación y que de las 57 solicitudes examinadas, apenas una fue rechazada.
Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, exigió responsabilidades políticas a las autoridades involucradas en las 56 rebajas de condenas, tomando en consideración las consecuencias que podrían enfrentar las víctimas y sus familias.
De hecho, una investigación de Bío Bío Chile identificó a 33 de estos agresores, que actualmente se encuentran en libertad sin que sus víctimas hayan sido notificadas.
Según los expedientes de Gendarmería, se trata de sujetos con alto peligro de reincidencia, rasgos de «frialdad», ausencia de remordimiento por los ilícitos cometidos y nula empatía con sus víctimas.
«Es una elección que atenta contra las mujeres y las niñas«
Tras las críticas transversales, Kast reconoció la gravedad de la controversia, que generó cuestionamientos políticos y puso en entredicho la actuación del Ministerio de Justicia.
«No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna», afirmó.
Sin embargo, Castillo dejó en claro que la decisión de rebajar las penas a los agresores sexuales no se trató de un error.
“Esto no es un error, es una elección, es una elección que atenta contra la sociedad, pero especialmente contra las mujeres y contra las niñas”, afirmó, en declaraciones recogidas por Diario Agricultura.
Castillo insistió en la responsabilidad política de quienes participaron en la aprobación de la medida y señaló que al menos cuatro autoridades de la administracióin de Kast, incluido el ministro de Justicia, habrían intervenido en la autorización de los beneficios, por lo que exigió sus renuncias.
También alertó que bajo el gobierno del ultraderechista tanto las mujeres como las niñas de Chile no estarían recibiendo la protección que necesitan.
La dirigente manifestó su preocupación por el riesgo de reincidencia de los condenados, tomando en cuenta que los delitos sexuales pueden registrarse dentro del entorno familiar.
Mientras las feministas y sobrevivientes exigen su salida, Rabat es respaldado por Kast y enfrenta una denuncia penal presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) y la posibilidad de una acusación constitucional por parte de la oposición.
Imagen destacada: Captura de pantalla de video de Mediabanco.
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