Fiscalía de O’Higgins investiga convenios entre Seremi de Vivienda y fundación vinculada a alto funcionario del Serviu durante Piñera II

Continúan saliendo a la luz nuevos casos de presunta corrupción en los convenios del Estado con fundaciones. la Fiscalía Regional de O’Higgins abrió una investigación de oficio para revisar si hubo delitos en dos convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de esa región y la Fundación Arquiduc, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, específicamente en el año 2021.

Según informó Tele13 Radio, se trata de dos convenios -por trato directo- por 56 y 65 millones de pesos.

La fundación -según su sitio web- se dedica principalmente a temas de educación, sin embargo, los convenios se firmaron para realizar diversos trabajos en las comunas de Mostazal, Machalí, Rancagua, San Fernando y Peralillo.

En el caso del segundo convenio, este se firmó para la instalación de luminarias integradas, pero en 2021, la institución no tenía ninguna experticia en estas labores. De hecho, en aquel entonces, la organización decía ofrecer servicios de capacitación y actividades de apoyo a empresas, pero ninguna actividad concerniente a la construcción o instalación de equipos.

Según reseñó el citado medio, los dos convenios fueron firmados por el director del Serviu, Manuel Alfaro, militante de Evópoli, conforme a una figura de delegación de facultades para hacer este tipo de convenios firmada por el, aquel entonces, ministro de Vivienda, Felipe Ward, en una resolución exenta.

Lo que llama la atención es que el presidente de la fundación es Carlos Acuña Arévalo, militante de RN, quien también participó tanto en el primer como segundo gobierno de Piñera en el Gobierno regional de O’Higgins y en el Servicio de Educación local.

Asimismo, en Arquiduc figuraba como directivo Enrique Villalobos, entonces jefe de Gabinete del director del Serviu.

La indagatoria que realizará la Fiscalía Regional de O’Higgins busca recabar más información y se da en el marco de la colaboración del Ministerio Público con la Contraloría General de la República, que revisa la legalidad de todos los convenios suscritos por fundaciones con organismos del Estado en la zona, la que estará radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad.

A través de un escueto comunicado, el ente persecutor con sede en Rancagua señaló que la indagatoria comenzó «en virtud de diversos antecedentes recibidos recientemente en el contexto de las indagatorias que guardan relación con convenios suscritos por fundaciones con organismos del Estado y que pueden revertir carácter de delitos de corrupción».

«Para salvaguardar el éxito de la investigación, de momento no se darán a conocer nombres de personas e instituciones que puedan estar presuntamente involucradas», añadió la Fiscalía.

Agrega que esta causa se da en el marco de la «labor colaborativa con la Contraloría General de la República», que se encuentra revisando todos los convenios suscritos desde 2021 en adelante, tras el estallido del caso Convenios en Antofagasta.

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