Recientemente, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Miguel Ángel Rojas, delegado presidencial de la provincia de Maipo. ¿El motivo? La contratación por trato directo en dicha repartición estatal de la empresa Full Clean, perteneciente a la familia del ex carabinero Claudio Crespo, imputado por disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica durante las protestas del estallido social.
Este caso, el de Gustavo Gatica, aún se encuentra en investigación a la espera de las últimas diligencias, y el acusado, Claudio Crespo, estuvo en prisión preventiva 13 meses, quedando libre en octubre de 2021 luego que la justicia estimara que era “materialmente imposible que pueda perpetrar delitos de la misma naturaleza que el investigado”, pues fue dado de baja de Carabineros.
Un caso similar al de Crespo es el del también ex carabinero Sebastián Zamora Soto, quien a pesar de tener un juicio en trámite por arrojar a un menor de edad al lecho del Río Mapocho, fue contratado en el Congreso Nacional por la diputada ultraderechista Chiara Barchiesi (Partido Republicano).
Los antecedentes de esta causa, contenidos en la acusación formulada por la Fiscalía, señalan que el día 2 de octubre de 2020, sobre el puente Pío Nono en Santiago, el entonces carabinero de Fuerzas Especiales Sebastián Zamora se abalanzó contra un adolescente de 16 años, tras lo cual “lo hace caer de cabeza hacía el río Mapocho, esto es, desde una altura aproximada de 7.4 metros”.
A pesar de lo brutal de la agresión, vista y registrada por cientos de personas que se encontraban en el lugar, el Ministerio Público acusa que ni Zamora ni los otros carabineros prestaron ayuda al menor, que quedó tirado en el lecho del río, siendo socorrido por otras personas.
La violenta caída dejó a la víctima con fracturas en ambas muñecas. En tanto, el carabinero Zamora fue dado de baja de la institución por “mala conducta”, pero no por la agresión al menor, sino que por haber hecho uso de su cámara particular en el procedimiento y no haber dado aviso oportuno.
En ese momento, el caso y las imágenes que se difundieron del adolescente inconsciente en el río, causaron conmoción en gran parte de la opinión pública. Por eso, tras ser formalizado y procesado por la Justicia, Sebastián Zamora Soto quedó en prisión preventiva por 5 meses. Después, pasó a la medida cautelar de arresto domiciliario total, y actualmente se encuentra con firma quincenal.
Sobre la causa judicial, esta se encuentra momentáneamente suspendida pues el Tribunal Constitucional (TC) acogió un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa de Zamora, por la exclusión de un testigo y dos peritos presentados por ellos para el juicio oral, el cual, de todas maneras, debe realizarse en los próximos meses.
De esta forma, tanto Claudio Crespo como Sebastián Zamora están a la espera de sus juicios respectivos, y en el intertanto, ambos fueron contratados desde el aparato estatal, recibiendo dineros públicos a pesar de estar acusados de graves delitos contra los Derechos Humanos.
La diferencia está que, en el caso de Crespo, el responsable de su contratación, Miguel Ángel Rojas, pagó el costo político renunciando a su cargo, mientras que en el caso de Zamora, la responsable, la diputada Chiara Barchiesi, sigue en el Congreso legislando sin ningún problema.
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