Más corrupción en Ecuador: detienen a legislador oficialista

El mes pasado, la Fiscalía y la Policía en un operativo realizado en ciudades costeras de la provincia de Manabí detuvieron a un asesor del diputado Mendoza y otras ocho personas. Decomisaron alrededor de 2,35 millones de dólares en cheques y efectivo

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Como parte de una investigación por actos de corrupción en Ecuador, la Fiscalía de esta nación detuvo en la madrugada del viernes al asambleísta oficialista Daniel Mendoza y al gerente del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo.

Las detenciones se efectuaron por un presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la estructura de corrupción en la construcción del Hospital Básico de la ciudad de Pedernales, en la provincia de Manabí, en la costa pacífica del país.

Los escándalos de corrupción se han vuelto cotidianos en esta nación, a tal punto que la Fiscalía creó una fuerza de tarea multidisciplinaria para investigar exclusivamente estos casos que se registran por la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Los allanamientos del viernes se realizaron también en Quito (norte), Portoviejo (oeste) y Bahía de Caráquez (oeste), las dos últimas ciudades en la provincia de Manabí.

El mes pasado, la Fiscalía y la Policía en un operativo realizado en ciudades costeras de la provincia de Manabí detuvieron a un asesor del asambleísta Mendoza y otras ocho personas. Decomisaron alrededor de 2,35 millones de dólares en cheques y efectivo, armas de fuego, municiones, sellos de instituciones públicas, entre otros.

El asesor de Mendoza estaría implicado en irregularidades a la hora de adjudicar en  2019, la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

El viernes la fiscal, Diana Salazar, a través de su cuenta de Twitter, dijo que espera que los jueces en todos los casos actúen con imparcialidad.

“La justicia tiene que ser ciega, sin mirar a quién, y tiene que ser valiente. Tenemos la impresión de que este engranaje no está trabajando como corresponde”, destacó la Fiscal, al referirse a las órdenes de jueces que el jueves dejaron en libertad al expresidente Abdalá Bucarán (1996-1997) y al prefecto de la provincia del Guayas (oeste), Carlos Luis Morales, también investigados por la Fiscalía y para quienes había solicitado prisión preventiva.

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Según la Fiscal, en el caso del prefecto el juez no hizo una “valoración objetiva” pues está justificado el peligro de fuga; sus familiares, también con orden de prisión, ya fugaron.

En el caso del expresidente, la fiscal dijo que hay dos temas distintos, uno relativo a un arma encontrada en su casa y otro por la investigación de la compra de insumos médicos, que fue la razón del allanamiento de su domicilio.

“Entonces al expresidente se lo ha procesado en delito flagrante por tráfico de armas, que es un tema separado a la investigación por delincuencia organizada que fue por la que hicimos el allanamiento”, dijo la Fiscal.

Salazar también denunció que ha recibido “recomendaciones” para dejar de investigar a asambleístas, ante la amenaza de un juicio político.

“Si me tengo que ir me iré con la frente en alto, haciendo el trabajo que se debe hacer”, dijo en entrevista con la estación televisiva TVC.

Con información de Sputnik

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