La persistente estrategia del fujimorismo para dar vuelta los resultados de las elecciones presidenciales en Perú

Mientras miles de peruanos esperan impacientes que el Jurado Electoral confirme el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales, se divulgaron unos audios del ex militar y abogado, Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor estratégico de Alberto Fujimori y hoy está preso en la prisión de El Callao, condenado a 25 años por corrupción y asesinato. Fujimori también está preso por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante sus gobiernos.

Montesinos fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), Consejero de Seguridad del Gobierno y el principal asesor de Alberto Fujimori en todo su periodo presidencial, colaborando en las estrategias para enfrentar a los grupos guerrilleros.

En los audios se percibe la voz de Montesinos pauteando la organización de un fraude electoral en favor de la candidata derechista Keiko Fujimori, hija de su anterior patrón. La trampa seria hecha a través del soborno de los magistrados integrantes del Jurado Nacional Electoral (JNE), máximo órgano electoral peruano que está a cargo de la revisión de los recursos presentados por la candidatura de Fujimori, quien se resiste a perder las elecciones disputadas el pasado 6 de junio y en las que fue derrotada por el profesor Castillo.

El objetivo declarado por Montesinos en las conversaciones era que el JNE anulara unos 200 mil votos de regiones peruanas en donde Castillo obtuvo una victoria contundente.

Según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras haber escrutado el 100% de los votos de la segunda vuelta presidencial, el resultado oficial da cuenta de que Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos, en tanto Fujimori obtuvo un 49,88%. la diferencia es de apenas 44.176 votos.

En los audios se escucha a Montesinos, quien debiera estar incomunicado en prisión, conversar con el militar en retiro Pedro Rejas, a quien le entregó el contacto con Guillermo Sendón, un abogado y exmilitante del APRA, quien tendría nexos, según lo asegurado por el ex asesor de Fujimori, con tres magistrados del JNE, a los cuales era posible sobornar para que aprobaran las nulidades presentadas por el comando de la hija de su ex patrón.

En los audios se percibe la voz de Montesinos diciendo:

“Con tres [jueces del JNE], suficiente. Entonces, sería bueno que lo localizaras a él [a Sendón] para que él pueda apoyar y, bueno, se tiene que meter un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no?. Tú pues, hazle entender al papá o a la chica, con quién hables, que se explique (…) ¿Yo qué gano ayudándolos? Nada. No me interesa y jamás voy a pedirles nada, simplemente estoy ayudando porque sino se jode. La chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está, esa es la situación”

En otro audio se percibe a Sendón comentándole respecto de las posibilidades. El abogado comenta que “Las 802 [solicitudes de nulidad] las han hecho [Fuerza Popular] (…) porque las han hecho extemporáneas. Han llegado tarde. Y todas las resoluciones están saliendo extemporáneas. Entonces, hay que apelar esa huevada. (…) Me imagino que las van a apelar. Acá no podemos imaginarnos; tenemos que asegurarnos que las apelan y, para ganarlas arriba, hay que arreglar”.

LOS VLADIVIDEOS Y EL FIN DE LA DICTADURA DE FUJIMORI

Los audios y vídeos que dan cuenta del intento de fraude electoral fueron presentados por Fernando Olivera, político del partido Frente de la Esperanza, en una conferencia de prensa que algunos canales de televisión prefirieron no difundir, según consignó Telesur.

El diálogo fue efectuado entre Montesinos y el coronel del Ejército retirado Pedro Rejas Tataje, quién grabó y difundió los audios, así como también las imágenes que muestran la conversación que sostuvo con el abogado Sendón, quien aparecía como principal operador de Montesinos en los audios. El abogado si bien reconoció su participación, se defendió diciendo que lo hizo Solo “para seguir el juego”.

Olivera también presentó en septiembre de 2000, dos meses después de que Alberto Fujimori juramentara su tercer mandato como presidente, el primer de los vladivideos que significaron el derrumbe del fujimorismo y la huida de Alberto hacia Japón. Fueron presentados en un canal de televisión y habían sido facilitados por Matilde Pinchi Pinchi, secretaria y amante de Montesinos. En la ocasión Olivera sostuvo que “hoy estamos liberando al Perú del yugo de esta mafia”.

En el primer video divulgado, Montesinos le entregó 15 mil dólares al congresista de la oposición Alberto Kouri para desertar y pasarse a las filas del fujimorismo.

Los videos fueron filmados por Montesinos en su oficina sin que sus interlocutores (políticos y empresarios) se dieran cuenta, mientras gestionaba para ellos favores y solicitudes. Es así como entre el material figura la reunión sostenida con el empresario chileno Andrónico Luksic, ocurrida en 1998, en la que el dueño de Luchetti pagó al asesor de Fujimori con el fin de obtener los permisos para construir una planta de fideos en el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa. Según una investigación hecha por el congreso peruano, el empresario chileno donó 213 mil dólares al partido político de Fujimori en las elecciones del año 2000.

Las dudas en Perú se concentran ahora sobre el rol de la Armada en la custodia de Montesinos, preso en la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao, quien accedió a hacer llamadas telefónicas a su ex pareja pero que acabaron planeando un soborno de las elecciones. Por ello la Fiscalía peruana inició una investigación al respecto.

LAS ESTRATEGIAS DEL FUJIMORISMO

La estrategia de la candidatura de Keiko Fujimori de desconocer el resultado de las elecciones (tercera vez que pierde en segunda vuelta), se originan en que de no llegar a la presidencia su futuro más probable es irse a prisión por casos de corrupción.

La Fiscalía peruana pide encarcelar a Keiko por 30 años y 10 meses desde marzo de este año tras concluir 28 meses de investigación. Está acusada de lavado de activos y de recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht en el financiamiento de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Keiko está acusada por el fiscal José Domingo Pérez junto a otras 40 personas. La prueba principal que la incrimina es una declaración del ex-ejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó haber aportado un millón de dólares de la empresa para la campaña proselitista del pacto Fuerza Popular en 2011.

La heredera del fujimorismo ya estuvo 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso a partir de octubre de 2018. La libertad le fue concedida luego de que el Tribunal Constitucional aceptara un habeas corpus.

En las semanas previas a la segunda vuelta un atentado estremeció Perú y retrocedió al país al tiempo del miedo a la insurgencia. En la inaccesible localidad de San Miguel del Ene, una zona selvática del interior situada a unos 250 kilómetros al este de Lima, 16 personas fueron asesinadas al interior de un bar, cuatro menores entre ellas, atribuyéndose la acción a Sendero Luminoso, lo que fue rápidamente explotado por la candidatura del fujimorismo.

En la oportunidad el periodista de EFE, Fernando Gimeno, llamó la atención de que la reaparición del grupo guerrillero ocurriese sólo en vísperas de elecciones presidenciales, como ocurrió en los años 2011 y 2016. Su retorno a escena conlleva una memoria de tiempos de terror y violencia en plena discusión electoral, énfasis en la opinión pública que es aprovechado por el discurso securitario de la candidata de derecha.

El Ciudadano también denunció una semana antes de la segunda vuelta la insólita renuncia la directora, Delia Revoredo, junto a Gastón Soto Vallenas y Carmen McEvoy, miembros del Tribunal del Pacto Ético Electoral. Es decir, de cinco miembros renunciaron tres.

En horas recientes cientos de oficiales retirados suscribieron una carta llamando a desconocer los resultados que dan por ganador a Castillo, acusando un supuesto “fraude sistemático en el proceso electoral”. La misiva provocó que el presidente Francisco Sagasti saliera en cadena de televisión a advertir respecto del respeto a la democracia, considerando que la carta de los ex militares “es una actuación inaceptable por la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de la Nación”.

Si bien el rol de las fuerzas armadas en política viene en declive en toda la región, la carta evidencia el lado político al que adscriben amplios sectores castrenses peruanos. La misiva así da cuenta del concubinato entre ex altos mandos en retiro del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con el proyecto fujimorista.

El Ciudadano

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