La información fue dada a conocer por el medio Contrapoder Chile. Según la Transparencia Activa de la Dirección Nacional del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Hacienda, la politóloga está contratada bajo el cargo de jefa de Comunicaciones por una remuneración que varía entre los $2.261.097 y $5.674.752.

Camila Álvarez también fue denunciada por un supuesto mal uso de las redes sociales de su repartición, que habría ocupado para "hacer publicidad" a una diputada de su sector. Asimismo, se pidió aclarar la situación de su jefe de Gabinete, quien estaría realizando funciones sin contrato formal vigente. En el documento ingresado en la CGR, se relata que en una de las idas a comprar café, la Seremi se encontró con la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, con quien aseguró ser "mejores amigas".

Organizaciones de funcionarios del MOP dieron a conocer a las autoridades su malestar por el tratamiento burlesco que parte de la cobertura mediática ha dado a esta situación, lo que consideran "injusto hacia miles de funcionarias y funcionarios del MOP que nada tienen que ver con los hechos y que cumplen sus labores con profesionalismo y compromiso", pero que igual "se les ha enrostrado y traspasado la consecuencia de lo ocurrido", siendo incluso algunos increpados en la calle.

Desde la CGR recordaron que la normativa vigente solo permite una contratación adicional cuando se trata de funciones distintas. La investigación también detectó falta de control horario, trabajos particulares remunerados y pagos en exceso a funcionarios de la institución.

Si bien el cargo de Delegado Presidencial Provincial no requiere un título universitario para su ejercicio, de acuerdo a la denuncia, "la difusión de información curricular falsa a la ciudadanía constituye una falta administrativa severa y un eventual hecho de carácter delictivo bajo el artículo 213 del Código Penal (mero fingimiento de profesión)".

Patricio Mery denuncia el rol del exministro como el verdadero poder en las sombras tras Hermosilla y cuestiona la protección institucional que lo mantiene intocable.

Ante el aparente congelamiento público del beneficio, agrupaciones de derechos humanos alertan sobre posibles maniobras legales para burlar tratados vigentes.

El tribunal acogió los argumentos de la defensa tras acreditarse que el encierro en el REPAS vulnera al interno de 68 años.

Un informe oficial elaborado por el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería de Chile concluyó que las actuales condiciones de reclusión de Mauricio Hernández Norambuena en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) podrían constituir un trato incompatible con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, recomendando expresamente […]

Especialista analizó cómo operan las campañas de manipulación en redes sociales y los riesgos de la nueva ley de inteligencia.