Cuestionamientos al protocolo para crear el Ministerio del Medio Ambiente

Gobierno y Alianza negocian aprobación de Protocolo para la creación del Ministerio del Medio Ambiente

Por Wari

27/10/2009

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Gobierno y Alianza negocian aprobación de Protocolo para la creación del Ministerio del Medio Ambiente. De esta forma evitan discutir temas fundamentales en materia medioambiental,  apurando una institucionalidad que tiene claros vacíos y deficiencias de forma y fondo. Producto de este acuerdo la votación definitiva sería el próximo 5 de noviembre no dando tiempo para el estudio de la nueva propuesta.

El Gobierno y la oposición negociaron políticamente la aprobación de un protocolo de acuerdo para la tramitación rápida y expedita de la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el que no fue aprobado por todos los parlamentarios de la Concertación.

Los senadores Pablo Longueira y Andrés Allamand suscribieron dicho protocolo por la derecha junto a su colega RN Antonio Horvat, quien se vio atrapado en un acuerdo político del cual no estaba completamente conforme y no pudo defender temas emblemáticos para él. En algunos momentos incluso estuvo a punto de fracasar, ya que Horvath, al parecer, desconocía los alcances del convenio que suscribió, por lo que se suspendió la sesión para que la derecha lo conminara a respetarlo, aparentemente bajo presión.

Tomando en cuenta la importancia del debate y asumiendo su condición de minoría en aquella discusión, desde la otra vereda, los senadores Navarro y Girardi, pidieron que se dejara constancia de dicha  disparidad.

Por un lado, pueden votar las indicaciones en discusión sólo los senadores que son miembros de la Comisión correspondiente, es decir Longueira, Allamand, Horvath, Navarro y Ávila. También pueden votar aquellos senadores que expresamente estén reemplazando a un integrante de la comisión, este es el caso de Girardi, que para todos los efectos de esta discusión reemplazó a Ávila el día 26 de octubre, aunque no está claro si esta situación continuará.

Por otro lado, los senadores de la comisión de Medio Ambiente que suscribieron el acuerdo están obligados a votar a favor las indicaciones del Ejecutivo, mientras que aquellos que no lo firmaron pueden pedir discusión de sus indicaciones y votar respecto a ellas, pero siempre estarán en minoría.

AVANCES Y RETROCESOS

El número uno del protocolo y que dice relación con la Evaluación Ambiental Estratégica, se le eliminó la participación ciudadana resolutiva, tema fundamental para crear proyectos que incluyan a todos los actores sociales.

En tanto, el número 5 del protocolo, que numera artículos que no serán discutidos, salvo que el Ejecutivo ponga una indicación en el tema, fue el más polémico, ya que se perdió lo ganado en la Cámara sobre someter a Evaluación de Impacto Ambiental los organismos genéticamente modificados (transgénicos). Esto claramente es parte de un  acuerdo entre Longueira, Allamand y el Gobierno que, intencionalmente no quedó expresado de forma explícita en el protocolo y, por tanto, tomó por sorpresa a Horvath.

Cosa similar ocurrió con lo que dice relación con evaluar en forma conjunta proyectos de distintos proponentes que no son viables por separado, esto es lo que se llama unicidad de proyectos y cuyo ejemplo más claro son las represas de Aysén y las líneas de trasmisión, o el no incorporar la protección de glaciares,  lo cual también sorprendió a Horvath. Pero pese a estas “sorpresas” el  senador Horvath se mantuvo como firmante del acuerdo, eso sí absteniéndose de estas votaciones, lo cual significa que hay dos votos a favor de la indicación del Ejecutivo en concordancia con lo suscrito en el protocolo, dos votos en contra (Navarro y Girardi) y una abstención, lo que permite abrir la discusión nuevamente en la sala del Senado.

Además de los puntos que se discutieron y en los cuales claramente las posiciones planteadas por las organizaciones y comunidades han salido desfavorecidas, es relevante destacar que tanto Girardi como Navarro están proponiendo discusiones de fondo, como son  la protección de glaciares, protección de la biodiversidad, participación ciudadana y el suprimir la distinción entre recursos naturales renovables y no renovables.

La posición del Ejecutivo en estos temas es no entrar en discusión de fondo, ya que eso atrasaría la aprobación del proyecto de ley. Más bien lo que se busca es centrarse sólo en aprobar la nueva institucionalidad y dejar estos temas para que sean normados vía reglamento o que los propios senadores intenten normarlas vía mociones parlamentarias, lo cual es claramente una forma de no abordar la problemática ambiental en su total dimensión y circunscribirse a generar una institucionalidad débil que terminará por no resolver los problemas que hoy nos afectan.

Finalmente, la creación de un Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, si bien está recogido en el protocolo, no será materia de esta ley y se deja para un año después de aprobación de la ley.

Con la aprobación del Protocolo firmado ayer lunes:

No existirá participación ciudadana resolutiva en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas que recaerían sobre las políticas o planes del Gobierno.

No se podrá evaluar en forma conjunta proyectos de distintos proponentes que no son viables por separado, esto es lo que se llama unicidad de proyectos y que el ejemplo más claro son las represas de Aysén y las líneas de trasmisión.

No se regulará la protección de glaciares.

No se protegerá expresamente diversidad biológica.

No se regularán los proyectos que contemplan uso de transgénicos. No pasan por el sistema de evaluación ambiental.

No existirá la posibilidad de respuesta en una instancia pública a las observaciones ciudadanas formuladas en el proceso de evaluación ambiental.

No se regulará y supervisará acabadamente las negociaciones entre las empresas y los afectados. Esto permitiría, por ejemplo, que lo ocurrido en Mehuin, Ralco y el Tatio donde las empresas han dividido a las comunidades para comprar conciencias, siga sucediendo.

Finalmente, no es materia de esta Ley la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, quedando postergada para el próximo gobierno.

El Ciudadano

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