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El futuro del agua en América latina

En América Latina se encuentra la tercera parte de los recursos hídricos del mundo. Pese a esto, el crecimiento de la población, la contaminación con agroquímicos, el derretimiento de los glaciares, la falta de saneamiento, la evaporación y la utilización de grandes cantidades en la agricultura intensiva, hace que cada vez menos personas dispongan de agua segura para consumo personal. Ante los futuros conflictos por la  escasez de agua, es fundamental que en la cumbre de diciembre de Copenhague se declare para siempre al agua como un derecho no negociable.

El mundo mantiene la expectativa ante la Cumbre sobre el Cambio Climático, que se va a realizar en Copenhague en diciembre, ya que esta es la última oportunidad que hay para minimizar el impacto global que causa el aumento de las temperaturas, al fracasar parcialmente los objetivos del Protocolo de Kyoto de 1997.

Uno de los peligros que se va a tratar es el de la escasez mundial de agua y el impacto que esto pueda tener en América Latina, ante el incremento de la pérdida de fuentes de agua dulce. En esta región se encuentra la tercera parte de los recursos hídricos del mundo, pese a ello, el crecimiento de la población, la contaminación con agroquímicos, el derretimiento de los glaciares, la falta de saneamiento, la evaporación y la utilización de grandes cantidades en la agricultura intensiva, hace que cada vez menos personas dispongan de agua segura para consumo personal.

Actualmente, uno de cada cinco habitantes de América Latina no tiene acceso al agua potable.

Un informe de elaborado en 2006 por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) revela que en 2025 la demanda de agua va a superar en un 56 % al suministro.

Por ahora, en América Latina no existen conflictos entre países vecinos por la escasez de agua, aunque sí los hay en varios países del mundo, por ejemplo en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates (entre Turquía, Siria e Irak), en la del Jordán (Israel y Jordania) y en la del Nilo (Egipto y Sudán).

La única excepción es la disputa entre México y Estados Unidos por el caudal del fronterizo río Bravo. La árida franja que separa el norte de México con el sur de Estados Unidos tiene enormes dificultades de abastecimiento de agua. Washington acusa al Estado mexicano de no administrar correctamente el caudal del río Bravo, que se pierde en gran parte por evaporación. Sin embargo, varios de los argumentos que defienden la preservación del agua encierran intereses relacionados con su privatización.

EL AGUA COMO MERCANCÍA

En el V Foro Mundial sobre el Agua realizado en Estambul en marzo de este año se definió al agua como “recurso público” y no como un objeto de comercialización.

La sobreexplotación y contaminación de los ríos y lagos estadounidenses impulsan a las empresas privadas a buscar fuentes en otros países de la región. En los distintos tratados de libre comercio bilaterales que Washington suscribió con Centroamérica, Perú y Colombia, se acordó la privatización de varios de los sectores que componen la cadena comercial del agua.

El embotellamiento es sólo una parte de las posibilidades lucrativas que brinda el agua. La potabilización, distribución, gestión y la construcción de redes de alcantarillado y saneamiento constituyen también un negocio, que en varios países se encuentra en manos privadas.

Para que el agua llegue a la mayor cantidad de habitantes es necesario que la soberanía de los recursos pertenezca a los Estados. Por supuesto que pequeñas partes pueden ser mixtas, pero de ningún modo se debe situar por encima el lucro al derecho básico y fundamental de consumir agua para la subsistencia e higiene. Más del 70 % de las enfermedades de la región se deben a la falta de agua potable.

(Mapa del acuífero guaraní)

El Banco Mundial mantiene la postura de que la privatización solucionaría la escasez del agua, ya que al pagarse precios más altos, no se derrocharía y habría un sistema hídrico más eficiente. Además, en muchos casos condiciona sus créditos de acuerdo a las reformas privatistas que los países hayan hecho con respecto al agua.

Sin embargo, está demostrado que con la privatización total del agua, los precios se disparan y se tornan impagables para las comunidades más pobres, que en la región están conformadas, en su mayoría, por los indígenas.

En tanto, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) asegura que en América Latina sólo el 19 % del agua dulce se utiliza para el consumo doméstico, mientras que el 9 % se destina a las industrias, y la mayor parte, el 73 %, se usa en la agricultura.

Precisamente, ése es uno de los máximos problemas de la escasez de agua. Los países latinoamericanos altamente endeudados recurren a la explotación de los suelos con el fin de generar cultivos comerciales para poder exportarlos y atraer divisas que puedan utilizarse para el pago de intereses de las deudas externas.

Al intensificar la agricultura y la producción de biocombustibles, se genera un triple conflicto: la carencia de alimentos para el consumo interno, la falta de agua para las necesidades básicas y la contaminación de las fuentes de agua con agroquímicos.

RESISTENCIA POPULAR Y FUTURO DEL AGUA

Existen dos antecedentes de oposiciones populares contra los intentos de privatización. En el año 2000, en Bolivia, la empresa hispano estadounidense Aguas del Tunari triplicó los precios del servicio de agua, lo que provocó una revuelta masiva con muertos y heridos en la ciudad de Cochabamba que se conoció como “la guerra del agua” y que forzó a reestatizar el suministro.

En Ecuador, en 2003, varias ONG denunciaron que se estaba incrementando la participación privada en la distribución y saneamiento del agua. El Poder Judicial tomó medidas al respecto, pero recién en 2007 bajo el mandato de Rafael Correa, se frenó legalmente el proceso privatizador.

Varios países van a defender el consumo del agua como un derecho humano en la Cumbre de Copenhague y además van a proponer la creación de un órgano de control mundial. Sin embargo, existe el riesgo de que los países industrializados traben algunas de las disposiciones con respecto a este tema y a la reducción de gases de efecto invernadero.

Es de vital importancia que las imposiciones de los organismos y países acreedores no estén relacionadas con los recursos básicos, para evitar su escasez. Es de esperar que en Copenhague se declare para siempre al agua como un derecho no negociable.

por Maximiliano Sbarbi Osuna

Observadorglobal.com

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