Gobierno de Brasil no logra garantizar protección de activistas ambientales

Bolsonaro recortó presupuesto y personal del organismo de control ambiental y permitió tala y quema indiscriminada

La organización por los derechos humanos, Human Rights Watch, presentó un duro informe señalando que el Gobierno brasileño tiene gran responsabilidad en los mas de 300 asesinatos ocurridos durante la última década por conflictos con el uso de las tierras y de los recursos naturales


La organización Human Rights Watch dijo en un informe que el Gobierno brasileño no está tomando los pasos necesarios para proteger a activistas medioambientales, con unos 300 asesinados en la última década, y tampoco a la selva amazónica, que en los últimos meses ha perdido miles de hectáreas debido a incendios provocados.

“El informe de 169 páginas ‘Mafias en la selva: Cómo la violencia y la impunidad propician la deforestación en la Amazonía brasileña’ documenta cómo la tala ilegal por redes delictivas y los consecuentes incendios forestales están relacionados con los actos de violencia e intimidación cometidos contra los defensores de la selva amazónica y con fallas del Estado, que no investiga de forma adecuada ni juzga esos delitos”, dijo HRW en la presentación del reporte.

La organización realizó entrevistas a habitantes de las zonas afectadas, así como a funcionarios gubernamentales, para su reporte que abarca también los nueve primeros meses del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumió el 1 de enero.

“El gobierno no está adoptando medidas para proteger ni a los defensores ni a la propia selva amazónica (…) Durante su primer año como presidente, Bolsonaro ha limitado la aplicación de las leyes ambientales, debilitado a las agencias ambientales federales, y criticado duramente a las organizaciones y personas que trabajan para preservar la selva”, afirmó HRW.

Bolsonaro recortó el presupuesto y el personal del organismo de control ambiental, Ibama, y se ha declarado a favor de levantar restricciones ambientales en la selva a las que considera un obstáculo para el desarrollo.

Las actividades agropecuarias y la tala han sido fuertemente criticadas en las últimas semanas pues sus operaciones causan la deforestación, que en Brasil es mayormente ilegal, que causó incendios que arrasaron miles de hectáreas de la Amazonía y el bioma del Cerrado.

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Manifestación en Brasil por los DDHH Foto Al Jazeera

Las redes que se dedican a las actividades ilegales tienen una enorme capacidad logística, dijo HRW, que agregó que “al mismo tiempo contratan hombres armados para intimidar y, en algunos casos, asesinar a quienes intentan defender la selva”.

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De los más de 300 asesinatos ocurridos en el contexto de conflictos por el uso de las tierras y de los recursos naturales en la Amazonía en la última década, registrados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), solo 14 llegaron a juicio, dijo HRW.

La organización dijo que examinó 28 asesinatos, la mayoría ocurridos desde 2015, “en los cuales existen pruebas convincentes de que los responsables se dedicaban a la deforestación ilegal y consideraban que sus víctimas constituían un obstáculo para sus actividades delictivas”.

De acuerdo al informe, algunas víctimas eran funcionarios ambientales, pero la mayoría eran miembros de comunidades indígenas o personas que habían denunciado la tala ilegal.

Cortesía de Sputnik

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