Informe de UDP: deficiencias en tramitación del EIA de HidroAysén

Sus aprensiones respecto de la tramitación del estudio de impacto ambiental de HidroAysén, realizó el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en su Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2009, publicado a fines del año pasado

Sus aprensiones respecto de la tramitación del estudio de impacto ambiental de HidroAysén, realizó el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en su Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2009, publicado a fines del año pasado.

La investigación, una de las más importantes en la materia que se realiza en el país, apunta esencialmente a deficiencias en garantizar la participación de la comunidad en el marco del que se define como uno de los proyectos de inversión más grandes que se han presentado en Chile.

El documento, que analizó diversos casos complejos en términos de derechos humanos, apunta a que dado el alto nivel técnico que involucra un estudio de este tipo, además de su envergadura, “resulta insuficiente el plazo de sesenta días concedido a la ciudadanía para que formule observaciones al proyecto, en especial cuando los documentos son de una extensión considerable (más de 10 mil páginas) y el grueso de las personas que se enfrentan a su contenido no son entendidos ni expertos en los temas que se tratan”. Se recuerda en el informe que esta situación incluso fue consignada por los propios ciudadanos que hicieron observaciones a la iniciativa.

Además de las miles de presentaciones que los afectados hicieron estudio, un total de 32 servicios públicos con competencia ambiental realizaron 3.150 observaciones “lo que dio pie a que la ministra de Medio Ambiente declarara que el EIA de HidroAysén ‘no ha estado a la altura de la evaluación, la información entregada no resulta ser suficiente a la hora de hacer una evaluación ambiental de la magnitud del proyecto‘ ” consigna el centro en su informe.

Otro tema relevante al que se apunta es que la magnitud de la intervención ha generado un debate que trasciende la esfera local, llegando al ámbito nacional e incluso internacional. En este sentido se preguntan los investigadores de la Universidad Diego Portales: “¿el derecho a participar que asiste a un aysenino lo tiene también quien habita en el otro extremo del país, o un extranjero que se manifiesta desde cualquier lugar del planeta?”, relevando que “la legislación vigente no reconoce la participación igualitaria de todos estos actores; sin embargo, los cambios a la institucionalidad ambiental que propone el proyecto de ley, la característica de globalidad del medio ambiente, y la postura de amplia difusión que han adoptado los propios gestores del proyecto indican que la respuesta podría ser distinta”.

En este sentido recuerda que varios medios internacionales, incluido el estadounidense The New York Times, han puesto atención en las intenciones de Endesa y Colbún, como cuando en abril de 2008 publicó una editorial expresando que las represas “irremediablemente dañarían uno de los lugares más salvajes y hermosos de la Tierra” y agregando que “la mayor parte de la electricidad generada no iría al uso residencial, sino a la minería y a la industria”.

Y aunque el medio dio cuenta de que el país “necesita desesperadamente nuevas fuentes de energía” su visión es que la alternativa no sería destruir dichas cuencas, argumentando que “la construcción de grandes represas hidroeléctricas es una forma antigua de obtener energía” y concluyendo que el Gobierno -a estas alturas el de Sebastián Piñera- “haría bien en reconsiderar estos planes miopes, al igual que los dueños internacionales de los derechos de agua de estos ríos”.

En consecuencia el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales expresa que “la presentación de estos casos pone sobre la mesa aspectos de la participación que la institucionalidad vigente no ha sido capaz de enfrentar en términos adecuados. La evidencia indica que el uso de incentivos durante los procesos de evaluación, así como la participación ciudadana organizada y globalizada en el mismo contexto, constituyen hechos que la autoridad no debe pasar por alto al momento de diseñar planes, programas y regulaciones de carácter ambiental, puesto que de una u otra manera repercuten en la calidad de los procesos decisorios y de las decisiones finales”.

Fuente: www.ecosistemas.cl/www.observatorio.cl

Fotografía: alonsonunez.wordpress.com


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