Ley Longueira profundiza concentración económica y pobreza de pescadores según Ecoceanos

“La actual iniciativa del ministro Longueira da cuenta de uno de los mayores actos expropiatorios de bienes del Estado, lo que profundizará la actual crisis de las pesquerías chilenas por efecto de la sobreexplotación industrial, y creará inestabilidad social al vulnerar derechos, tanto de la presente como de las futuras generaciones de ciudadanos”, señaló el […]

“La actual iniciativa del ministro Longueira da cuenta de uno de los mayores actos expropiatorios de bienes del Estado, lo que profundizará la actual crisis de las pesquerías chilenas por efecto de la sobreexplotación industrial, y creará inestabilidad social al vulnerar derechos, tanto de la presente como de las futuras generaciones de ciudadanos”, señaló el director del Centro Ecoceanos, frente a los parlamentarios de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta. En la foto aparece el senador Carlos Bianchi y el director del Centro Ecoceanos.

El Centro Ecocéanos fue invitado a exponer este lunes 6 de agosto en la Comisión de Pesca del Senado que comenzó a analizar el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, e impone la entrega perpetua y gratuita del patrimonio pesquero nacional a siete familias de industriales.

Bajo la presidencia del senador Antonio Horvarth, el médico veterinario y director del Centro Ecoceano, Juan Carlos Cárdenas, basó su exposición en las demandas y propuestas de una amplia coalición de organizaciones de pescadores, pueblos originarios, estudiantes, académicos y pequeños y medianos empresarios, entre otros actores. El discurso de Cárdenas además tomó los puntos de vista de la “Declaración de Queule Por la defensa de la Vida y el Patrimonio pesquero de los Pueblos de Chile”.

El director de Ecoceanos afirmó que la ciudadanía espera que “este segundo trámite legislativo no sea parte de un ritual parecido al ocurrido en la Cámara de Diputados, tendiente a dar la impresión que se estaría escuchando y considerando las propuestas de los diversos actores de la sociedad chilena, pero que finalmente termina imponiendo de manera autoritaria y excluyente, un lesivo proyecto de ley que expropia bienes públicos, propiedad de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos”.

“Este segundo trámite constitucional se inicia con la falsa premisa de que los recursos pesqueros del país son de quienes ya tienen cuotas pesqueras por la Ley denominada Límite Máximo de Captura por Armador. Con ello se busca consolidar un mercado cerrado en perjuicio del conjunto de la sociedad chilena, Pymes pesqueras, y los derechos de los ciudadanos, de la pesca artesanal y de pueblos costeros originarios, para beneficiar a cuatro conglomerados industriales, quienes poseen el 92% de la cuota de pesca”, agregó el director de Ecoceanos.

“UNA MALA LEY…”
La sesión del a Comisión de Pesca nuevamente estuvo monitoreada por el Ministro de Economía, Pablo Longueira, quien instó a los senadores a acelerar el trámite legislativo, pero que cuya presión no tuvo aceptación por parte de los parlamentarios.

Frente al Ministro Longueira, Juan Carlos Cárdenas afirmó que “ésta es una mala ley”. Agregó que “antes de esta propuesta de Longueira, existió una iniciativa mucho más equitativa que la estaba encabezando el anterior ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y que permitía un sistema mucho más participativo para los actores del sector”.

“La actual iniciativa del ministro Longueira, en cambio, da cuenta de uno de los mayores actos expropiatorios de bienes del Estado, lo que profundizará la actual crisis de las pesquerías chilenas por efecto de la sobreexplotación industrial, y creará inestabilidad social al vulnerar derechos, tanto de la presente como de las futuras generaciones de ciudadanos”, señaló el director de Ecoceanos.

Respecto al concepto de Sustentabilidad, irónicamente Cárdenas indicó que “quince años se demoró en aparecer este concepto en la legislación pesquera chilena. Sin embargo a pesar de estar señalada en forma discursiva como el eje del actual proyecto, no aparece indicado como se implementarán los aspectos de enfoque precautorio y manejo ecosistémico, lo cual es preocupante cuando el 49% de las principales pesquerías del país se encuentren colapsadas y un 18% restante se encuentra en proceso de sobreexplotación”.

A la vez, el director de Ecoceanos señaló que “décadas de continuo saqueo, están dejando en evidencia que las capacidades de recuperación de las principales pesquerías -tales como jurel, merluza común, raya y congrio-, estarían siendo gravemente afectadas”.

“LEY LONGUEIRA POSEE INCENTIVOS PERVERSOS”
En la sesión también estuvieron varias de las organizaciones transnacionales de medio ambiente, las cuales apoyaron en general la Ley de Pesca y algunas incluso valoraron la aplicación del cuestionado modelo de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), enfoque de más de medio siglo que ya esta superado desde todo punto biológico, técnico y económico.

Frente a esto el Centro Ecocéanos destacó que “es contradictorio señalar objetivos de sustentabilidad pesquera y utilizar el concepto de RMS, donde no existe una mirada de conservación biológica ni de equidad social. Este enfoque, que nació hace medio siglo ha sido superado desde todo punto de vista”, sentenció Ecoceanos.

“El vincular el Rendimiento Máximo Sostenible a un modelo de licitación engañoso, es una burla a la recomendación del Tribunal de Protección de la Libre Competencia, y crea en la propia ley un incentivo perverso para sobreexplotar, ya que si las pesquerías no se recuperan, no hay licitaciones”, dijo el director de Ecoceanos y agrego que esta es la “forma que tendrían los grandes tenedores de cuotas pesqueras, para evitar la entrada de nuevos actores al sector”.

Cárdenas indicó además que el anuncio del ministro Longueira de establecer 11 comités científicos, cuyos miembros tendrán un papel consultivo y serían elegidos mayoritariamente a dedo por los gobiernos de turno, “constituye más de lo mismo, por lo cual no se evita la tradicional politización de las decisiones de manejo pesquero, en favor de los grandes intereses económicos”.

DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS
El director del Centro Ecoceanos afirmó que es necesario “avanzar en la conservación de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos, en la equidad en el acceso y uso eficiente de los recursos hidrobiológicos, en la mejor alimentación nacional, en la generación de fuentes de trabajo estables y de calidad, en el fortalecimiento de las comunidades costeras y pueblos costeros originarios, y en la solidaridad con los derechos y necesidades de las generaciones futuras”.

Finalizando su exposición, el director de Ecocéanos presentó las exigencias de las organizaciones ciudadanas, varias de las cuales son parte de la Declaración de Queule.

Entre estas demandas se les exige a los senadores reconocer que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción”. Y debe velar por la preservación, conservación y recta administración de los recursos pesquero.

Cárdenas también demandó “la prohibición a las operaciones de la pesca de arrastre” y “la aplicación de moratorias extractivas para aquellas pesquerías colapsadas”.

Asimismo, se llamó a integrar al sector pesquero y de acuicultura a una estrategia de seguridad alimentaria y de salud pública, el avanzar hacia un enfoque de manejo multiespecífico de las pesquerías nacionales, basado en la incorporación del enfoque ecosistémico y la aplicación del principio precautorio, junto al de la eficiencia energética y uso intensivo de mano de obra de las comunidades costeras locales.

Durante la exposición, Juan Carlos Cárdenas señaló que el procedimiento de tramitación de la Ley Longueira ha sido violatorio de los derechos de los pueblos originarios, por lo cual se le exigió a la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado cumplir con la letra y el espíritu del Convenio 169 de la OIT, lo que a la vez debe estar en concordancia con las normas de la ley N° 20.249 (Ley Lafkenche) y la Declaración de los derechos de los pueblos originarios de Naciones Unidas, los cuales han sido gravemente vulnerados en este trámite legislativo. Esto, al no realizarse los procesos de consulta establecidos y reconocidos por el Estado chileno, ni tampoco el reconocimiento a los usos ancestrales (consuetudinarios) de los recursos hidrobiológicos y del territorio marino-costero por parte de los pueblos costeros originarios.

El director de Ecocéanos indicó que “desde el punto de vista de la justicia distributiva, la transferencia de las rentas que generan los recursos del mar deben tener como destino el fortalecimiento de las comunidades costeras, pueblos originarios y pesca artesanal, el incremento de los fondos de desarrollo regional, y el fortalecimiento de la educación y salud pública, las necesidades de vivienda y previsión social, entre otros.

Por ello demandó el establecimiento de mecanismos de subasta progresiva de un porcentaje de la fracción de pesca industrial, para asegurar el acceso a los recursos pesqueros del país de las pequeñas y medianas empresas, pudiendo acceder empresas que sólo realicen procesamientos en territorio nacional. La incorporación de nuevos actores industriales debería asegurar mayor empleo y el aumento de inversión e innovación en productos de mayor valor agregado, además de mejores precios para los productos de la pesca artesanal”. A su vez se precisó que “para acceder al sector, la normativa pesquera debe establecer claros requisitos de sustentabilidad social, ambiental y económica”.

Finalmente Juan Carlos Cárdenas demandó “la ampliación de la zona exclusiva para las actividades de la pesca artesanal, de manera de asegurar la conservación y manejo responsable de los recursos, en toda la costa del país, incluidas aguas interiores.

El Ciudadano

Ver el texto completo de la presentación de Ecoceanos ante la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado

Lea la declaración de Queule

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