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OEA ordena a Brasil paralizar construcción de represa Belo Monte

La represa Belo Monte, proyectada en el río Xingú, nordeste de Brasil, afecta a las comunidades Xingú y no ha habido consulta a las comunidades afectadas

OEA ordena a Brasil paralizar construcción de represa Belo Monte

Autor: Mauricio Becerra
12/04/2011



La represa Belo Monte, proyectada en el río Xingú, nordeste de Brasil, afecta a las comunidades Xingú y no ha habido consulta a las comunidades afectadas. De construirse sería la tercera hidroeléctrica en tamaño del mundo.

Finalmente, las comunidades indígenas, ribereñas y poblaciones que van a ser afectadas por la construcción de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú (PA), región Norte de Brasil, fueron escuchadas. La Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno brasilero suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la construcción de la usina, alegando que el proyecto va a causar fuertes impactos en las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú, además de los daños al medio ambiente.

Por la decisión de la OEA, el gobierno brasilero no podrá ejecutar ninguna obra referente a la usina hasta que se cumplan las obligaciones básicas, como la consulta previa a cada una de las comunidades directamente afectadas, la divulgación de los estudios de impacto ambiental a los indígenas en su propio idioma y la adopción de medidas que apunten a la protección de la vida de los pueblos originarios. Itamaraty tiene un plazo de 15 días para responder a la OEA sobre el cumplimiento de la determinación.

Andressa Caldas, directora ejecutiva de Justicia Global, explicó que la determinación de la OEA atiende a una denuncia enviada el año pasado por los movimientos indígenas y ambientalistas, pidiendo la suspensión de la licencia y de la construcción de Belo Monte. La denuncia se justifica por el hecho de que el gobierno brasilero no ha cumplido previamente las convenciones internacionales, que determinan que las comunidades tradicionales y, principalmente, indígenas, deben ser consultadas en caso de remoción forzada como consecuencia de un proyecto como éste.

La decisión de la CIDH está respaldada en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas, en la Convención sobre Biodiversidad (CBD) y en la propia Constitución Federal brasilera (Artículo 231).

«Belo Monte pretende ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, dentro de la Amazonia brasilera, y además desvía el curso del río Xingú que es rico en biodiversidad. El proceso está lleno de irregularidades. Todo esto preocupa al movimiento ambiental”, dijo.

Según Caldas, la expectativa es que Brasil cumpla la determinación de la OEA, ya que el Gobierno ha afirmado en varios discursos que respetará los derechos humanos y las convenciones firmadas. «Creo difícil que Brasil vaya a incumplir la determinación de la OEA”, comentó. Pero, en el caso que el Gobierno no cumpla las determinaciones y viole los derechos indígenas, Brasil podrá ser responsabilizado internacionalmente por los impactos negativos generados por el proyecto.

Para Andressa, la decisión de la CIDH sirve de alerta al Gobierno y es un llamado para que toda la sociedad brasilera discuta sobre el modelo de desarrollo ‘predatorio’. «Cuestionamos la real necesidad de la construcción de la usina dentro de la Amazonia brasilera. Creemos que debería haber otra forma de energía”, destacó.

Area afectada por proyecto Belo Monte

ENERGÍA PARA LAS GRANDES INDUSTRIAS

Caldas además agregó que los impactos causados por el proyecto no afectarían sólo a las comunidades de la cuenca del río Xingú, sino a todo el medio ambiente, trayendo consecuencias también para las generaciones futuras. «Belo Monte está diseñada no para beneficiar a las comunidades, sino para alimentar a las grandes industrias, y eso genera más concentración de ingresos, acentuando la desigualdad social”, enfatizó.

La líder indígena de la comunidad Juruna del km 17, de Altamira (PA), Sheyla Juruna, celebró la determinación de la CIDH. «Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en el camino cierto al denunciar al Gobierno y a la justicia brasilera por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están apoyando esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implantación del Complejo de Belo Monte”, resaltó.

«Nuestros líderes no pueden usar más el desarrollo económico como justificación para ignorar los derechos humanos y empujar garganta abajo proyectos de destrucción y muerte de nuestros recursos naturales, de los pueblos del Xingú y de la Amazonia, como es el caso de la hidroeléctrica de Belo Monte”, complementó Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS).

DOCUMENTAL
Defendendo os rios da Amazonia

+ INFO: xingu-vivo.blogspot.com (en portugués)

Por Tatiana Félix

Adital

Traducción: Daniel Barrantes


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