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Organizaciones sociales y gremiales reiteran observaciones a proyecto de ley de fomento forestal

Nuevos argumentos para analizar las 506 observaciones formuladas al proyecto que modifica y extiende los incentivos a la forestación del Decreto Ley 701, presentaron cuatro organizaciones gremiales y sociales ante la Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente del Senado.

En la jornada, llevada a cabo la semana pasada, representantes de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), el Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS), la Misión Jesuita en Tirúa y el Sindicato de Profesionales de Conaf (Sinaprof), aclararon no estar en contra de legislar sobre fomento forestal, sin embargo, y considerando los veinte años que se mantendrá vigente, es necesario hacer una revisión profunda de la propuesta en temas de fondo como la consulta indígena, protección ambiental, asistencia técnica, concursabilidad y fiscalización, entre otros.

“La AIFBN considera positivo que exista una Ley de Fomento Forestal para Chile, sin embargo, el actual proyecto es deficiente. No es indicado que los fondos sean concursables y adicionalmente, es fundamental que el subsidio esté orientado a los pequeños y medianos propietarios, pero con acompañamiento y asistencia técnica permanente y de largo plazo para que efectivamente puedan hacer plantaciones de forma apropiada, desarrollarlas y comercializarlas informadamente, haciendo uso apropiado de este recurso que estarían creando”, recalcó el vicepresidente AIFBN, Sergio Donoso.

También destacó que es de preocupación de la AIFBN que se incorporen medidas de protección ambiental tales como restringir el tamaño de las talas rasas, y que efectivamente exista una evaluación del aprovechamiento y consumo de agua que hacen las plantaciones, de manera que “sean un agente de desarrollo local, en los lugares donde se establezca”.

Pendientes: tema social y CONAF pública

El encargado de la Misión Jesuita en Tirúa, Carlos Bresciani; y el representante del DAS, Paulo Palma, se refirieron a los efectos sociales del actual modelo forestal, a su juicio un tema subvalorado en la discusión del proyecto de ley.

“La actual Ley Forestal fomenta y acrecienta el drama y conflicto social que está presente sobre todo, en el territorio mapuche. No ha habido un estudio de impacto social de lo que ha producido este negocio en el territorio. En la práctica ha producido las comunas más pobres, migración, la gente se va porque la empleabilidad es muy baja en la forestación; ha producido desarraigo, no sólo con las familias, sino también cultural. En el fondo, ¿cuál es la calidad de vida que queremos para ciertos territorios? Y esto no sólo con las comunidades mapuches, sino también las comunidades campesinas”, manifestó el sacerdote.

Paulo Palma del DAS, recalcó en el mismo sentido que “para el Obispado de Temuco siempre el interés es más social. Lo que ocurra con esta ley no nos es indiferente”. Para el ingeniero forestal, el escenario ideal es que “exista una ley de fomento integral. Que exista industria diversificada, con distintas plantaciones de nativo en otras proporciones y que se potencie la pequeña y mediana industria nacional, pero con el objetivo de mejorar el desarrollo local”.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Profesionales de Conaf (Sinaprof), Jorge Martínez, insistió en la necesidad de crear una entidad fiscalizadora pública.

“Estamos dispuestos a seguir oponiéndonos a este proyecto, legítimamente, hasta que no se resuelva la Conaf Pública, porque no puede ser que se pase por alto lo que el Tribunal Constitucional señaló. Creemos que hay una disparidad muy grande, en lo que el Estado está dispuesto a entregar para este Proyecto de Ley, como son los 18 mil millones de pesos anuales por los próximos veinte años, respecto a los seis mil o siete mil millones de pesos por sólo una vez, que se requieren para transformar la Conaf en pública”, destacó el profesional.

ESCENARIO ESPERADO

Frente a la disposición que han mostrado los parlamentarios en las instancias que se han llevado a cabo, los representantes de las organizaciones manifestaron que esperan un “escenario positivo”, donde las indicaciones sean analizadas con seriedad y con el “debido tiempo”. Cabe recordar que en la misma jornada, los Senadores reconocieron que la propuesta no puede ser discutida con suma urgencia considerando los argumentos mostrados, manifestando su compromiso a no acelerar el proceso dada la cantidad de observaciones que se han presentado.

El llamado del sacerdote jesuita fue claro: “si se va a hacer una ley, que respete la identidad de los territorios donde se está desarrollando la vida de la gente que vive en el campo, y en concreto la identidad de la vida de las familias mapuches”.

Asimismo, Palma precisó que “tenemos esperanza, en el sentido de que al parecer han entendido más nuestro rol, que no es de negarlo todo, sino todo lo contrario, es constructivo, para mejorar la legislación que existe para tratar de llegar a estos procesos”. Además, instó a los parlamentarios a conocer en terreno las distintas realidades. “A lo mejor como no se ve, no se entiende. La mirada nuestra es tratar de que te sientas en el rol del otro para entender las cosas”, concluyó.

Finalmente, Donoso recalcó que las indicaciones buscan dar un sentido más amplio a la actual Ley, “donde se consideren los elementos tanto ambientales como sociales que son fundamentales para darle sustentabilidad, durante el periodo que estaría en ejecución que son veinte años”.

Por Constanza Martínez y Pedro M. Andrade

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