Proyecto minero Catanave amenaza bofedales de áreas protegidas

El proyecto minero Catanave, ubicado en plena Reserva Natural Las Vicuñas, fue aprobado en medio de los cuestionamientos al respeto de las normas que protegen su valor medioambiental y a los pueblos indígenas colindantes a la zona

El proyecto minero Catanave, ubicado en plena Reserva Natural Las Vicuñas, fue aprobado en medio de los cuestionamientos al respeto de las normas que protegen su valor medioambiental y a los pueblos indígenas colindantes a la zona.

La noticia no sorprendió a nadie. Tal como Central Castilla y Mina Invierno –el primero de 5 yacimientos de extracción de carbón a tajo abierto en Isla Riesco– el proyecto Catanave recibió el visto bueno de la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente de Arica, obteniendo el permiso oficial para comenzar la exploración minera.

La iniciativa liderada por la empresa estadounidense Southern Copper Corporation –con instalaciones en Perú y México– pretende llevar a cabo 14 perforaciones con diamantina en la ladera oeste del Cerro Catanave. Este método permite la obtención de una muestra de las rocas perforadas que evidenciará la existencia de posibles minerales en la zona.

Las maniobras no parecen dañinas si no se considera el uso de 40.000 litros de agua por sondaje, lo que generará un alto impacto sobre los bofedales que allí existen. La extracción excesiva de agua puede significar un grave daño para la flora y fauna del lugar, declarado por la Unesco como reserva mundial de la biosfera.

LOS RECURSOS DE PROTECCIÓN RECHAZADOS

Una de las sorpresas tras la aprobación de Catanave fue la resistencia del alcalde de Putre, Ángelo Carrasco, quien presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, pues aseguró que el proyecto de la empresa Southern Copper había infringido normativas medioambientales y de protección a las comunidades cercanas a la exploración.

Las comunidades afectadas, que moran en las cercanías de Guallatire, en la cuenca del Lauca y Saxamar, presentaron otro recurso. “Lo que nosotros estamos haciendo es defender nuestra cosmovisión, defender nuestra cultura que se ve amenazada con un proyecto de la gran minería” -dijo a El Ciudadano, Richard Fernández, dirigente de la Coordinadora Aymará de Defensa de los Recursos Naturales.

Las normas en discusión se refieren al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que en su artículo 6.1 establece que “los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

A juicio del alcalde Carrasco, el proceso de consulta no se llevó a cabo durante la formulación del proyecto Catanave, omitiendo las opiniones y juicios que la población Aymará pudiera emitir al respecto. “Quiero dejar en claro que este proyecto está dentro de un área de desarrollo indígena y debe considerar una consulta a todas las comunidades” -aseguró el edil.

Fernández, por su parte, acusa a Southern Copper Corporation de haber hecho “una consulta a la comunidad de Tignámar de carácter arbitraria e inducida para que los comuneros votaran a favor. Todo esto con la promesa de trabajo y beneficios”.

Sin embargo, ambas presentaciones fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de Arica. Fernández comenta que “la Corte no se está pronunciado sobre el fondo jurídico. Este convenio 169 de la OIT es vinculante, debe ser respetado por el Gobierno”.

Por su parte, el Gobernador de Arica, José Durana, señaló que “las instituciones funcionan en torno al fallo favorable al gobierno de los recursos de protección que se habían presentado, los que carecían de todo valor, lo que demuestra los fundamentos que lleva el Gobierno que son con absoluto respeto al medioambiente”.

En medio del debate, el dirigente aymará defiende la importancia del agua para las comunidades indígenas que residen cercanas a la zona que será explorada por la minera norteamericana. “Para nosotros es algo vital, es la vida misma, es como si nos sacaran la sangre” – asegura Fernández.

LA MALA REPUTACIÓN

Pese a la resolución de la máxima instancia legal de la región, quienes rechazan la instauración del polémico proyecto Catanave, persistirán hasta lograr su interrupción. Por ello presentaron nuevos recursos de protección durante las próximas semanas, ante la Corte Suprema.

Uno de los puntos fundamentales que siembra la desconfianza entre las comunidades y los opositores a Catanave es la oscura trayectoria que se cierne sobre Southern Copper Corporation, empresa que ha sido culpada de contaminación de ríos en el distrito de Ilo, en Perú y agotar los recursos hídricos. La compañía norteamericana recibió una condena por el Tribunal Internacional del Agua, en 1992, debido al “ecocidio” de 50 años en la región, que produjo la desaparición de la biodiversidad en el cauce del río Locumba y la Bahía de Ite, entre otras nefastas consecuencias.

“Esta no es una empresa que tenga una buena imagen a nivel internacional, ha sido muy cuestionada en México, Guatemala, Perú y otros países donde ha actuado –afirma  Fernández-. Estamos frente a una empresa depredadora, típica de las que se aprovechan de los vacíos legales que tienen algunos países respecto a la protección del medioambiente”.

EL DEBATE PENDIENTE

Catanave era esperable también desde el anuncio de Sebastián Piñera en Arica durante su visita en junio del 2010. En la oportunidad el Presidente dijo que “en conjunto con la comunidad de la región, queremos explorar un desarrollo de una industria minera sana y sustentable en Arica y Parinacota”.

Piñera estimó en cerca de 2 mil millones de dólares los que podrían invertirse en esta región. Incluso anunció la posibilidad de desafectar entre el 5 y 15% del Parque Nacional Lauca, lo que daría paso a la libertad de exploración y explotación minera en áreas protegidas por tratados internacionales de medioambiente.

“No entendemos que el presidente Piñera haya tomado una decisión tan ecocida, desde el punto de vista de desarrollar un área económica que ha tenido en Chile una actuación muy nefasta para el medio ambiente y los recursos naturales” -cuestiona Fernández.

Además, sostiene que algunas de las áreas más damnificadas será la agricultura. ”Esta no puede competir con la gran minería -explica el dirigente aymará-. En Chile, a las empresas mineras prácticamente se les regala el agua. Ni siquiera pagan un royalty acorde a lo que de alguna manera explotan y a las utilidades que logran”.

Sus palabras hacen eco, mientras en diversos lugares del planeta se lleva a cabo la celebración del Día Mundial del Agua, instancia en la que se pretende concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia y cuidado del vital elemento.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano

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