Se acaba la farsa de la “pesca de investigación” para balleneras y transnacionales

El Centro Ecoceanos celebró este lunes el dictamen de Contraloría General de la República que ha frenado la entrega de irregulares permisos para que empresas realicen capturas bajo autorizaciones de “pesca de investigación” en aguas chilenas, capturas que luego comercializaban en el mercado nacional e internacional.

Estas millonarias operaciones las venían realizando principalmente las multinacionales española Pescanova y japonesa Nippon Suissan, y una compañía local, FrioSUr. La razón de la suspensión es que la pesca de investigación no tiene fines comerciales, situación que no era respetada por estas empresas.

La Contraloría, organo que observa el correcto comportamiento de funcionarios y administración estatal, entregó su dictamen a fines de junio, e investigó este caso a solicitud del senador Alejandro Navarro y el académico y biólogo marino Eduardo Tarifeño.

Frente a esto, el contralor Ramiro Mendoza hizo ver que el artículo 2° de la ley N° 18.892 -que norma la pesca y la acuicultura-, define a la pesca de investigación como “la actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización, sin fines comerciales, de las tareas a que se aboca cada uno de sus tipos, esto es, exploratoria, de prospección y experimental” y que “la pesca de investigación no constituye, por su naturaleza, una medida de manejo u ordenamiento de la actividad pesquera”.

El dictamen cuestiona los argumentos que posibilitaban la entrega de permisos especiales para efectuar masivas extracciones comerciales de centollas, navajuelas, algas, merluza de cola, bacalao de profundidad y congrio, desarrolladas por grandes compañías pesqueras nacionales y transnacionales entre Puerto Montt y el extremo sur de Chile.

EMPRESAS QUIEREN SEGUIR CON ESTAS CUOTAS

El pronunciamiento de Contraloría paralizó las actividades seudoinvestigativas de la empresa chilena Friosur vinculada al Grupo Del Río; las de Pesca Chile, subsidiaria del grupo transnacional español Pescanova, de la familia Fernández de Sousa de Galicia; y de la compañía Emdepes, subsidiaria de la transnacional japonesa Nippon Suissan Kaisha.

Luego del dictamen, las empresas han comenzado a presionar para seguir obteniendo estas importantes cuotas y reconocieron la masiva extracción de productos bajo el subterfugio de la “pesca de investigación”.

Carlos Vial, gerente de FrioSur y presidente de la empresarial Federación de Industriales Pesqueros del Sur (Fipes), dijo este domingo a El Mercurio que “bajo la figura de la ‘pesca de investigación’ se realizan desembarques de varias especies demersales (de profundidad) de Puerto Montt al sur, lo que explica la importancia de que se norme esta actividad”.

En tanto para “la Subsecretaría de Pesca, este tipo de pesquerías había significado a mayo de 2011 la extracción de 10.021 toneladas”.

“DESVIACIÓN DE PODER Y ACTOS VICIADOS”

Por décadas las autorizaciones de “pesca de investigación” han sido una herramienta que aplicaban discrecionalmente los subsecretarios de Pesca para pagar favores políticos o manejar las presiones sociales existentes en el sector pesquero chileno.

Ahora, la Contraloría de la República ha advertido sancionar a las autoridades que emitan este tipo de permisos. El dictamente del Contralor Ramiro Mendoza advirtió que si la Subsecretaría de Pesca autoriza permisos de “pesca de investigación” con un fin distinto, “tal decisión quedaría afectada por una desviación de poder y viciado el acto que la sanciona, sin perjuicio de eventuales responsabilidades administrativas que podrían generarse respecto de los funcionarios y autoridades involucradas”.

CIUDADANÍA RECHAZA CORRUPTA INSTITUCIONALIDAD PESQUERA

Para el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos “la resolución emitida por el contralor Mendoza es un importante paso en la lucha de la ciudadanía para detener la destrucción de nuestra biodiversidad marina y la corrupción institucionalizada existente en el sector pesquero nacional”.

“El dictamen de Contraloría permitirá avanzar en la eliminación de este resquicio legal, el cual ha permitido que los subsecretarios de Pesca de turno hayan entregado discrecionalmente altísimos volúmenes de captura como respuesta a las continuas exigencias de mayores cuotas de pesca, superando a las ya establecidas, para pagar favores políticos o en respuesta a las presiones sociales, gremiales o económicas, desvirtuando con ello los objetivos de la investigación científica legalmente establecida”, agregó el director de Ecoceanos.

Cárdenas además señaló que las denominadas “pesca de investigación” han impactado negativamente sobre la estabilidad de las principales pesquerías y ecosistemas marinos nacionales: “la administración pesquera chilena carece de transparencia, sostenibilidad, equidad y responsabilidad”, agregó.

Las resoluciones asignaban altísimas cuotas de pesca a empresas y particulares en determinadas áreas, “no señalándose la cuantía de la misma y los aspectos técnicos que la fundamentaran, y si dichas “pesca de investigación” correspondían a los objetivos indicados en la Ley General de Pesca y Acuicultura”.

La Contraloría también indica que se desconocían las herramientas de fiscalización y si efectivamente dichas investigaciones se llevaban o no a cabo por parte de los asignatarios de cuota, o si los grandes volúmenes capturados eran destinados en su totalidad a la comercialización.

El director de Ecocéanos indica como ejemplos las resoluciones de anchovetas y sardina común, donde los volúmenes sobrepasaban escandalosamente los necesarios para cumplir con los objetivos de investigación solicitados. En el caso del jurel las cuotas de capturas entregadas el 2009 por la Subpesca excedieron en un 87% las recomendaciones de captura máxima del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop).

El Ciudadano