Termoeléctrica Castilla: Solicitud de MPX postergó resolución de la Corema

El fallo de la Corte Suprema a favor del recurso de protección interpuesto por organizaciones sociales y contra la recalificación del proyecto termoeléctrico Castilla de “contaminante” a “molesto”, no fue suficiente para que la Comisión Regional del Medioambiente de Atacama rechazara el proyecto de la empresa MPX

El fallo de la Corte Suprema a favor del recurso de protección interpuesto por organizaciones sociales y contra la recalificación del proyecto termoeléctrico Castilla de “contaminante” a “molesto”, no fue suficiente para que la Comisión Regional del Medioambiente de Atacama rechazara el proyecto de la empresa MPX. El organismo gubernamental decidió suspender la votación para considerar la opinión del Seremi de Salud, quien revisará la solicitud de invalidación presentada por la empresa minera.

La Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama (Corema de Atacama), decidió suspender la votación en torno al proyecto Termoeléctrica Castilla. 15 votos a favor, 3 en contra y una abstención determinaron que, para decidir el futuro del proyecto termoeléctrico Castilla de Eike Batista, esperarán que el secretario regional ministerial de Salud, Nicolás Baez, examine la solicitud de invalidación presentada por la empresa MPX.

En este sentido, el abogado de la comunidad de Totoral, Patricio Urqueta indicó que «el hecho que la Corema haya suspendido su votación establece un precedente que es muy preocupante ya que cada vez que una persona no esté conforme con una calificación, por el sólo hecho de presentar una solicitud de invalidación nuevamente el procedimiento se va a parar, es decir, el día de mañana si el Seremi de Salud invalida la ratificación de contaminante y restituya la de molesta, nosotros vamos a pedir nuevamente que la invalide, y esto se convertirá en un círculo y nunca se va a aprobar nada».

El conflicto se arrastra desde hace dos años, momento en que la empresa MPX, propiedad del multimillonario brasileño Eike Batista, presenta el proyecto termoeléctrico Castilla al Seremi de Salud de ese momento, Pilar Merino, el cual lo rechazó calificándolo como “contaminante”, categoría que impide su construcción. Meses después, el nuevo Seremi, Raúl Martínez, el mismo que reabrió las faenas en la mina San José, recalificó el proyecto como “molesto”, dando luz verde a la construcción.

Ante esta reapertura del proceso, los comuneros de Punta Cachos acudieron a la Corte de Apelaciones de Copiapó, institución que falló a favor de las comunidades declarando “ilegal” el cambio de calificación de los suelos por parte de Martínez, juicio que luego fue refrendado por la Corte Suprema. Tras todo esto, lo único que faltaba era la decisión de la Corema de Atacama.

Pese a la determinación del máximo tribunal, la empresa brasileña responsable de la termoeléctrica interpuso la semana pasada un recurso de invalidación en contra del Seremi por el cambio en la calificación del proyecto a “contaminante”, medida legal idéntica a la interpuesta hace unos meses por la empresa en contra de Pilar Merino, ex Seremi de Salud responsable de la reevaluación, y que fue desestimada.

Álvaro Toro, abogado de la comunidad agrícola explica que esta insistencia de la empresa es posible porque nuestro país “posee una justicia sumamente recursiva, lo cual puede alargar tremendamente el proceso, pero en definitiva el proyecto no tiene por dónde”.

Fabiola Flores, secretaria de la Comunidad Agrícola Totoral, denuncia dos situaciones irregulares que envuelven la decisión de la Comisión. La primera es otro oficio de invalidación que la Caleta de pescadores de Pajonales (28 pescadores) y la de Maldonado, enviaron al Seremi de Salud en la que le pedían “que por favor” considerara que la empresa no era contaminante, que sólo era “molesta”.

La razón que tuvieron los pescadores para ello, cuenta Flores, son los incentivos que la empresa prometió a los 28 pescadores de la Caleta y su visión personal de actuar por el futuro de sus hijos. “92 millones de pesos habrían recibido los 28 pescadores más una beca de estudio para sus hijos y una casa de 5 millones de pesos (construida en madera, sobre palafitos) en un loteo, si hubieran aprobado la instalación de la termoeléctrica», señala la dirigenta.

La segunda de las irregularidades, estriba en que la institución de gobierno les negó el acceso a las personas que quisieron presenciar ayer la sesión efectuada por las partes involucradas en el juicio y las autoridades.

“Nos dijeron en la Corema que necesitábamos enviar una solicitud con el nombre, rut y firma de las personas para estar en la reunión. Tres veces enviamos una carta con el listado de los comuneros para entrar a la sesión de la Corema de Atacama, y nos dejaron afuera. Habían personas de la tercera edad que vinieron desde el Totoral y pagaron 170 mil pesos para asistir (en bus) y las dejaron afuera, a todo sol”, cuenta Flores.

“Ayer sólo los tres concejeros regionales salieron por el frente, dando la cara. Los demás salieron todos juntos, por atrás”, añade.

El día sábado 4 de noviembre a las 11 horas en la Plaza de Armas de Copiapó la Comunidad Agrícola de Tototal convoca a quienes como ellos rechacen la instalación del complejo termoeléctrico Castilla.

El Ciudadano

Foto: Ibar Gonzalez

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