Reconoce Ayuntamiento falta de personal para vigilar venta irregular de alcohol

El Ayuntamiento de Puebla no cuenta con la cantidad suficiente de supervisores de la vía pública para regularizar la venta ilegal de alcohol en tianguis y mercados de la ciudad, reconoció el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.

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En entrevista, el alcalde de Puebla declaró que es prácticamente imposible poder verificar en un solo momento todos los sitios de venta de alcohol, incluyendo antros y restaurantes, por el número de funcionarios con los que cuentan para esa tarea.

A pesar de eso, el edil diferir con aquellos que han criticado el trabajo del gobierno municipal y la Secretaría de Gobernación (Segom) para controlar la venta de alcohol en puestos ambulantes, ya que aseguró que su administración no ha sido omisa ante este tema.

«Lo que he comentado es la cantidad de supervisores que se requerirían en el gobierno de la ciudad para verificar en un momento todos los antros, todos los tianguis, todos los mercados, todos los restaurantes, para verificar el uso correcto de las licencias o no licencias, respecto a que ellos puedan vender el alcohol, es prácticamente imposible«

Eduardo Rivera Pérez
Presidente municipal de Puebla

Consideró que la iniciativa recientemente aprobada en comisiones del Congreso del Estado para sancionar a funcionarios públicos que sean omisos ante la venta ilegal de bebidas alcohólicas tendrá que ser acatada en caso de quedar avalada en el Pleno, pues «es una ley para todos».

Rivera Pérez también mencionó que espera que esta ley pueda cumplir el propósito de inhibir el comercio irregular de estas bebidas y añadió que estará al pendiente de su discusión y posible aprobación desde el Legislativo.

¿Qué busca sancionar el Congreso?

La propuesta que plantea sancionar la inacción de funcionarios ante la venta de este tipo de bebidas fue presentada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, luego de haber documentado la venta de alcohol en la vía pública y por el caso de jóvenes intoxicados en el Salón Country de San Manuel, hechos por los que culpó al secretario de Segom, Jorge Cruz Lepe.

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La iniciativa de reforma consiste en modificar el Código Penal del estado para sancionar con dos a cinco años de prisión a funcionarios que incurran en omisiones o no atiendan reportes sobre el incumplimiento de la venta de bebidas alcohólicas.

También contempla castigar con dos a seis años de prisión, así como una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), a quienes vendan bebidas embriagantes “sin permiso o licencia de la autoridad correspondiente”.

Los clientes serían acreedores a una sanción de seis meses hasta un año de cárcel y una amonestación de 50 a 100 UMAS, es decir de 5 mil 187 a 10 mil 374 pesos.

Los funcionarios públicos que permitan estos negocios de venta de alcohol, a pesar de haber recibido denuncias por su operación, serán acreedores a una pena de dos a cinco años, así como una multa de 100 a 200 UMAS, hasta 20 mil 748 pesos.

El panista Eduardo Alcántara afirmó que su propuesta surgió ante las constantes denuncias de vecinos de la zona metropolitana, por la operación de bares clandestinos y puestos ambulantes con venta de alcohol, cómo las «micheladas» y «pitufos».

Foto: Archivo El Ciudadano

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