Sindicato de Investigadoras Catedráticas lucha por hacer historia en derechos laborales

El pasado 2 de junio, los periodistas Rodrigo Pérez Ortega e Inés Gutiérrez Jaber publicaron en la Revista Science un artículo inquietante. Su título: «Falta de humanidad: cientos de investigadores principiantes expulsados por la agencia científica de México«. En él, se acusaba que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estaba obligando a renunciar, de manera injustificada, a trabajadoras y trabajadores de la ciencia que laboraban para dicho consejo.

Como ejemplo, citaba el caso de la bióloga Adriana Gómez Bonilla, quien fue injustificadamente obligada a renunciar en 2018, aduciendo supuestas evaluaciones desfavorables de su trabajo.  A partir de entonces, Gómez Bonilla se convirtió en una activista en pro de los derechos laborales de los trabajadores de la ciencia contratados por CONACYT.

De acuerdo al artículo citado, el programa «Cátedras» de CONACYT contactaba a los investigadores con instituciones que les otorgaran un espacio de trabajo adecuado para su labor de investigación y docencia, y pagaba su salario por espacio de 10 años.  La finalidad de este programa es evolucionar las condiciones sociales mexicanas a partir de la producción de conocimiento, así como propiciar el paso hacia una economía fundamentada en el conocimiento científico.

Sin embargo, a partir de la llegada de María Elena Álvarez-Buylla Roces en 2018 a la dirección del CONACYT, las condiciones de trabajo han desmejorado sensiblemente para los científicos mexicanos adscritos a este programa.  En 2019, por ejemplo, diversos científicos que laboraban en el extranjero denunciaron que CONACYT les habría retirado las percepciones, lo que los forzó a regresar a tierras mexicanas, abandonando las investigaciones que se encontraban realizando en sus lugares de residencia.

También hubo casos en que los científicos se quedaron varados sin un quinto durante semanas o meses en los países donde desempeñaban sus investigaciones. 76 investigadores han sido reubicados, algunos de ellos hasta dos veces en espacio de medio año.

De acuerdo al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras del CONACYT (Siintracatedras), mientras que en el 2018 existían 1, 500 cátedras asignadas, actualmente han disminuido a 1, 076; por su parte, los proyectos de investigación han bajado de 982 a 664.

Dentro del cuerpo de investigadores, algunas voces alertan que de fondo podría existir la intención de desaparecer definitivamente el programa de cátedras.

¿Qué es Siintracatedras y cuál es su lucha?

El objetivo de Siintracatedras, sindicato registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es negociar ante el CONACYT las condiciones de trabajo de sus agremiados, toda vez que es mediante dicha institución que las juventudes científicas mexicanas pueden encontrar un espacio de inserción laboral a la altura de sus competencias.

En un comunicado a la opinión pública con motivo de la creación del sindicato, leído el 9 de marzo por distintos integrantes de Siincatedras, se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer a las instituciones científicas y humanísticas, cuya relevancia social se pone de manifiesto cada vez que sobreviene una crisis.

No se dejó de lado la importancia de fomentar para las nuevas generaciones un ambiente laboral propicio en el ámbito de las humanidades, la ciencia y la tecnología.

En entrevista con El Ciudadano, la Dra. Mónica Carrasco, investigadora especialista en Ciencias de la Salud afiliada  a Siintracatedras, comenta que el sindicato ha intentado desde marzo del presente año de establecer un diálogo constructivo con Elena Álvarez-Buylla y el CONACYT; sin embargo, fue hasta la publicación del mencionado artículo de la Revista Science que finalmente se accedió a sostener una exposición informativa -que no a un intercambio bilateral- por parte de CONACYT el pasado 9 de junio.

La psicóloga Carrasco percibe que, más que un diálogo, lo que CONACYT busca es dar una respuesta unidireccional al conflicto. En sus exposiciones, el Consejo hace énfasis en la libre elección de los proyectos de investigación y las modalidades;  sin embargo, evita a toda costa tratar los mecanismos de rescisión de los contratos, que es una de las principales preocupaciones del sindicato.

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Los investigadores contratados por CONACYT se rigen por la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente por el apartado «A»´del artículo 123 de la Constitución, mismo que desde la jurisprudencia 1/96 se ha declarado inconstitucional, dada la vulnerabilidad a la que expone a los trabajadores.

Por lo tanto, seguir reconociendo a los trabajadores de CONACYT mediante la Ley Federal de los Trabajadores del Estado y no por la Ley del Trabajo mantiene a los trabajadores de la ciencia en una situación de precariedad.

Hasta el momento, en Siintracatedras cuentan con el acompañamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por parte de la Secretaría del Trabajo. Además, otros sindicatos académicos han mostrado hasta el momento su solidaridad con Siintracatedras. Poco a poco, su campaña comienza a rendir frutos.

Evaluación vertical: guadaña para cercenar contratos de investigadores

Siintracatedras ha denunciado que los mecanismos de evaluación que utiliza CONACYT para con sus trabajadores son particularmente injustos. Entre los motivos más frecuentes por los cuáles el consejo rescinde los contratos se encuentran no haber ingresado al Sistema Nacional de Investigadores, o bien una inadecuada evaluación trianual o anual.

Además, lejos de ser las evaluaciones mecanismos objetivos para medición de logro, dependen en gran medida de la opinión institucional, misma que está en manos de los responsables de los proyectos, con quienes el investigador contratado se encuentra subordinado en una relación de poder. Esto significa que si el investigador subordinado no está de acuerdo con el mecanismo de la investigación o denuncia un conflicto de interés por parte del coordinador del proyecto, o incluso si no accede a regalar su trabajo incluyendo como coautor a alguien que no participó en la investigación, esto puede incidir negativamente en la evaluación que reciba.

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Además, en investigaciones que requieren trabajo de campo y que se vieron interrumpidas por las condiciones de confinamiento propias de la pandemia, muchos evaluadores no tomaron en cuenta esta circunstancia y otorgaron una nota desfavorable a los catedráticos correspondientes.

La promesa original: un cambio de paradigma desde las instituciones hasta las personas

En la exposición sostenida por Álvarez-Buylla el 9 de junio, se manifestó en contra de los mecanismos neoliberales de producción científica. Mónica Carrasco recibió con esperanza dicho discurso. Así lo recuerda:

“Cuando yo escuché eso, dije: bueno, me parece muy bien que valoren el potencial de los científicos jóvenes para que no se quede limitada nuestra actividad, nuestras propuestas, nuestra creatividad a un proyecto que se quedará muy corto.

Dentro del paradigma neoliberal, se le da más crédito al outsourcing, que es básicamente lo que estamos viviendo, muy precarizado en cuanto las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y solamente me interesa que produzca lo que a mí me conviene. Por lo tanto me parecía bien que al centrar en la persona la investigación científica se iría en el sentido de respetar los derechos humanos laborales”.

La crisis del financiamiento a la investigación científica: problema de fondo

De acuerdo al último reporte Unesco sobre Investigación y Desarrollo (noviembre 2020), México no se encuentra entre los 15 países que más desembolsan a nivel mundial en este rubro, toda vez que desembolsa 0.4% de su Producto Interno Bruto en este rubro.

Por otro lado, el presupuesto del CONACYT ha sido víctima de desvíos de fondos, tal como lo declaró en su momento Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia. Estos desvíos muchas veces han ido a parar a empresas privadas que ni reportes han presentado.

Además, CONACYT ha experimentado recortes notables a su presupuesto, que podrían repercutir en un efectivo desmantelamiento de la ciencia en México, tal como alertó el biólogo Antonio Lazcano Araujo en su editorial “Quo vadis, Mexican science?” en su editorial para la Revista Science –respondida más adelante por Álvarez-Buylla, quien fue acusada por Lazcano de querer acumular un poder sin precedentes en la estructura de revisión por pares-, donde además se da cuenta de una carta firmada por 11 mil científicos y entregada en Palacio Nacional, en la que se protestaba, entre otras cosas, por un recorte de 12% al presupuesto al CONACYT.

Por otra parte, en la convocatoria publicada el pasado marzo por CONACYT para realizar estudios en el extranjero, solamente se ofrecían para las áreas de cultura y salud, dejando fuera una enorme cantidad de disciplinas científicas. Por ello, y ante la protesta generalizada de la comunidad académica, Álvarez-Buylla, desde el Senado de la República, fue llamada a comparecer; de última hora, la intercesión de Morena la salvó y únicamente tuvo que presentar un informe en el que justificara la mencionada exclusión de áreas de conocimiento en el programa.

Por cierto que mientras Álvarez-Buylla escatima a la comunidad científica derechos laborales, se desvive por promover el ingreso del fiscal Alejandro Gertz Manero al Sistema Nacional de Investigadores.

Sin embargo, más allá de estos nubarrones que oscurecen el presente momento para la investigación científica en México, la investigadora Mónica Carrasco mantiene la esperanza.

“Sabemos que el gobierno actual quiere mejorar las condiciones laborales de sus jóvenes y de la gente que está en México. Por ello, creemos que podemos avanzar en ese diálogo constructivo en pro de nuestros derechos humanos laborales”.

El pasado 30 de junio, CONACYT finalmente reconoció a Siincatedras como sindicato y le recibió un contrato colectivo de trabajo, a negociarse a partir del próximo 10 de agosto. En un comunicado emitido en mismo día, el sindicato subraya la importancia de armonizar los instrumentos laborales que provee CONACYT “con la Constitución Política del país, así como con las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales”.

Mientras tanto, CONACYT se encuentra emplazado a huelga por Siintracatedras hasta el 27 de agosto de 2021; sin embargo, el sindicato ha manifestado su voluntad y esperanza de arribar a una solución consensuada antes de esa fecha.