En un operativo de alto perfil, autoridades federales de Estados Unidos detuvieron en Sandy, Utah, a los cuatro integrantes de una acaudalada familia estadounidense, acusados de encabezar una red ilegal de contrabando de petróleo desde México con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La red, valuada en 350 millones de dólares, representa uno de los casos más graves de “huachicol fiscal” detectado en la última década a nivel binacional.
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James Jensen, su esposa Kelly Anne y sus hijos Max y Zachary fueron aprehendidos el pasado miércoles 23 de abril en su mansión de 2,500 m² —valuada en 9.1 millones de dólares— como resultado de una operación conjunta coordinada por la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Impuestos Internos y cuerpos policiacos estatales. El arresto fue ejecutado por el equipo especial de búsqueda de fugitivos violentos del Servicio de Alguaciles, quienes ingresaron al domicilio tras derribar muros de concreto.
Según la acusación formal presentada ante la Corte de Distrito de Utah, la familia Jensen es señalada por participar en una conspiración criminal para introducir de forma ilegal 2,881 cargamentos de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos, con destino a una terminal de almacenamiento privada —Arroyo Terminals— propiedad de la familia en Río Hondo, Texas, cerca de Harlingen y Brownsville.
Las investigaciones, iniciadas hace más de un año, indican que la operación usaba documentación apócrifa que catalogaba el petróleo como residuos industriales, ocultando así su verdadero origen y naturaleza. Arroyo Terminals operaba en un terreno de tres hectáreas con acceso al Arroyo Colorado y contaba con infraestructura capaz de movilizar hasta 30,000 barriles por viaje.
Los ingresos producto de esta red eran posteriormente lavados a través de empresas fachada en México, muchas de ellas con licencias obtenidas mediante presunta colaboración con organizaciones del crimen organizado, incluyendo el CJNG, según versiones extraoficiales.
El viernes 25 de abril, James Jensen fue liberado con un brazalete de localización GPS, mientras sus familiares permanecen recluidos en el centro de detención del condado de Salt Lake. Las autoridades estadounidenses ya han iniciado el proceso para incautar los activos de la familia, incluidos 300 millones de dólares localizados en cuentas bancarias.
De ser hallados culpables, los Jensen enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión por los delitos federales de contrabando, lavado de dinero y conspiración.
La detención de los Jensen reaviva el debate sobre la creciente sofisticación del “huachicol fiscal” y los lazos entre crimen organizado y redes empresariales en ambos lados de la frontera. Según analistas, el caso podría marcar un precedente clave para futuros procesos judiciales contra estructuras criminales que operan en el ámbito energético.
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