La encuesta Criteria de abril 2026 muestra un escenario complejo para el Gobierno: desaprobación presidencial continúa en 49% y percepción mayoritaria apunta a que su proyecto de reconstrucción beneficia a grandes empresas. Aunque existe alto conocimiento de la iniciativa, predomina la incertidumbre y una evaluación crítica sobre sus efectos reales en empleo y sueldos.

Una querella por homicidio frustrado remece Ancud tras el violento ataque contra el gestor cultural Ricardo Tamayo y su librería “El Gran Pez”. El denunciado, Godofredo Rodríguez Pacheco, arrastra un historial ligado a ideología nazis, detenciones previas, conductas agresivas e infiltraciones en asambleas comunitarias. El caso reactiva alertas sobre violencia política, extremismo y seguridad en espacios sociales y culturales. A pesar de su gravedad, el querellado se encuentra en libertad.

En un sentido testimonio, el Lonko Guillermo Ñirripil desmonta la acusación de extorsión, explicando cómo el valor sagrado de la palabra mapuche fue utilizado como una trampa por latifundistas. Comunidades denuncian un patrón donde la negociación territorial se criminaliza para beneficiar a empresas forestales.

El Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, denunció que los recortes presupuestarios propuestos por el Gobierno, desmantelan la salud mental pública. Advirtió impactos graves en niñez, prevención del suicidio, pueblos indígenas y diversidad. Cuestionó el ajuste fiscal por afectar derechos fundamentales y exigió excluir estos programas de recortes, garantizando su continuidad.

El gobierno argentino de la Provincia de Mendoza, liderado por Alfredo Cornejo, envió a policías capacitarse en Israel sobre "lucha contra el terrorismo", encabezados por el comisario Mario Riili, denunciado por violencia institucional. CORREPI advierten que estos acuerdos criminalizan la protesta social, identificando al pueblo que lucha como "enemigo interno", replicando métodos represivos del Estado genocida.

Atentado terrorista con cilindro bomba en Cajibío, Cauca, deja al menos 7 civiles muertos y más de 20 heridos. El presidente Gustavo Petro responsabiliza a alias Marlon y a los frentes de Iván Mordisco, calificándolos de narcoterroristas y fascistas, y solicitó “la máxima persecución mundial”. CRIC aseveró por su parte, que los territorios indígenas “no son botín de guerra”

La comunidad mapuche pewenche Lob Rgaliko denuncia un violento desalojo el 23 de abril en Alto Biobío, donde el Estado chileno, junto a fuerzas especiales, incendió sus rukas y destruyó sus bienes. Califican el hecho como crimen de lesa humanidad y acto genocida, vinculado a latifundistas y al gobierno de Kast, mientras anuncian resistencia firme.

Amnistía Internacional advierte que los cimientos de los derechos humanos están siendo destruidos. El Informe 2025-2026 documenta violaciones globales, el avance coordinado de los antiderechos y, en Chile, graves deudas en verdad y justicia por el estallido social, alertando sobre indultos a agentes condenados. Asimismo, Rodrigo Bustos señala que la anulación del Decreto Ley de Amnistía y el levantamiento del secreto Valech, son deudas pendientes.

Recientemente, la Comisión de Intereses Marítimos del Senado escuchó al salmón gremio y a la delegada de Kast, Ericka Farías, quienes coincidieron en apurar leyes y rechazar planes de manejo. La comunidad Kawésqar, no invitada, denuncia que la calidad de aguas que la industria presume como propia es memoria ancestral indígena de 7,000 años. La reserva acumula 66 concesiones salmoneras.

Hacienda encabezada por el ministro Jorge Quiroz, ha instruido masivos recortes a programas sociales, pese a promesas de campaña de Kast de no tocar beneficios y derechos de la ciudadanía. Colegio Médico alerta sobre impacto en salud y el Colegio de Profesores denuncia riesgo de alimentación escolar. Gremios exigen diálogo y responsabilidad fiscal con equidad.