El primer ministro israelí es acusado de ataques deliberados contra civiles y el uso del hambre como arma de guerra. Si bien su gobierno intentó frenar el actuar de la Corte Penal Internacional argumentando que el organismo no tenía jurisdicción sobre sus territorios, la Corte respondió que “no es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que ésta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina”.