El presidente colombiano firmó un decreto que llama al pueblo a decidir sobre reformas estructurales en salud, educación y economía. Petro busca legitimar el cambio social mediante participación directa.

Mientras en Chile el debate sobre el aborto cobra fuerza, en América Latina la desigualdad es evidente: algunos países han avanzado hacia la legalización, mientras que otros lo criminalizan sin excepciones. En este informe, revisamos las leyes y cifras más relevantes para entender el estado del aborto en la región.

El presidente Petro ordenó revisar los protocolos de seguridad del senador

Tras atentado a Miguel Uribe, senador Iván Cepeda lama a un Acuerdo Nacional contra violencia política: “Hoy más que nunca es necesario llamar a los dirigentes políticos a hacer un alto en el camino, realizar una profunda reflexión que nos conduzca al diálogo sereno y para superar la violencia política que sigue frustrando la posibilidad de que seamos un país democrático y en paz”.

Exmilitares colombianos son acusados de tener nexos con el narcotráfico y de participar en un atentado en Michoacán que mató a ocho miembros de la Guardia Nacional. Petro condenó el hecho como traición a la patria.

El presidente de Colombia denunció un complot en su contra orquestado por “nazis colombianos y nazis norteamericanos”. Indicó que ofrecerá detalles de las acciones perpetradas por quienes lo "quieren muerto".

En una polémica sesión marcada por acusaciones de fraude, el Senado de Colombia rechazó la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de plebiscitar su reforma laboral, la cual buscaba reducir la jornada laboral a ocho horas diarias y terminar con la tercerización, entre otras medidas. Desde Bejing, el mandatario colombiano llamó a la ciudadanía a organizarse en cabildos abiertos para protestar contra "la corrupción" del Senado.

Petro destacó el escaso avance en la entrega de tierras a campesinos y la inactividad legislativa frente a la jurisdicción especial agraria, mientras la Agencia Nacional de Tierras denuncia amenazas y ataques de grupos armados que buscan impedir la restitución de tierras a sus legítimos dueños, revelando un complejo entramado de intereses que obstaculizan el proceso.

Las órdenes de captura se emitieron tras testimonios que los vinculan directamente con la recepción de sobornos, lo que llevó a la Corte Suprema a dictar medida de aseguramiento ante el riesgo de obstrucción a la justicia. Este caso revela la presunta utilización de recursos públicos para fines políticos y clientelistas.

La imputación de estos tres militares se enmarca en la investigación de la JEP sobre más de 6,400 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este nuevo paso busca romper la impunidad en un fenómeno sistemático donde jóvenes de bajos recursos fueron presentados falsamente como bajas en combate para inflar resultados militares.