Trabajo audiovisual reconstruye la historia del exprefecto de la Policía de Investigaciones de la provincia de Valparaíso, Juan Ramón Bustos Marchant. Más de 50 años le tomó a la familia desmentir la versión de la dictadura y demostrar que se trató de un homicidio y no de un suicidio. A 15 años de su exhumación y tras tres peritajes, el periplo cerró con una última e íntima ceremonia el 18 de diciembre de 2024.

La PDI detalló que uno de los imputados "habría utilizado predios forestales privados para efectuar la tala y sustracción ilegal de madera, que luego vendían a terceros como leña". Además, durante el procedimiento, se incautaron más de 430 kilos de carne de vacuno en proceso de faenamiento ilegal dentro del galpón de una vivienda, sin cadena de frío.

Organización Alza Tu Voz también cuestionó a la Delegación Presidencial Regional, pues 3 días antes les pidieron no realizar la actividad, que ya había sido autorizada y cuya convocatoria, por ende, estaba ampliamente difundida (17 hrs. afuera del GAM). Finalmente, en lugar de una marcha, les autorizaron solo un "plantón" pero en Plaza Italia, lo que terminó confundiendo a muchos de los participantes.

"No existe normativa legal ni reglamentaria para el reingreso inmediato del personal de nombramiento supremo que fue llamado a retiro temporal", indica el documento emitido por el Departamento de Personal de la institución uniformada, remarcando en ese sentido que Crespo "estuvo más de tres años desde que fue sometido a retiro temporal, lo cual se transforma en un retiro absoluto". "Por tanto, y en razón de las consideraciones previas expuestas, no resulta posible acceder a lo solicitado", concluye el escrito.

"Poder sacar de circulación una gran cantidad de recursos ilegales no solo fortalece el comercio lícito, sino que también vela por la sustentabilidad de especies de tanto valor como la macha, la cual solo puede ser extraída desde áreas de manejo autorizadas", señaló el director regional (s) de Sernapesca tras el operativo.

Siempre EEUU busca pretextos para que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de seguridad interior, lo que muchas de las veces ha conducido a la represión y un baño de sangre de la población civil. Esto es beneficioso para la potencia del norte, transforma a las Fuerzas Armadas en gendarmes de su propia nación, distrayéndose del verdadero tema donde debieran enfocar sus esfuerzos, que es la defensa de nuestra soberanía territorial.

Se trata de Aguas Pacífico, entre cuyos empleados está el excoronel de Carabineros Sergio Ocares, quien -según su cuenta en Linkedin- ejerce como encargado de Relaciones Públicas y Seguridad de la firma. La denuncia pide investigar si Ocares "utilizó su antigua jerarquía y sus contactos policiales para influir en procedimientos" a favor de su empresa y en desmedro de los vecinos que en algún momento tuvieron un conflicto con ellos, como ocurrió con Roberto Aravena, quien aseguró que el expolicía "da órdenes e incluso mueve vehículos fiscales".

"La corrupción instalada en las redes de poder no puede quedar fuera de esta cruzada contra el crimen organizado. El caso Hermosilla mostró cómo abogados, empresarios, autoridades y operadores con acceso privilegiado podían intervenir en asuntos que comprometían al sistema de justicia".

Kast anunció una nueva agenda en materia de seguridad que expanden el poder punitivo del Estado con medidas como patrullaje permanente en los 50 barrios más críticos, ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas, blindaje legal para las fuerzas de seguridad, refuerzo del control migratorio y una reforma constitucional que permite garantizar la intervención estatal

Desde la CGR recordaron que la normativa vigente solo permite una contratación adicional cuando se trata de funciones distintas. La investigación también detectó falta de control horario, trabajos particulares remunerados y pagos en exceso a funcionarios de la institución.