Declaración final del Foro Mundial de Cultivadores de Plantas Declaradas Ilícitas

En vísperas de la Asamblea de Naciones Unidas a realizarse desde el 10 de marzo en Viena, que revisará las políticas de drogas, en Barcelona se efectuó el primer Foro Mundial de Cultivadores de productos declarados ilícitos por tales políticas

En vísperas de la Asamblea de Naciones Unidas a realizarse desde el 10 de marzo en Viena, que revisará las políticas de drogas, en Barcelona se efectuó el primer Foro Mundial de Cultivadores de productos declarados ilícitos por tales políticas.

Al encuentro asistieron cultivadores de cáñamo, amapola y coca, de diversas partes del globo, quienes exigen a los gobiernos y comunidad internacional que se reconozca el carácter histórico de las relaciones entre plantas, seres humanos, pueblos y culturas, por lo que los Estados deben reconocer que dichas plantas son un patrimonio natural y cultural de la humanidad.

También llaman la atención sobre las políticas de erradicación forzada y de sustitución de cultivos y el derecho de las comunidades a cultivar plantas para satisfacer sus necesidades medicinales y culturales.

El Ciudadano reproduce íntegramente la declaración final del encuentro, apostando por un cambio en el actual enfoque represivo en políticas de drogas, que ha asolado ambiental y culturalmente nuestro continente, además de haber criminalizado prácticas culturales ancestrales y marginalizado los consumos de dichas sustancias.

DECLARACIÓN

Las personas presentes en el Primer Foro Mundial en Barcelona, España, desde el 29 al 31 de enero del 2009 en el Primer Foro Mundial de productores, representantes de productores y de grupos indígenas de África, Asia y América Latina, provenientes de varios países del mundo donde se producen tres plantas declaradas ilícitas – la hoja de coca, el cannabis y la amapola- queremos contribuir al proceso de evaluación UNGASS 1998-2008, con la siguiente declaración.

Considerando:

El articulo 17.1 de la Declaración Universal de los DD.HH establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”;

el articulo 1.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales (….) en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”;

el articulo 2.1.b de la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, llama a los gobiernos a desarrollar acciones con miras a proteger estos pueblos y debe incluir medidas: “que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”;

el articulo 7.1. del mismo Convenio establece que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”;

el articulo 15 del mismo convenio señala que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente”;

por ultimo, el articulo 11 de la Declaración de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre del 2007, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho ad mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas;

por ultimo, el articulo 24.1 dice que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener su propia practica de salud incluida la conservación de sus plantas medicinales”, y por ultimo, la Convención contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicos, del 1998, donde estipula en su articulo 14, inciso b: “Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”.

Declaran:

SOBRE LOS USOS TRADICIONALES, MEDICINALES Y CULTURALES:

Los gobiernos y la comunidad internacional deben reconocer el carácter histórico de las relaciones entre plantas, seres humanos, pueblos y culturas, y los Estados deben reconocer a tales plantas declaradas “ilícitas”, como patrimonio natural y cultural de la humanidad. En muchos de los países productores de tales plantas, existen usos tradicionales y culturales, aunque hay que tomar en cuenta las diferencias entre plantas, países y regiones de origen. Su uso medicinal responsable está intrínsecamente ligado a los conocimientos ancestrales, también satisface las necesidades básicas de salud y alimentación en algunos casos, forma parte de los medicamentos esenciales en las regiones productoras.

Exigimos el respeto que tienen las comunidades al derecho de cultivar plantas para satisfacer los usos mencionados anteriormente, no se debe criminalizar y/o penalizar a quien cultiva estas plantas. En todos los casos se deben reconocer otros usos benéficos de las plantas, ya sea en su estado natural o en sus derivados con fines industriales y/o comerciales.

Los pueblos originarios, y todos los demás productores de las plantas declaradas ilícitas, tienen el derecho preferente de la propiedad colectiva sobre las plantas y sus usos. Apelamos a una apropiación del conocimiento sobre tales plantas y sus usos por parte de los productores y consumidores.

Los y las productoras, debemos sensibilizar a la opinión pública a través de todos los canales posibles e incidir en la toma de decisiones sobre las políticas públicas sobre los usos de estas plantas.

SOBRE LA ERRADICACION Y CONFLICTO

En la gran mayoría de los países, la erradicación de cultivos se realiza de forma forzosa, manual o con fumigaciones aéreas, que hechas por fuerzas militares, policiales, milicias locales, incluso con la intromisión de gobiernos y empresas extranjeras, las que provocan la militarización de las regiones productoras y su relación con las políticas anti insurgentes, así como severas violaciones a derechos humanos de las poblaciones.

Rechazamos el uso de las fumigaciones aéreas, así como la criminalización de los pequeños productores, sea para usos tradicionales o para otros fines. La sustitución de los cultivos, solo puede realizarse como consecuencia de los resultados obtenidos en materia de desarrollo rural y previa consulta con los productores.

SOBRE DESARROLLO RURAL ALTERNATIVO

Los cultivos declarados ilícitos no deben considerarse como la causa de los problemas locales, regionales y nacionales, sino que representan un síntoma de problemas de desarrollo y crisis del sistema internacional y de los Estados nacionales.

Las experiencias con el modelo de Desarrollo Alternativo son por lo general negativas, con excepciones no tanto en la práctica como en su potencial.

Los proyectos de Desarrollo Alternativo no deben estar impuestos ni condicionados a la erradicación previa de los cultivos declarados ilícitos, ni a ningún otro factor que perjudique los derechos humanos de los cultivadores.

El Desarrollo Alternativo no debería estar enfocado sólo al aspecto económico, sino mucho más hacia el desarrollo humano integral. Eso requiere un derecho ciudadano que incluya el acceso a la salud, la educación, transporte y comunicaciones, acceso a la tierra y a su titulación, fomento de su producción y la seguridad alimentaria.

SOBRE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON EL ESTADO

Las asociaciones/ organizaciones de productores de plantas declaradas ilícitas en algunas regiones son fuertes, pero en otras incipientes, inexistentes o prohibidas por el Estado.

En muchos países, las relaciones con las autoridades de gobiernos son conflictivas; porque las autoridades no cumplen los pactos firmados.

Existe una influencia geopolítica de las potencias mundiales, que resulta negativa en la relación entre los productores y sus gobiernos.

Las organizaciones de productores deben ser tomadas en cuenta, deben ser parte de los debates y toma de decisiones, a todos los niveles; con sus propios gobiernos, donantes y la ONU.

Las organizaciones internacionales y los gobiernos deben reconocer y respetar que cada país tiene una realidad diferente y que ésta debe ser tomada en cuenta al momento de plantear políticas.

Barcelona, enero 2009.

+ INFO: http://fmpcdi.org


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