La trama tras la desistida demanda de Pérez Yoma contra el activista que lo acusó de usurpar aguas en Petorca

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El martes recién pasado el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, desistió continuar con la demanda contra Rodrigo Mundaca -secretario general del movimiento ciudadano de Petorca surgido en contra de los usurpadores del agua- que lo señaló como uno de los responsables de la sequía en la zona basado en los informes de las propia Dirección General de Aguas. A falta de antecedentes, Pérez Yoma no continuó con la causa, que a juicio de los lugareños responde a una estrategia de criminalización del movimiento. Pero el ex Ministro de Bachelet no es el único político con intereses en el agua de la zona. Hoy los ciudadanos han ganado una pequeña batalla, pero se preparan para otras mayores.

En abril pasado, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), asentado en la Provincia de Petorca, responsabilizó por diversos medios de comunicación al ex ministro Edmundo Pérez Yoma de ser uno de los responsables de la sequía que afecta a la zona desde hace años, y que afecta a 7 mil agricultores y unas 40 mil personas, las que incluso son abastecidas con camiones aljibes para el consumo.

Pérez Yoma se querelló por injurias contra el activista, tal como lo había hecho en 2008 contra Hugo Díaz, otro miembro de Modatima que lo acusó de lo mismo. Esa vez, el Ministro puso todo el aparato del Estado a su disposición, aun cuando la acusación no tenía que ver con su cargo: Sus  abogados fueron Carlos Chacón Figueroa (Ministerio del Interior) y Héctor Valenzuela Pepe (Gobierno Regional). Sus testigos, Eduardo Cerda Lecaros, alcalde de Cabildo; Eduardo Cerda García, concejal de la misma comuna y ex diputado; Hugo Yavar Oñate, seremi de Agricultura de la V Región y Julio Trigo Araya, gobernador de Petorca, todos camaradas democratacristianos. Esa vez, el juicio terminó con un acuerdo entre las partes.

Hoy la situación no es muy distinta  y, de acuerdo a Mundaca, incluso aparecía como testigo del ex Ministro, Rodrigo Weisner, ex Director nacional de la Dirección General de Aguas (DGA) durante el gobierno de Bachelet, y su abogado personal en la actualidad.

El martes recién pasado se iniciaba el juicio en contra del activista local, pero el demandante rehusó continuar. A juicio del acusado, la querella  “busca silenciar la lucha por el agua, silenciar a quienes hemos tenido la osadía de desafiar a los poderosos, visibilizando el conflicto que se vive en la provincia de Petorca”.

LOS INFORMES DE LA DGA

Tal como recopilara un reportaje de Francisco Marín en El Ciudadano, la Dirección General de Aguas dio a conocer varias irregularidades en el informe preliminar N°48 del 23 de febrero de 2011 y del informe N°49 del 28 de ese mismo mes.

Esa ocasión, la ingeniera fiscalizadora del organismo, María Inés Cartes, inspeccionó varios predios sobre los que caían acusaciones de robo de agua.

En su informe N°48, la dependencia afirmó que en el fundo Los Graneros, propiedad del cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann, hay “vestigios de la construcción de un posible dren en el cauce del río La Ligua”. La DGA cita, además, las declaraciones de agricultores que denuncian que este dren alimentaría a 42 pozos y nueve embalses, “los que serían abastecidos mediante cañerías que conducen el agua hacia los cerros de propiedad de la misma agrícola”.

El equipo fiscalizador verificó una captación ilegal de aguas en el estero Los Ángeles junto al predio El Cóndor, propiedad del propio ex ministro de Interior. Además, “se pudo constatar la modificación del cauce de dicho estero con motivos de la plantación de árboles frutales”.

En la ocasión, Pérez Yoma negó en la prensa las acusaciones e indicó que el Gobernador de la zona, Gonzalo Miquel –uno de los que se puso de lado de la ciudadanía movilizada- estaba tratando de culpar de la sequía a un pequeño grupo de agricultores.

Por otro lado, la DGA señaló que sobre el estero Alicahue pudo observar un pozo y un dren alimentador, obra que fue hecha por agrícola Liguana, de propiedad del ex intendente Marcelo Trivelli.

Asimismo, en el informe de la DGA del 28 de febrero (N°49) se sostiene que se encontró una captación de aguas subterráneas que tendría vestigios de tener un dren que conduciría aguas hacia un predio del diputado DC, Eduardo Cerda.

El 9 de febrero del año pasado, el Presidente Piñera responsabilizó al fenómeno de “La Niña” de la sequía, sin mencionar la intervención humana. Luego declaró ‘estado de emergencia agrícola’ en cinco comunas de la provincia de Petorca (La Ligua, Cabildo, Papudo (sector Pullally), Petorca y Zapallar (sector Catapilco); y en las comunas de Nogales y Putaendo.

Rodrigo Mundaca señala que la sequía aún continúa a niveles críticos. Las lluvias este año han arrojado 80 milímetros de agua en Petorca y cuatro en otras zonas, “pero esta no ha escurrido por los ríos, ya que los propios estudios del Ministerio de Obras Públicas han detectado más de 64 drenes que desvían el agua hace predios particulares”.

En relación a esto, explica que sólo han cursado multas que en grado máximo llegan a 20 UTM. Una vez pagadas, todo sigue igual “No se ha cerrado ni un dren, ni un pozo, la usurpación se mantiene”, afirma.

 

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CAUSAS

Según indican varios informes de Modatima, en La Ligua, Cabildo y Petorca, se destina el 90% de la superficie cultivada a la producción de paltas. En el 40% de la superficie cultivada los suelos no tienen aptitud de cultivo, fundamentalmente laderas de cerro, por lo que dicha actividad requiere la extracción y traslado de ingentes cantidades de agua.

Parte de ellas se están obteniendo por medios ilícitos como los enunciados en los informes de la DGA. Y, otra, al amparo del Código de Aguas vigente, y de decisiones de la DGA, que ha derivado en la entrega de aguas a grandes empresarios aún cuando las cuencas están agotadas (Petorca está agotada desde 1997 y La Ligua desde 2006).

Como explica el activista, Modatima solicita que la DGA realice una real y eficaz fiscalización; que sean clausurados los drenes clandestinos de los ríos Ligua y Petorca; que los créditos que mantienen los pequeños agricultores con el Indap sean condonados ya que las heladas y la sequía impiden cancelarlos; que la DGA no siga concediendo derechos de aguas en cuencas agotadas; que a los comités de agua potable rural se les asegure el agua; y que se derogue el Código de Aguas, herencia dictatorial que privatizó el recurso vital.

La Constitución Política de 1980 señala en su artículo 24, que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Un año más tarde, se formuló el citado Código de Aguas que propició la entrega gratuita y a perpetuidad, a grandes grupos económicos mineros, energéticos, agrícolas y forestales. Los Gobiernos de la Concertación continuaron la tarea privatizadora, entregando a empresarios el agua potable. Dicha tarea, fue concluida por Sebastián Piñera.

Modatima, además, diagnostica un modelo de producción que ha sido nefasto, en el que se identifican el monocultivo como estrategia de desarrollo, el uso irracional de los recursos naturales finitos, la falta de instrumentos de ordenamiento territorial, y la sobrequimización de los medios de cultivo, como características cuyos efectos se reflejan en la actual situación de su Provincia.

OTROS CASOS

La participación de políticos en la usurpación de aguas no es un hecho privativo de Petorca. En Chillán, informes de la DGA indican que en un fundo de propiedad del diputado derechista Rosauro Martínez, se construyó ilegalmente un tranque para acumular cuantiosas cantidades de agua, en una zona que también sufre la sequía.

En el norte, la minería requiere cada vez más agua y esta es cada vez más escasa. Según un informe (2007) de la consultora canadiense Golder Associates, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) el presente año. De hecho, el río Copiapó ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte chileno.

La diputada del PPD por Choapa, Adriana Muñoz, señaló que en el valle del Quilimarí “se vive una gran sequía y, sin embargo, han aparecido empresarios de Santiago, con permisos de agua fantasmas, que han convertido sus tierras recién adquiridas en verdaderos vergeles”.

El año pasado, Antofagasta se quedó más de dos semanas sin agua por fallas de la empresa Aguas Antofagasta, que realiza desalinización de agua de mar para proveer de vital elemento a la ciudad.

Por su parte, el diputado socialista por Valdivia, Alfonso de Urresti, sostuvo que en su zona, en otros tiempos caracterizada por tener una gran abundancia de agua, “hoy estamos con sequía”, responsabilizando al modelo forestal, y a la apropiación de las empresas hidroeléctricas.

LA LUCHA CONTINÚA

El martes, cientos de ciudadanos, algunos parlamentarios, artistas como Patricio Manns, y vecinos, acompañaron a Mundaca en el Tribunal de Garantía de La Ligua. A su juicio, los querellantes abandonaron la causa “porque su delito está comprobado”.

Aunque varios parlamentarios se han manifestado en favor de que las aguas vuelvan a ser un bien nacional de uso público no susceptible de ser privatizado y que se revoquen los derechos de agua concedidos en forma irregular, Mundaca considera difícil un apoyo irrestricto que se concrete en ley, dado los conflictos de interés de muchos de éstos.

La Cámara de Diputados aprobó el año pasado un proyecto de acuerdo que solicitaba al Ejecutivo revocar los derechos de agua que se han entregado en cuencas declaradas agotadas, y al Ministerio del Interior querellarse contra quienes resulten responsables de la usurpación de aguas en la provincia de Petorca. Sin embargo, no ha habido avances en esta materia.

“No han perdonado los créditos a los agricultores empobrecidos por la sequía. El INDAP entrega bonos de 100 mil pesos y bidones, y la DGA no ha revocado los permisos”, afirma el Secretario del Movimiento.

Por otro lado, señala que “el actual Gobierno ni los anteriores han tenido la voluntad de atacar el problema de fondo que es la privatización de las aguas, consideradas como un bien de capital, y que es un problema que se extiende al patrón de acumulación imperante”.

Por último, afirma que luego del pequeño triunfo que significó la demanda de Pérez Yoma, están estudiando acciones legales contra el Estado, específicamente contra la DGA, por notable abandono de deberes al no garantizar el acceso al agua de manera igualitaria.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano