Los beneficios para la economía chilena de contar con un sector cooperativo fuerte

Un beneficio incalculable es el que entregan  las cooperativas y comités de agua potable rural a sus vecinos y comunidades. En Chile los principales sectores económicos en los que se desarrolla la actividad cooperativa son en los servicios (55%), en las cooperativas agrícolas campesinas (28%) y en las de trabajo (14%). Resulta interesante que son las Cooperativas de Agua Potable Rural las más numerosas (158) de todos los rubros económicos, lo que es una señal de la relevancia que tiene o debería tener el Agua dentro del movimiento cooperativo nacional.

Los dirigentes de estas cooperativas tendrán una presencia relevante en el VI Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua que se desarrollará entre el 2 y el 4 de septiembre próximo en la localidad de Olmué, en la V Región.

LOS BENEFICIOS DEL COOPORATIVISMO PARA CHILE

Víctor Caro, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach y ex director del Centro de Economía Social y Cooperativa de esa casa de estudios, sostiene que para cualquier país contar con un sector cooperativo fuerte tiene una serie de beneficios sociales y económicos porque el cooperativismo promueve la solidaridad y, por tanto, valores que son deseables por cualquier sociedad. En términos más prácticos, las cooperativas permiten la inclusión social y económica de un sector importante de la población que, de otra forma, quedaría excluida de una serie de servicios que, en muchos casos, son vitales, como lo es el agua potable o la electricidad.

El académico señala que “la esencia de las cooperativas es romper con la lógica mercantil imperante, poniendo al centro de su atención al ser humano por sobre la maximización económica, respetando el medioambiente. Esto permite que en esos espacios donde el mercado no llega (por desinterés o falta de rentabilidad), exista una institución que se ocupa del bienestar de la comunidad. Por otro lado, permite la inclusión y democracia económica, como es el caso de las cooperativas agrícolas y otras, que les permiten a los pequeños agricultores unir sus fuerzas y comercializar sus productos en mejores condiciones frente a los intermediarios.»

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Sin embargo, durante las últimas décadas en nuestro país no habían existido políticas públicas que fomentaran el sector cooperativo y tampoco se ha actualizado el marco jurídico sobre el cual opera el sector, lo que, según Victor Caro “es una camisa de fuerza para que el movimiento despliegue todas sus capacidades para aportar al desarrollo inclusivo del país”.

Afortunadamente, relata el académico, “esta situación está cambiando en esta nueva administración de gobierno en que se ha creado una División dentro del Ministerio de Economía que es dirigida por un reconocido académico y cooperativista, Mario Radrigán, quien ha impulsado el desarrollo de una agenda de trabajo muy interesante, en forma participativa y que ya ha generado algunos resultados concretos para el sector. Hay que seguir de cerca este proceso porque es lo que por años se ha esperado desde el sector cooperativo nacional”.

Para el experto, los desafíos institucionales para el sector cooperativo son de tipo legislativo y de políticas públicas y, a su vez, al interior del movimiento cooperativo.

En el área legislativa se requiere modernizar la legislación vigente, disminuyendo las barreras y burocracia para la conformación de nuevas cooperativas, facilitando así la permanencia y crecimiento de las cooperativas existentes.

Víctor Caro señala que debiesen crearse programas de promoción directa hacia el sector, así como iniciativas estatales que apoyen el desarrollo de emprendimientos individuales o asociados al capital. Deberían potenciarse líneas de trabajo en las agencias públicas de fomento productivo que apoyen el desarrollo de emprendimientos sociales en general y, en particular, del modelo cooperativo que ha dado muestras de su fortaleza organizacional y económica por décadas.

Desde el interior del sector, el académico observa dos fenómenos que deberían ser atendidos: 1) mayor visibilidad pública respecto del aporte al desarrollo que generan las cooperativas y 2) modernización de sus procesos de participación interna, que es uno de los factores de democracia económica que las distingue de las empresas de capital. Se deben buscar alternativas para facilitar los mecanismos de participación de todos sus socios y, en ese mismo sentido, un desafío relevante es motivar la participación de jóvenes en los órganos de administración y representación. Sin jóvenes en el movimiento cooperativo, éste está destinado a la extinción, concluye el docente.

El Ciudadano