36 organizaciones no sometidas al control del Servel gastaron $119 millones en redes sociales en campaña por el Rechazo

Según una investigación realizada por Ciper, entre el 1 de mayo y el 30 de julio, 29 páginas en Facebook e Instagram pagaron un total de $116,7 millones para difundir contenido a favor del Rechazo.

36 organizaciones

Al menos 36 organizaciones, que no están sometidas al control del Servel, gastaron aproximadamente $119 millones de pesos en la difusión de mensajes en redes sociales, en rechazo o favor de la propuesta constitucional, entre el 1 de mayo y el 30 de julio, lo que incluye 26 días del período legal de campaña, iniciado el 4 de julio.

Según una investigación realizada por las periodistas Macarena Segovia, Nicolás Sepúlveda y Ignacia Herrera para Ciper, estas organizaciones difundieron su contenido en las redes sociales como Facebook e Instagram, tras el escándalo de Cambridge Analytics.

«Del total de gasto en estas dos redes sociales por parte de organizaciones no inscritas en la campaña, las que se inclinan por el Rechazo lideran por lejos: $116 millones versus $661 mil de las que apoyan al Apruebo», señala la investigación.

En el caso del apruebo, detalla Ciper; podría variar tras un aporte realizado por el diputado Vlado Mirosevic. Pese a que no se conoce la cifra en pesos, se menciona que pudo haber aportado menos de 1.100 dólares, lo que equivale a 906.000 pesos al cambio actual.

«Si Mirosevic hubiese ocupado ese monto completo, el gasto asociado al Apruebo crecería a cerca de $1,6 millones», señala el medio de investigación.

También aparece el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien tiene tres publicaciones ligadas a la discusión constituyente.

Una incluye una imagen del Apruebo que es el banner de su fanpage de Facebook. Esta publicación estuvo durante tres días en circulación, con un importe de $50 mil.

En concreto, solo cinco de las 36 organizaciones, realizaron campaña a favor del nuevo texto constitucional.

Publicidad y altos gastos a favor del Rechazo

Según la investigación realizada por Ciper, las campañas que no están reguladas por el Servel incluye programas audiovisuales, los cuales son promovidos por grupos que se oponen a la propuesta constitucional redactada por la Convención.

Estos grupos – detalla el reportaje – estarían asociadas exministros y funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, la Cámara Chilena de la Construcción, partidos de derecha, un sobrino del exministro Andrés Chadwick, entre otras.

«También hay periodistas que participan en este tipo de espacios, como la conductora de Meganoticias y del matinal de Mega, Soledad Onetto. Ella aparece como anfitriona de un espacio financiado por la Cámara Chilena de la Construcción que en todos sus capítulos tiene como único invitado al excandidato a convencional (en cupo Evópoli) Alejandro Fernández, quien entrega argumentos a favor del rechazo».

Varias organizaciones que están vinculadas al Rechazo comenzaron su campaña en redes sociales, cuando la Convención Constitucional estaba en funciones para redactar la nueva Carta Magna.

De igual forma, Ciper develó que, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, un total de 29 páginas de Facebook e Instagram difundieron contenido crítico de la propuesta constitucional y exhortaron a votar por el Rechazo.

La Fundación Pacto Social es una de las organizaciones con mayor inversión en Facebook e Instagram en el periodo revisado, con un monto total de $14.061.177.

Pacto Social promovió la iniciativa Actívate, enfocada – a su consideración – en informar sobre el nuevo texto legal.

El director de la campaña es Alejandro Fernández, exdirector ejecutivo del Instituto Estudios de la Sociedad (IES) y ex funcionario del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Fernández alega que «buscó la imparcialidad» en la campaña, sin embargo; en una de sus publicaciones destacan que “el borrador de la Nueva Constitución propone crear Sistemas de Justicia paralelos para los Pueblos Indígenas. Así, dos chilenos, dependiendo de su etnia, serían juzgados de manera distinta por el mismo asunto. ¿Te parece justo? #Actívate. Infórmate, difunde, propone”.

 “Una cosa es no tener campaña y la otra es no tener una posición. Me pareció que es mucho más honesto decir que somos críticos. Tratamos de ser lo más objetivos e imparciales. Pero, evidentemente, todos tenemos ciertos sesgos”, señala Fernández, citado por Ciper.

La cuenta en redes sociales de la Fundación Ciudadanos en Acción es una de las más activas fuera de la campaña legal.

En los últimos tres meses hizo un gasto total de $3,6 millones y entre sus publicaciones destacan las opiniones de portavoces del Rechazo, como Iván Poduje, Mario Waissbluth y los ex convencionales Fuad Chahín (DC) y Bernardo Fontaine Talavera, vocero y coordinador de la Franja Ciudadana por el Rechazo, que incluye a partidos de derecha y organizaciones civiles.

Sigue leyendo: DC se querella contra el rostro del Rechazo Fuad Chahín por malos manejos administrativos

También se detectaron aportes por parte de Nuevo Camino ($9 millones), la Fundación Acción Educar, fundada por el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa y Miguel Bejide, excandidato UDI; tiene una inversión de $3,2 millones, entre otros.

Asimismo, se hace mención al caso del exconvencional de utlraderecha Martín Arrau (UDI), quien según Ciper «registra un gasto aproximado en Meta de $2,9 millones desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio. En su cuenta se muestran 14 publicaciones vinculadas a la Convención y al texto de nueva Constitución antes del periodo legal de campaña»

Investigación del Servel

Desde el Servel informaron que están investigando estas irregularidades.

“La fiscalización efectuada, a esta fecha, para el Plebiscito Constitucional ha permitido detectar propaganda en redes sociales no declarada en el marco de las obligaciones de las entidades participantes del financiamiento; propaganda en redes sociales sin que las entidades participantes del financiamiento y propaganda registren aportes; y propaganda en redes sociales de entidades no registradas ante Servel, principalmente”, señalaron en respuesta a las preguntas del medio de investigación.

De igual forma, detallaron que se está realizando la investigación bajo reserva, para así evaluar los procedimientos administrativos sancionatorios.

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