La narcodictadura de Pinochet: El tráfico de drogas como origen de la fortuna del tirano

“En este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.

Augusto Pinochet

Autor: Jorge Molina Araneda

Augusto Pinochet se hizo multimillonario a través de la producción y tráfico de cocaína, según su exmano derecha Manuel Contreras, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Según una reportaje publicado en La Nación (2006), Contreras hizo llegar por escrito sus acusaciones contra Pinochet al juez Claudio Pavez, magistrado que investigaba el asesinato, en 1992, del coronel Gerardo Huber, y el tráfico de armas a Croacia.

Contreras afirmó que la cocaína era fabricada en un complejo químico que el Ejército posee en la localidad de Talagante, por el químico Eugenio Berríos, quien también pertenecía a la DINA y fue asesinado en Uruguay, a principios de la década de 1990.

El encargado de distribuir la droga en Estados Unidos y otros países, así como de depositar posteriormente las ganancias en las cuentas que Pinochet poseía en diversos bancos internacionales, era -de acuerdo a Contreras- el sirio Monser Al Kassar, al que también se le ha vinculado con terrorismo.

La cocaína que fabricaba Berríos, según Contreras, era de la variedad denominada «negra» o «rusa», indetectable con los métodos tradicionalmente utilizados por la policía.

Afirmó además al juez que había decidido colaborar con él por el aprecio que sentía por el coronel Gerardo Huber, cuyo asesinato fue vinculado al contrabando de armas a Croacia descubierto a principios de la década de 1990, durante la guerra de los Balcanes.

Para mayor abundamiento, nueve meses antes del Golpe de Estado, Manuel Contreras, ultraderechista y máxima autoridad del Ejército en San Antonio para fines de 1972, realizaba un trabajo de inteligencia gigantesco junto al movimiento Patria y Libertad y otros conspiradores que pretendían derrocar a Allende. Dentro de este escenario, centenares de civiles y uniformados nacionalistas trabajaban bajo su mando en todo el país. De esta forma, y según detalla el periodista Rodrigo De Castro, en su libro La delgada línea blanca: “Al cabo de pocas semanas (tras el 11), Contreras manejaba más información que todos los aparatos de seguridad. En esos días decenas de militares civiles de Patria y Libertad entraron a formar parte de la Brigada de Inteligencia Ciudadana de la futura Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”.

El periodista Manuel Salazar confirma estos hechos: “En pocos meses, incluso antes del decreto que la legalizó en junio de 1974, la DINA contaba con miles de informantes pagados en todo el país. Manejaba clínicas, oficinas de telecomunicaciones, bufetes de abogados, empresas de fachada de diversa índole, un centro de estudios económicos con más de veinte economistas, agencias de viajes, empresas de transportes, grupos operativos de asalto, y diversos centros de detención en todo el país. Antes de que el cuerpo de generales del Ejército que organizó el golpe militar se diera cuenta, la DINA se había transformado en un verdadero gobierno paralelo”.

Con todo esto, ¿cómo financiar esta clase de operaciones? Los viajes y las misiones diplomáticas fueron una buena chance para generar lazos…y también ganancias. Bastó que Contreras instalara a sus hombres en las embajadas de Chile más estratégicas, en las oficinas del salitre (Soquimich) y del cobre (CODELCO), en Europa y EE.UU., y también en LAN, donde muchos pilotos y azafatas se transformaron en agentes y correos de la DINA fuera del país.

Fue dentro de estas acciones, que Contreras envió a Europa al teniente coronel Hugo Prado Contreras. La misión era clara: fortalecer la red internacional de la DINA con alguna organización de criminales de guerra, grupos paramilitares y terroristas de extrema derecha, sectas y asociaciones secretas que muchas veces, amparadas por servicios de inteligencia, recurrían al secuestro, la extorsión, el asalto de bancos y al tráfico internacional de armas y drogas para solventar sus propios gastos.

Fruto de estas relaciones, llegó a Santiago Stefano Delle Chiaie, que en 1970 había sido encomendado a formar células terroristas en Italia, y que más tarde habría sido señalado como el contacto de la mafia siciliana con las dictaduras latinoamericanas. Delle Chiaie había gestado nexos con José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que permitirían el atentado contra Carlos Prats en Buenos Aires. Michael Townley, el agente estadounidense de la DINA que perpetró el asesinato, fue premiado con una vivienda adquirida por dicha institución en Vía Naranja; una exclusiva calle en las faldas de la Cordillera.

En ese lugar, el norteamericano tenía bajo su mando a dos bioquímicos, siendo Eugenio Berríos uno de ellos: pieza clave de Contreras para su proyecto de guerra química y biológica, y a quien se le descubriera tras huir, en 1991, un laboratorio para la elaboración de cocaína. Una historia que no terminó bien, en 1995 un grupo de pescadores descubrió en una playa cercana a Montevideo el cuerpo de Berríos. “Lo encontraron con dos balazos en la nuca, las manos amarradas con alambre, y enterrado boca abajo”,  describe Salazar.

En la investigación de los asesinatos de los agentes de la DINA Gerardo Huber y Eugenio Berríos quedaron en evidencia algunas redes. Huber trabajó con Michael Townley en la fabricación de armas químicas. Le destinaron al Complejo Químico del Ejército, en Talagante, donde incluso las ofició de gobernador. En 1991, en la Dirección Logística del Ejército, estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. El dictador Augusto Pinochet estaba al mando de este tráfico por el que recibía «comisiones» a través de compañías offshore y de fachada. Cuando se descubrió el tráfico ilegal de armas chilenas en Budapest, Huber fue asesinado poco tiempo antes de que atestiguara. El bioquímico Berríos fue asesinado en Uruguay por miembros de los ejércitos chileno y uruguayo.

Berríos, implicado en el caso Letelier, producía la mítica cocaína negra, además del gas sarín. Aún se investiga su participación en la muerte de Eduardo Frei Montalva. Berríos fue ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupación Quetropillán, dependiente de la Brigada Mulchén de la DINA. Vivió en la casa de Townley, en Lo Curro, donde mantenían un laboratorio. A fines de la década de 1970, Berríos se integró al Complejo Químico Industrial del Ejército.

Cuando comenzó el negocio de la cocaína y la pasta base en Chile, la élite del narcotráfico se codeaba con la alta sociedad de Viña del Mar, donde «la figura» era el empresario Manuel Losada, cuyo naviero Harbour fue descubierto por guardacostas de Estados Unidos cargando cinco toneladas de cocaína del Cartel de Cali. Se sabe, asimismo, que el narco Carlos Zuluaga- representante del cartel de Cali y después del de Medellín en Chile- tenía de “contacto” a un coronel de inteligencia militar.

Traían cocaína del exterior para reelaborarla en Viña del Mar donde la transformaban en cocaína líquida para enviarla a Estados Unidos en botellas de vino. También en Viña del Mar vivió el narco peruano Máximo Bocanegra, exagente de inteligencia militar y amigo de Vladimiro Montesinos. Todos eran íntimos de Berríos y de exagentes de la DINA y la CNI. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) y llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Haití) o Islas Canarias. Hoy se sabe que Pinochet mantenía cuentas secretas en el Banco Riggs y otros proveídas con recursos de la Casa Militar, por 20 millones de dólares.

El 6 de febrero de 1975, Townley y su esposa llegaron a Miami con la misión de fortalecer los lazos con los grupos anticastristas cubanos que, junto con los neofascistas italianos, conformarían el brazo armado de la DINA en el exterior. En Miami, el anticomunismo extremo había sido absorbido por la mafia ítaloamericana y sus redes de comercio ilegal de drogas. Grayston Lynch, adiestrador de la CIA, dice en el periódico de Florida St. Petersburg Times, en 1982, que para los cubanos expertos en inteligencia, sabotaje y penetración de fronteras, el tráfico de drogas era un juego de niños.

A partir del año 1977, funcionarios del Gobierno de James Carter, a raíz de la violación sistemática de derechos humanos en Chile, presionaron al gobierno de Pinochet para terminar con las actividades de la DINA, financiadas con el narcotráfico. (“Cocaine Politics”, 1998). En ese período, la DEA buscaba con urgencia a Alfonso Rivera, personaje que monopolizaba la producción de pasta base y cocaína en Perú, y que habría contado con el contacto de un alto oficial del Ejército de Chile según un informante de la propia DEA (“The Underground Empire”, 1986).

Saul Landau y John Dinges, periodistas estadounidenses, escriben en su libro Assassination on Embassy Row, acerca del asesinato de Orlando Letelier: “Pinochet entregó a la DEA un avión lleno de traficantes de cocaína detenidos después del Golpe Militar. El Gobierno de Allende, recién derrocado, fue culpado de tráfico. Contreras pudo así colocar a sus propios hombres en los laboratorios de cocaína y en los puntos de distribución, bajo la protección de la DINA. Las enormes ganancias fueron destinadas a fortalecer el presupuesto clandestino de la DINA”.

El tráfico de drogas aparecería desde el comienzo de la investigación: “Donde el FBI ponía los ojos, había droga. Pero nosotros no estábamos preocupados del tema de las drogas, estábamos investigando el asesinato de Letelier y Ronnie Moffit. No le dimos mayor importancia”, señaló Landau.

En el segundo lustro de la década de 1970, las agencias antinarcóticos de Estados Unidos contaban con una serie de antecedentes que vinculaban a la inteligencia militar chilena con el narcotráfico internacional.

Casi toda la información que existe sobre la historia de las relaciones de la DINA con grupos narcoterroristas cubanos, se reduce a las investigaciones del FBI en torno al caso Letelier y las declaraciones otorgadas por Townley a la justicia de EE.UU.

En este sentido, la visión de Rodrigo de Castro es categórica: “Todos los narcos que hablan, mienten. Son verdades a medias. Es evidente que algo hay. Si tú tienes muchas piezas, inferir las que te faltan no es tan difícil”. En su libro, escribe:

“A la luz de las conexiones de los cubanos con el narcotráfico, las confusas explicaciones dadas por Otero, Morales y Bosch (el primero, espía de la DISIP, inteligencia venezolana; Morales, narcotraficante; y Bosch, dirigente cubano anticastrista, que habría sido recibido en Chile por el propio Pinochet en el edificio Diego Portales, en 1974. Todos implicados en el caso Letelier) al FBI sobre su ruptura con la DINA, parecen más bien la consecuencia de una simple disputa entre gánsteres por el robo de mercadería o una desavenencia por el control territorial de un determinado mercado de drogas”.

Según detalles proporcionados por aquel periodista, “ministros en visita encargados del caso Riggs abrieron cuadernos especiales para dedicarse exclusivamente a la veta del narcotráfico. Avanzaron muy poco. No sé por qué. Si acaso fuese probado judicialmente, se trataban de todos delitos prescritos. Habían pasado por lo menos 10 años”.

El relato y sus detalles no dejan de sorprender: “El General Toro, el primer director de la PDI que designó Aylwin, forma un núcleo de confianza, porque muchos funcionarios de Investigaciones estaban involucrados en narcotráfico. Hasta que llegaron al tema de Bathich, y se encontraron con que éste estaba protegido por la inteligencia militar”. Yamal Edgardo Bathich Villarroel era el primo y representante en Chile del sirio Monzer Al Kassar, uno de los traficantes de armas y drogas más poderosos del mundo.

Marco Antonio Pinochet -hijo de Augusto Pinochet- y Bathich eran amigos desde fines de la década de 1970. Yamal había tenido negocios con Pinochet: compraron chatarra a la División de Chuquicamata de CODELCO, y cuando Marco Antonio regresó a Santiago, coincidieron como empresarios en varios negocios. La empresa Bathich Motoren Limitada, dedicada a la importación y venta de motores usados diésel era uno de ellos. Marco Antonio era representante en Chile de la línea de lanchas Chaparral; se lo veía en las oficinas de la empresa de Yamal: Las lanchas Chaparral se comercializaban en Chile a través de Bathich Motoren Ltda, predecesora de Focus Chile Motores S.A. El abogado Héctor Novoa Vásquez (hermano de Jovino Novoa) se encargó en 1986 de constituir en Panamá la United Trading Motors Corp., sociedad que hizo el aporte del 90% del capital de la empresa de Bathich. En abril de 1988, por decreto de la Dirección de Aeronáutica, Chile Motores S.A. consiguió el funcionamiento de un helipuerto en sus terrenos. Los aparatos podían moverse sin que las torres de control de la aeronáutica civil fueran informadas necesariamente.

A fines de 1989, Jesús Ochoa Galvis se había instalado en el país. Se trataba del primo de los Ochoa Vásquez, una de las familias que manejaba el cartel de Medellín. Ellos mantenían relaciones con Monzer Al Kassar: era algo que había quedado establecido en procesos judiciales. Lo que llamó la atención de Toro una vez devuelta la democracia, fue su cercanía con Yamal Bathich. Ochoa todos los días iba a las dependencias de Focus Chile Motores S.A. y, por otro lado, Héctor Novoa aparecía como el rostro legal de las empresas de Ochoa, mientras presidía el directorio de Focus Chile Motores. Los otros dos directores eran Bathich y Alex Jacob Neder.

Al no prosperar las investigaciones de Toro debido a las presiones, actuó el Servicio de Impuestos Internos (SII). Llegó un inspector a hacerle una auditoría a Focus Chile Motores, que era en realidad de Monzer Al Kassar. En efecto, tras el breve arresto de Bathich en el aeropuerto de Barajas en España junto a Monzer Al Kassar, el SII llegó a las dependencias de Focus, donde descubrieron irregularidades. Pero fiel a esta historia, el fiscalizador a cargo le pidió a Alex Jacob un soborno de $35 millones para llegar a un arreglo. Sin embargo, y a pesar de que dicho dinero fue pagado, el funcionario del SII, a cambio de solucionar el problema de raíz, pidió $200 millones más. Un hecho que significó su posterior detención y la sorpresiva llegada de más fiscalizadores hasta Focus, a quienes se les negó la entrada. Acto seguido, Carabineros se trasladó hasta el recinto, donde vieron documentación contable desordenada y signos de que parte de ésta había sido retirada. Pero no era la única sorpresa: en la oficina de Jacob, hallaron una UZI con visor láser, dos escopetas Winchester, un revólver Astra calibre 3657 y 200 cartuchos sin percutir.

Finalmente, el personal del SII selló los muebles con documentación y clausuró las dependencias. Eran las 3 AM. por lo que dejaron a una pareja de Carabineros de guardia hasta el día siguiente. A las 9 de la mañana se encontrarían con varios sellos rotos y muestras de papeles incinerados. Tanto Bathich como Neder y Ochoa se encontraban prófugos. Sin embargo, Héctor Novoa fue declarado reo casi de inmediato. “Se declaró deprimido, lo metieron en una clínica, y así evitó pasar por la cárcel”. En 1999, Bathich, Novoa y Jacob fueron multados y condenados a penas inferiores a 302 días de presidio.

Otro añadido, Frankell Baramdyka, infante de marina de Estados Unidos, que traficó droga y dinero en el Caribe bajo órdenes de oficiales norteamericanos en beneficio de los “contras” estaba casado con una chilena, accionista de la pesquera Redes del Pacífico. Baramdyka llegó a ser gerente general de esta empresa pantalla que “exportaba” droga. Baramdyka aseguró que sus “contactos” colombianos se abastecían de materias primas para la elaboración de cocaína en el Complejo Químico Industrial del Ejército. Dijo también que la CNI organizó en Europa una red de venta de cocaína y que en 1987 organizaron vuelos con embarques de cocaína disimuladas en envíos de bombas de racimo.

Según De Castro, “si la DINA y agentes de la CNI estaban metidos, también los peruanos lo estaban. Si no lo hacías, quedabas fuera. Eso es la gran hipocresía de la guerra contra las drogas. Por una parte, se gastan sumas millonarias en combatirlas; y, por otra, el mismo Estado se dedica a amparar el narcotráfico por motivos políticos […] En este contexto global, el que los servicios de inteligencia militar chilenos hubiesen participado en narcotráfico… no podían no hacerlo. No lo estoy justificando, sino que estoy hablando de cómo son las cosas”.

No es coincidencia que, finalmente, durante los años en que la cocaína y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia, en estos países se vivían sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor, y admiraban la metodología de la DINA, y que, además, respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas y abultar la cuenta bancaria de Pinochet.

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