Cámara de Diputados aprobó por mayoría informe que rechaza Acuerdo SQM-Codelco

El Acuerdo directo SQM-Codelco por el litio fue rechazado por el pleno de la Cámara de Diputados al votar a favor informe de Comisión Investigadora.

Con una abrumadora mayoría la Cámara aprobó el Informe de la Comisión Investigadora del Acuerdo SQM- Codelco con 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

El informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara concluyó que el pacto con SQM está está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo. Dicha comisión estuvo integrada por parlamentarios de las distintas bancadas, siendo aprobado el informe final por 11 votos a favor y una abstención.

Si bien el Informe no es vinculante, es un duro traspié a la política minera desplegada por Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, quien desde hace dos años embarcó a la cuprífera estatal a concretar un acuerdo con la empresa de Julio Ponce Lerou, el que permite prolongar su participación en la explotación del litio del Salar de Atacama hasta el año 2060, a través de un trato directo, a cero pesos y sin licitación de por medio.

Acuerdo SQM con Codelco subsidia con 5.200 millones de dólares a herederos de Pinochet

Pese a las gestiones desplegadas desde el Ministerio de Minería y Codelco en las últimas semanas para reducir el apoyo al informe de la Comisión Investigadora, los 97 votos de respaldo fueron transversales. Se pospuso la votación durante semanas, y hasta se encargó una encuesta a Cadem que fabricó un supuesto apoyo mayoritario, publicada en las horas previas de una votación.

Sin embargo, los datos duros que fueron apareciendo en las sesiones de la comisión investigadora, comenzaron a dar cuenta de que el “histórico acuerdo” promovido desde la Moneda desde abril de 2023, más que incorporar al Estado en la explotación del carbonato de litio, con la propiedad de un 49,99% en manos de SQM, perpetua el negocio mal habido durante la privatización de las empresas públicas por la familia Ponce Pinochet, explotando un recurso estratégico.

Un cálculo, hecho por el economista Camilo Lagos, dio cuenta que el acuerdo acaba subsidiando a SQM e implica una pérdida de 5.700 millones de dólares para el patrimonio público. También se detectó que pese a la gran cantidad de recursos invertidos por Codelco en asesorías legales en el proceso de negociación, se omitían recursos claves como el potasio, el uso de la maquinaria que está fuera de las instalaciones en el Salar de Atacama, compromisos exigibles de tecnología limpia e industrialización local.

APOYO TRANSVERSAL AL INFORME: Acuerdo SQM-Codelco rechazado

Reconocidos parlamentarios oficialistas, como Karol Cariola, Luis Cuello, Emilia Schneider y Gael Yeomans aprobaron el informe de la comisión investigadora. Así como también independientes como Carlos Bianchi, el ecologista Félix González e integrantes de partidos de la ex-concertación, como el radical Tomás Lagomarsino y los socialistas Jaime Naranjo, Marcos Ilabaca y Emilia Nuyado, entre varios otros. Por la derecha se cuadraron con la aprobación, destacando los votos de Catalina del Real (Partido Republicano), Andrés Longton (RN) y Karen Medina (PDG). Incluso diputados que hasta semanas atrás eran defensores de la política minera del gobierno, como Diego Ibáñez, respaldaron la iniciativa. El conteo dio cuenta que el rechazo al acuerdo SQM Codelco es transversal en los partidos políticos.

Los votos en contra fueron de los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Jaime Mulet (FRVS), quien recientemente compitió como precandidato presidencial en el pacto de gobierno.

Entre las abstenciones, llama la atención que gran parte fueron de parlamentarios de la UDI, seguidos por socialistas y del PPD, lo que se conecta con que dichos partidos durante décadas fueron financiados por SQM. Se abstuvieron los UDI María Luisa Cordero, Henry Leal, Eduardo Cornejo, Sergio Bobadilla, Cristian Moreira y Guillermo Ramírez, actual presidente del partido de derecha. Así como también los socialistas Arturo Barrios, Raúl Leiva, Daniel Melo y la PPD, Helia Molina. Rubén Oyarzo, de Partido de la Gente, también se abstuvo.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Durante la sesión de este lunes el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Cristián Tapia (ex-PPD) sostuvo que en un comienzo “todos los que estábamos en la comisión investigadora estábamos en acuerdo con la Política Nacional del Litio anunciada por el presidente. Nos presentaron que íbamos a tener una empresa nacional del litio, que íbamos a tener un Instituto Nacional del Litio, para capacitar jóvenes y trabajadores, pero nada de esto queda en evidencia”.

Tapia recalcó que “estos contratos tienen que beneficiar al país, como Estado no nos debemos sentar a negociar con una empresa que financió ilegalmente la política, no quiere pagar el impuesto específico a la minería, le debe más de mil millones al Estado”.

En tanto, Matías Ramírez (PC), integrante de la Comisión Investigadora, comentó que en lo esencial se determinó que “nunca debió suscribirse el acuerdo”. El diputado destacó que fue abogado querellante en los casos de financiamiento irregular de la política. Luego preguntó:

“¿Y qué hacemos hoy? Le entregamos el litio, ese mineral estratégico para el futuro de nuestro país, para la transición energética, para la soberanía nacional a la misma empresa. A la misma red de poder que corrompió la política chilena por años. ¿Acaso se nos olvidó quién era Ponce Lerou? El mismo que se enriqueció durante la dictadura y que usó a SQM como caja pagadora de campañas, de favores y de operadores”.

Luego agregó que “esto no se trata sólo de una mala señal, se trata de una oportunidad perdida. El gobierno tenía la posibilidad histórica de crear una empresa pública del litio, de luchar por ello y sentar soberanía sobre un recurso que no era solamente estratégico, sino vital para el futuro de nuestro modelo productivo. Y en vez de eso se optó por una fórmula que perpetua el extractivismo controlado por privados corruptos, bajo el pretexto de la ventana de oportunidad”.

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Si bien el diputado Ramírez reconoció que se amplia la participación del Estado y se incluye el compromiso con comunidades, considera que “mientras el control efectivo del salar siga en manos de una empresa como SQM, con su historia, con sus vínculos, con sus pasivos ambientales y políticos, ese discurso se vuelve frágil. No basta con decir que hay más Estado cuando seguimos sometidos bajo la lógica del capital concentrado. El informe que hoy entregamos recoge parte de estas tensiones”.

LAS PÉRDIDAS EN EL SALAR DE MARICUNGA

Por su parte, el diputado Andrés Celis Montt (RN), comentó que “la relación comercial entre Codelco y SQM ha derivado en una de las grandes falencias que ha demostrado tener el manejo del litio en nuestro país recalcando que se estaban “dejando atrás principios de eficiencia y estrategia”.

Agregó que para la explotación del litio y del cobalto, “se requieren políticas claras, precisas y de cara al país, sobre el destino y la administración de este vital elemento. El acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM no mira el interés del país”, sino que “al parecer interés de quienes integran este entramado de relaciones comerciales”.

Celis defendió la facultad del Parlamento en fiscalizar, llamando la atención sobre las nuevas estructuras societarias creadas en el acuerdo, como la Minera Tarar. A su juicio “no se realizó un examen de conveniencia y de oportunidad en la celebración de este tipo de acuerdos”, lo que da cuenta de que “las autoridades técnicas y políticas no velan por los intereses financieros del país. Las conclusiones de la Comisión Investigadora son claras: alguien debe responder”.

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El diputado Cristián Tapia también destacó que la comisión no sólo revisó el acuerdo entre Codelco SQM, sino que también la compra del Proyecto Salar Blanco en Maricunga, “comprado a 236 millones de dólares, si ni un activo , no tiene ni una pala, ni una carretilla. Además, hay una demanda en el Tribunal Ambiental de pueblos indígenas. Codelco nos respondieron que esto es una apuesta, por lo que si perdemos plata, pierde todo el país”.

También el presidente de la comisión investigadora dio cuenta de que el resultado al interior de dicha instancia de 10 votos a favor y 1 abstención, daban cuenta de que “nadie está de acuerdo con este contratos. Quienes están de acuerdo con este contrato creen que el litio les pertenece a Ponce Lerou y a la familia Pinochet”.

Para el diputado Tapia se debe realizar una licitación. “Queremos que se haga licitación abierta, transparente y el recurso quedar en manos de todos y todas las chilenas. Nos estamos jugando el futuro del país, de las generaciones que nos van a decir por qué el 2025 se pusieron la venda a los ojos y dejaron que se firmara un contrato que recién empieza el 2031”.

“Si nos concentramos sólo en el litio estamos perdiendo plata”

Finalmente, también habló el diputado René Alinco (PPD), quien sostuvo que “no es posible que se esté regalando nuestras riquezas básicas a empresas privadas. Lo primero que debía haber hecho este gobierno es recuperar SQM para el Estado chileno; al contrario: le entrega una de las principales riquezas para enfrentar la nueva era”.

“Es una alta traición a la patria y al pueblo de Chile”- remató.

El diputado también rescató la unanimidad en la comisión para rechazar el acuerdo Codelco SQM, pese a las diferencias políticas e ideológicas, llamando a consultar a expertos para determinar qué se sebe hacer para recuperar el litio para todos los chilenos.

Ramírez, por su parte, sostuvo que “ahora le toca al país decidir si el litio será público, democrático y soberano o seguiremos recibiendo las migajas que dejan las transnacionales”.

El mensaje al Ejecutivo, según el diputado Cristián Tapia, es claro: “como parlamentarios queremos pedir al Presidente de la República que instruya a Codelco a que no se firme este contrato. Es un acuerdo antipatriota”.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano