Las recientes declaraciones de Matías Muñoz, uno de los imputados por el caso Farmacias Populares, de que habría sido presionado por la fiscal Giovanna Herrera para mentir e incriminar al ex-alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a cambio de ser dejado en libertad, dan cuenta de un similar mecanismo utilizado contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo 580 días en prisión tras haber sido condenado sin más prueba que una delación compensada por el ex-juez Sergio Moro.
En ambos casos, a falta de pruebas robustas se presionó a procesados en el caso con altas condenas, a no ser que acusaran a Lula en Brasil y a Daniel Jadue en Chile. El mecanismo usado fue la delación compensada, siendo utilizada tanto por la fiscal Herrera contra el ex-edil, como por el ex-fiscal del caso Lavajato, Deltan Dallagnol.
Una investigación por sobornos de las constructoras brasileñas fue tomado por Dallagnol, quien direccionó las pesquisas en acuerdo con quien debía juzgar posteriormente la causa, el ex juez Sergio Moro. El objetivo para incriminar al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), quien había sido dos veces presidente de Brasil y era el favorito en las elecciones de 2018. Moro usó sus prerrogativas como juez para empujar el impeachment seguido contra Dilma Rousseff en 2016, a través de la divulgación de conversaciones obtenidas fuera de plazo legal y editadas de tal modo de implicar a la ex-presidenta; así como posteriormente la prisión del ex-mandatario, sentencia dictada en julio de 2017, haciéndose efectiva en abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones que culminaron con el triunfo de Jair Bolsonaro.
La publicación del medio Intercept Brasil de los mensajes que intercambiaban a través de Telegram los fiscales con el juez que juzgaba al líder petista, a partir de junio de 2019, dieron cuenta de una coordinación indebida entre quienes debían investigar y quien juzgaba, entregando Moro asesoramiento estratégico y redes con los medios de prensa a los persecutores para construir el caso (1). En cambio, en Chile, recién se empieza a destapar la oscura trama que mantiene en la actualidad a Jadue bajo arresto domiciliario.
Según declaraciones recientes del ex-secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), Matías Muñoz, dadas a Radio Bío Bío, la fiscal le dijo “dígame que usted estuvo en una reunión con Jadue, que Best Quality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadue”, a cambio salir en libertad. Luego de haber entregado el testimonio que asume como falso hoy en día, a los pocos días salió en libertad (2).
EL MECANISMO DE DELACIÓN PREMIADA
La delación premiada con rebaja de condena fue una posibilidad inserta en la legislación de Brasil al calor de las protestas de Junio de 2013, bajo el gobierno de Dilma Rousseff. Bruno Lima Rocha, cientista político y profesor de relaciones internacionales brasileño, cuenta que dicha legislación fue una de las tantas incorporaciones de figuras legales imitando a Estados Unidos, ligadas al Proyecto Puentes, operación que se inició en febrero de 2009, cuando Hillary Clinton asumió el Departamento de Estado norteamericano y se orientó a formar juristas latinoamericanos especializados en investigar la corrupción.
“Se inaugura esta modalidad durante la operación de lawfare de Lavajato – comenta Bruno Lima Rocha– y funciona así: un tipo está siendo investigado y el investigador, sea fiscal o el juez, llegan a un acuerdo que antes en la ley brasileña no era permitido, que permite la rebaja de la condena a cambio de información. El persecutor le dice al acusado: mira tú, te rebajo la condena, de 10 años pasa a tres, o te cambio el régimen de cumplimiento de la pena,de régimen cerrado a abierto”.
Brasil fue el primer blanco en que se usó este tipo de recursos jurídicos para intentar incriminar a un rival político de Estados Unidos. Pese a la sonriente recepción de Barack Obama, dando abrazos a Lula en Naciones Unidas, por detrás Clinton con apenas 20 días en el gobierno, en calidad de secretaria de Estado, “establecieron una oficina de Hemisferio Occidental de las Américas, el proyecto Puentes, de alto interés para el departamento de Estado y que se encargaría de buscar conexión con juristas, jueces, fiscales, comisarios de policía y operadores fiscales interesados en pulir el crimen de elite”- cuenta Lima Rocha.
Del mismo modo, estos fiscales anti corrupción “también podían criminalizar el modelo económico y el modelo político de un país -según prosigue el analista- Y así lo hicieron en Brasil, en donde la modalidad de la delación premiada ganó impulso con el chantaje organizado por jueces y magistrados, fiscales y todos juntos, alimentados por el FBI operando el Brasil. El objetivo era Petrobras, por lo que se concentraron en dicha empresa petrolera”.
Deltan Dallagnol, ferviente militante de la Iglesia Bautista, en la misma época en que se afanaba en buscar pruebas para incriminar a Lula, defendía la delación premiada en un artículo publicado en una revista del conglomerado mediático de la Globo, en julio de 2015, diciendo que “es como si el investigador caminase dentro de un laberinto y a cada paso se topase con muchos caminos posibles. La colaboración es una oportunidad para que el investigador espíe por encima del laberinto y descubra los mejores caminos, aquellos con mayores posibilidades de éxito en la recolección de pruebas” (3).
LAWFARE O PERSECUCIÓN JUDICIAL
El lawfare se caracteriza por usar el brazo de la justicia como arma para invalidar a un actor político, realizado a partir de múltiples acusaciones, bloqueos de bienes, divulgaciones selectivas a través de prensa implicada en destruir la carrera del acusado. El objetivo es inviabilizar la defensa y crear en la sociedad un clima de culpabilidad. Así, los procesos judiciales son meros procedimientos, a los cuales se les da espectacularidad mediática, estando las condenas ya determinadas.
Quien fuera abogado de Lula durante el proceso del Lavajato, Cristiano Zanin, en conversación con El Ciudadano días después de obtener la libertad de su defendido, comentó que “desde el inicio del proceso contra el presidente Lula, verificamos que no estábamos dentro de un proceso y una investigación normal. Nos enfrentamos a lo que denominamos como Lawfare, que es el uso estratégico del derecho para obtener fines ilegítimos, incluso en el campo político. Efectivamente, de esa manera, la operación Lavajato fue conducida siempre enfocada en el ex presidente Lula, buscando alcanzar su reputación y sacarlo de la vida política”.
Desde el año 2016 la defensa de Lula comenzó a acusar faltas al debido proceso. Cristiano Zanin, quien hoy integra la Corte Suprema de Brasil, contó a El Ciudadano cómo enfrentó la defensa en un juicio en el cual el juez Moro orientaba las investigaciones de los fiscales para incriminar a Lula, negociando con condenados penas permutables si es que incriminaban al ex presidente. Incluso, debió sufrir la intervención telefónica del acusado, de toda su familia, y también del mismo como abogado y de todos los 25 colegas de su oficina Teixeira, Martins y de todos los clientes de estos, unos 300 en total.
Al otro lado, en la cresta de la ola y siendo promovidos por Transparencia Internacional, Deltan Dallagnol, defendía estas formas de investigación con ínfulas de sentar una doctrina. En 2017 publicó ‘A luta contra a corrupção. A Lavajato e o futuro de um país marcado pela impunidade’. Tras condenar a Lula, el juez Moro era representado en muñecos que transformaban su cuerpo en un súper héroe norteamericano, salía en las portadas de las revistas, en tanto Dallagnol y su equipo de fiscales pagaban avisos gigantescos en carreteras auto felicitándose y proyectaba hasta construirse un monumento.
En 2019, Cristiano Zanin junto a su esposa, Valeska Teixeira, publicaron el libro ‘Lawfare: uma introdução’, una de las primeras aproximaciones desde una experiencia como abogado defensor que enfrentó una guerra jurídica. En noviembre de ese año, la Corte Suprema brasileña, la misma que aplicó la sentencia dictada por Moro, se vio obligada a revocar la condena.
Mientras preparaba ese libro, en conversación con El Ciudadano, Zanin explicó que la guerra jurídica “consiste en el uso estratégico del derecho para obtener fines políticos y opera en las mismas dimensiones de la guerra tradicional. De este modo, en el Lawfare se escoge la jurisdicción más favorable de la misma forma como en la guerra se escoge el campo de batalla. También se escoge la legislación a ser utilizada del mismo modo como se elige un armamento en la guerra tradicional”.
Además de estar en cautiverio durante 580 días, Lula fue impedido de concurrir a las elecciones presidenciales de 2018, pese a ser favorito en las encuestas. Su prisión pavimentó la llegada al poder en Brasil del ultra-derechista Jair Bolsonaro, quien dijo que su llegada al poder “no hubiera sido posible” sin la operación dirigida por Sergio Moro, a quien nombró como ministro de Justicia.
Zanin comentó a El Ciudadano que en el proceso seguido por Dallagnol y Moro “se veía una motivación política muy clara. El Lavajato usó las acusaciones para obtener fines políticos. Tanto así que el calendario del Lavajato estaba vinculado al calendario político del país”.
En tanto, en Chile, el procesamiento contra Jadue se realizó cuatro años después de las primeras acusaciones y en pleno contexto de definición de candidaturas presidenciales, lo que implicó que el Partido Comunista decidiera bajarlo de la postulación.
La abogada Anjuli Tostes en un artículo que es parte de la preparación de un libro sobre el Lawfare comenta que este procedimiento “actúa como un mecanismo de disciplinamiento político, destinado a excluir del escenario institucional a quienes promueven proyectos de transformación social, al tiempo que desincentiva la participación política de quienes buscan impulsar cambios estructurales en la sociedad”(4).
Anjuli Tostes fue Jefa de la Asesoría Especial de Participación Social y Diversidad de la Contraloría General de la Unión (CGU) brasileña. Tiene formación en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia (2010) y licenciada en Derecho por el Centro Universitario de Brasilia (2014), realizando además diplomados en la Universidad de Lisboa y de Zurich. En la actualidad es compañera de Daniel Jadue.
El mecanismo del lawfare, añade la jurista, sincroniza acusaciones con ciclos electorales para maximizar su impacto. Así la persecución judicial “se afianza en contextos de alta polarización política, donde la confrontación entre proyectos progresistas y conservadores se intensifica. En Brasil, tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, se abrió un ciclo de ofensiva institucional contra liderazgos de izquierda, marcado por el uso político del sistema judicial. En Chile, el estallido social de 2019 desencadenó una fuerte reacción conservadora ante el avance de propuestas transformadoras, generando un clima favorable para la instrumentalización de instituciones judiciales debilitadas”.
Lula fue condenado en julio de 2017 y encarcelado en abril de 2018, seis meses antes de las elecciones de octubre de 2018.
En Chile, la querella contra Daniel Jadue fue en octubre de 2021, seis meses después de haber competido en las primarias del actual conglomerado de gobierno, en donde alcanzó el 39.4% de los votos. No hubo grandes progresos en la investigación comandada por la fiscal Herrera hasta mayo de 2024, cuando fue formalizado y se dictó prisión preventiva, cinco meses antes de las elecciones municipales y casi un año antes de las elecciones primarias. La imagen ampliamente divulgada por los medios fue el ex-alcalde de chaleco amarillo de imputado y esposado, luego detenido en la cárcel Capitán Yáber y, en la actualidad, con arresto domiciliario.
EL TERCER TESTIMONIO ES EL VENCIDO
A fines de 2016, Leo Pinheiro, quien fuera presidente de la constructora OAS, recibía por segunda vez el rechazo de sus declaraciones de parte de la Fiscalía en el proceso que investigaba el sobre pago de precios y prácticas de corrupción de las principales agencias de ingeniería de Brasil. Se pesquisaba el pago de 87,6 millones de reales en sobornos para obtener contratos de Petrobras. El proceso con el tiempo se le llamó Lavajato, en referencia al lugar en que se juntaban los implicados para el intercambio de dinero, la gasolinera Posto da Torre, en el centro de Brasilia.
Iniciadas las investigaciones en marzo de 2014, en los siguientes siete años se extendieron 1.450 órdenes de aprehensión, 179 acciones penales, 174 condenas de empresarios y políticos del más alto nivel. Sin embargo, en un ex presidente que para el 2018 era favorito en las elecciones se concentraron los ojos de la Fiscalía de Curitiba, o más bien el grupo denominado Forza Tarefa, dirigido por un fanático evangélico del sur blanco de Brasil, el fiscal Deltan Dallagnol. Poco a poco, dicho grupo fue concentrando el proceso originario en Brasilia y que habían tomado jueces de São Paulo, con el claro objetivo -según se supo en los mensajes de texto y audios enviados entre fiscales y el juez, filtrados a partir de 2019- de incriminar a Lula da Silva.
Pese a las pesquisas, que intentaban vincular el pago de sobornos a través de la compra de un sitio en Atibaia, Guaruja, hecho por Lula a un amigo; una espectacularizada operación para citarlo a dar testimonio a su residencia en São Bernardo do Campo a las seis de la mañana con los canales de televisión concertados para transmitir en directo a todo el país, la confiscación de sus documentos y patrimonio, además del allanamiento del Instituto Lula, cuatro días antes de presentar el Ministerio Público Federal (MPF) las acusaciones contra el ex presidente, intercambios entre el juez que debía seguir el caso y el fiscal que lo investigaba por Telegram, daban cuenta de que no tenían prueba alguna para vincular el apartamento en el balneario de Guarujá con el esquema de sobornos que se estaba investigando.
De igual modo decidieron seguir adelante con el proceso e incriminar a Lula, presentando ante la prensa un sofisticado Power Point en que, escondiendo la falta de pruebas, produjeron un esquema en que todas las flechas acababan dirigidas contra el ex presidente, al que acusaban de 17 delitos. Al momento de hacer la conferencia de prensa, Dallagnol, con tono de pastor evangélico, presentó al líder petista como “el máximo comandante del esquema de corrupción más grande en la historia brasileña”.
Las pruebas usadas fueron reportajes de prensa producidos por la red Globo y una delación de Leo Pinheiro, de la constructora OAS, que tras ser amenazado con una pena de 26 años de cárcel y la pérdida total de su patrimonio, pese a que en tres declaraciones anteriores había excluido a Lula del esquema de sobornos, esta vez desesperado, en abril 2017, mudó su primera versión incriminando al líder del PT, acusándolo además de destruir pruebas.
“Al final tendremos un buen día”- fue el mensaje mandado por Moro a Dallagnol.
El testimonio de Leo Pinheiro fue crucial para la condena del expresidente.
Otras 70 delaciones premiadas producidas en la investigación Lavajato jamás mencionaron a Lula en el esquema de coimas.
Pese a no presentarse pruebas -según destacó el reconocido periodista Reinaldo Azevedo, quien pese a ser antipetista siguió de cerca el proceso y perdió el empleo en tres medios de comunicación por reconocer que no había hechos que dieran cuenta de que Lula recibió sobornos- el juez Moro condenó al ex presidente “por su íntima convicción” de que participó en el esquema de fraudes a Petrobras bajo la categoría de “corrupción pasiva” y “hechos indeterminados” de lavado de dinero.
Azevedo comentó que “el juez era, en efecto, el jefe del grupo de trabajo de fiscales que preparaba la acusación de Lava Jato. Esto significa que, aparentemente, desempeñó dos funciones incompatibles en un estado de derecho: procesar y condenar simultáneamente”.
La primera condena establecida a Lula por el ex juez Sergio Moro, fue a nueve años y medio por “corrupción pasiva”, no estando dicha condena en relación a los años impuestos a un delito tipificado, sino que fue una cruel ironía de Moro. El abogado y hoy integrante de la Corte Suprema de Brasil, Cristiano Zanin, contó que ya en las conversaciones que hacían los fiscales con el juez por Telegram, Lula “era llamado como “nove” (nueve), en referencia a la pérdida de un dedo que tuvo el ex presidente en un accidente de trabajo cuando era obrero”.
Varios otros medios brasileños se sumaron a desentrañar los mensajes y audios obtenidos por The Intercept. Folha de São Paulo publicó en Junio de 2019, mientras Lula estaba preso en el cuartel policial de Curitiba que, irónicamente, él mismo había inaugurado, diálogos entre los fiscales realizados en agosto de 2016, en los que discutían respecto del primer testimonio dado por Leo Pinheiro, cuando dijo que “sin pedir nada a cambio”, ofreció a Lula un departamento de tres pisos en Guarujá como un regalo, pero que el líder petista no aceptó la oferta.
Una de las fiscales, Anna Carolina Garcia, preguntó si “¿hay una cuenta clandestina de Lula?”, recibiendo tres respuestas negativas de Jerusa Viecili, Ronaldo de Queiroz y Sérgio Bruno Cabral, lo que generó la insatisfacción de Deltan Dallagnol, congelando seguir con la delación premiada de Pinheiro.
Una segunda intentona tampoco tuvo los resultados que arduamente esperaban. Sin embargo, para el tercer interrogatorio, en abril de 2017, Pinheiro finalmente dijo lo que querían escuchar: que el departamento fue remodelado para ser entregado a Lula, que había una cuenta para pagar sobornos al PT (pese a que no se presentaron documentos de giros y la cuenta no registra este tipo de transacciones a personas ligadas al PT o al expresidente) y que no tenía pruebas para sostener lo que decía porque el propio Lula lo habría instruido para destruirlas.
Con esta declaración en la mano los fiscales se afanaron en cómo iban a darla a conocer a los medios, ocasión en la que Dallagnol llamó a que “pensemos en el timing de ese nuevo acuerdo, para que no parezca que fue un premio por la condena a Lula”.
Leo Pinheiro, condenado originalmente a 16 años de prisión, vio reducir su pena a 3 años y 6 meses.
“LULA ERA EL ASUNTO”
En Agosto de 2019, Nelma Kodama, contrabandista de divisas condenada a 18 años de cárcel en el marco de la investigación Lavajato, sostuvo en una entrevista que todos los detenidos en el proceso sufrían presiones y ofrecimientos de ser liberados a cambio de involucrar a Lula en el esquema de sobornos de Petrobras.
“Lula era el asunto, yo no soy de ningún partido y no hablo de política y sí de delitos. Había este tipo de conversación entre quienes querían salir de la prisión”- dijo Kodama a Radio Bandeirantes sobre las negociaciones de delaciones premiadas llevadas a cabo por la fiscalía dirigida por Dallagnol.
“Cuando uno está preso hace cualquier cosa para salir. Llega un punto en que hablás hasta de tu mamá porque la presión es muy grande. A veces hay gente que habla de lo que no sabe, entonces mentís en tu confesión, si no no salís de la cárcel”- sostuvo.
Kodama fue esposa de Alberto Youssef, cambista ilegal quien delató que lavaba dinero de Paulo Roberto Costa, un ex director de la petrolera Petrobras que respondía al Partido Progresista, en donde militó hasta el año 2017, Jair Bolsonaro. Youssef le regaló hasta un auto de lujo a Paulo Costa. Detenido en marzo de 2014, en noviembre de 2016 salió para cumplir prisión domiciliaria los siguientes cuatro meses. Originalmente había sido condenado a 120 años de cárcel, pero al acogerse a la delación premiada mientras era mantenido recluido en Curitiba, en donde pasó dos años y ocho meses, logró reducir su condena.
“NOS INTERESA CAGARNOS A JADUE”
Las declaraciones dadas a la semana por Matías Muñoz, ex-secretario ejecutivo de la Achifarp, a radio Bío Bío abren la interrogante respecto de presiones de la Fiscalía para incriminar a Daniel Jadue.
A iniciativa de Daniel Jadue, cuando era alcalde de Recoleta, se fundó el 15 de Octubre de 2015 la primera Farmacia Popular, destinada a entregar medicamentos a bajo costo a la población, idea que rápidamente fue copiada por otros alcaldes, llegando a sumar en su mejor momento a 170 comunas, con un total de 212 establecimientos farmacéuticos, lo que exigió la creación de la Achifarp con el fin de gestionar la adquisición y distribución de medicamentos.
Era primera vez que un ente estatal asumía proporcionar un servicio a la población hasta ese momento en manos del mercado, en un país cuya constitución restringe al Estado en varias iniciativas. Incluso alcaldes de derecha, como Joaquín Lavín (UDI) replicaron la iniciativa y buscaron sacarse una foto con Jadue. En tanto, el municipio de Recoleta avanzó en la creación de la Óptica Popular, la librería popular Recoletras y una Inmobiliaria que arrienda departamentos a los vecinos de la comuna a precio justo. En 2016, Jadue fue reelecto con el 56% de los votos, aumentando en 2021 al 64 por ciento.
La Farmacia Popular despertó de inmediato el rechazo de los grandes conglomerados farmacéuticos, los que arrastraban un serio rechazo en la opinión pública. Tres años antes de echarse a andar las farmacias populares, en 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) culminó multando a las farmacias Cruz Verde y Salcobrand por coludirse para mantener alto el precio de 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Farmacias Ahumadas, que también fue cómplice, había llegado a un acuerdo anterior con la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Las tres cadenas controlan el 90 por ciento del mercado.
Según datos municipales, las farmacias populares redujeron el costo de los medicamentos en un 70% (4). Un estudio dirigido por Juan Pablo Atal, profesor asistente de Economía en la Universidad de Pensilvania, publicado en 2024, comenta que su instalación significó una caída significativa de los precios de los medicamentos de hasta un 66%, cayendo las ventas de las farmacias comerciales en apenas un 4% (5).
Matías Muñoz entró entre agosto y septiembre de 2020 como jefe comercial de Achifarp para asesorar a Daniel Moraga, secretario de la asociación. En noviembre de ese año asumió como secretario ejecutivo con la misión de gestionar una deuda de casi 3 mil millones de pesos y una deuda con SENADIS por un proyecto no ejecutado por 100 millones de pesos correspondiente al año 2019. La gestión deficitaria era producida por compras exageradas a varios proveedores y no cobrar a los municipios, según la versión de Muñoz.
Comenta que pudo gestionar la rendición de cuentas correcta a SENADIS, asoció a otros 50 municipios, logró recaudar más de 700 millones de deuda y comprometer pagos pendientes. Según el mismo contó a la radio Bío Bío, “el alcalde te dice por ejemplo, necesito que haya una farmacia popular para que todos puedan acceder. ¿A quién contrato? ¿Cuánto le pago? ¿Cómo compro? Es una decisión mía. En el día a día de las compras y ventas Jadue no existía”.
Sin embargo, una propuesta de pago de una deuda que tenían con Best Quality en enero de 2022, no fue aceptada por dicho proveedor, pese al pago de 400 millones de pesos, recurriendo a una acción judicial en la que acusaron al ex edil de haberlos engañado y haberle exigido una coima en alcohol gel y mascarillas a cambio de convertirlos en los principales proveedores. La empresa luego denunció a Achifarp por una deuda de más de mil millones de pesos. Muñoz afirmó que le dijeron en la oportunidad:
“No nos interesa la plata, nos interesa cagarnos a Jadue”.
“De una deuda que cualquier empresa puede tener se transforma en un caso en que después de cuatro años te dan prisión preventiva. Si es por deuda, estaríamos todos presos en Chile. Fue un caso mediático que tuvo una investigación de cuatro años para llegar a una audiencia de formalización en que el 70% de los delitos de los que se habla son falsos”- comentó Muñoz en la reciente entrevista.
“Yo creo que esto es un caso político. A mí no me cabe la menor duda de que estoy envuelto en un caso político”- sentenció.
EL TESTIMONIO QUE DEFIENDE LA FISCAL GIOVANNA HERRERA
La acusación de la fiscal Giovanna Herrera se basa en una supuesta reunión mantenida en 2020 entre Daniel Jadue con Daniel Moraga y Matías Muñoz con César Ramírez, vendedor de Best Quality, en la que había ocurrido el acto de soborno con mascarillas y gel. La acusación proviene de Ramírez, quien aseguró que en julio de 2020, Jadue le había dicho “cuando cerramos el trato de los 10 millones de mascarillas, Daniel Jadue me dice: ¿y cuánto va a ser la bonificación? Cuando le pido me explique qué es la bonificación, me dijo que era una donación; me dice que todos los proveedores le daban bonificación, que todos los proveedores afiliados a la Asociación hacían una bonificación”.
Posteriormente la empresa proveedora se querelló por estafa contra Jadue acusando una deuda de $1.400 millones.
Giovanna Herrera mantuvo a Muñoz preso durante 120 días en prisión preventiva hasta que consiguió que implicara a Daniel Jadue, dejándolo libre a los cinco días después. Según comentó el mismo Muñoz, “cuando estuve preso y tuve que declarar ella literalmente me dijo ‘dígame que usted estuvo en una reunión con Jadue, que Best Quality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadue’ y me ofreció a cambio salir en libertad. Yo declaré un 27 de septiembre y el 2 de octubre estaba afuera”.
“Entonces lo que yo hice fue ir y decirle lo que días antes Moraga también había declarado en contra de Jadue: que yo estuve en esa reunión, que él negoció y que pidió esa plata. Pero yo nunca estuve en esa reunión porque esa reunión no existió. No hubo negocio, no hubo cohecho. Las muestras de georeferenciación dicen que no estaban ahí, no hay pruebas, no hay cámaras de grabación”- agregó.
El esquema de delación premiada usado por la fiscal Herrera es muy similar al que utilizaron los fiscales del Lavajato en Brasil para forzar una prueba inexistente y así poder condenar en 2018 al actual presidente brasileño.
La acción es incluso reconocida por Muñoz en la entrevista a la radio. Comentó que:
“Y me tocó mentir. Y yo lo declaro porque ella me dice literalmente ‘y no lo voy a imputar por ese cohecho, asique no se preocupe’. Me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice”.
Consultado por el periodista por qué mintió, Muñoz dijo que “para mí lo primero es mi familia. Yo evidentemente estaba presionado, estando preso, Jadue ya se había ido hace un mes. Estaba preso teniendo a mi señora, a mis padres y a mis dos hijas afuera. Estaba totalmente botado, además que el PC me dejó tirado desde el día de la formalización, me hizo renunciar porque el PC tomó una decisión ¿Jadue o Matías Muñoz? ¿Y quién es Matías Muñoz? No es nadie. Entonces evidentemente yo fui el chivo expiatorio de todo esto, lo sigo siendo”.
“Hay que estar en los zapatos de quien está preso para poder sentir lo que es: con solo una hora de patio, sin celular, sin nada, sin poder comunicarte. Yo estuve dos veces enfermo en la Posta Central y mi familia se enteró 6 días después. Es horrible, una experiencia invivible. No se lo deseo a nadie. Antes de la muerte está la cárcel. Entonces evidentemente cuando a uno lo presionan, cuando tú escuchas la palabra ‘libertad’ después de 120 días, es duro”- remató.
Muy similar a lo dicho por Nelma Kodama.
La fiscal Giovanna Herrera está casada desde 2019 con Andrés Montes Cruz, hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) y quien fue fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, siendo mencionado en los audios que dan cuenta de la red de corrupción del abogado Luis Hermosilla. Respecto de una reunión efectuada el 31de mayo de 2023, en la que participaron Hermosilla, Montes y Leonarda Villalobos, el primero registró: “Montes nos dice: ‘Cabros, ojo, no debería decírselos, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra huevá’, que es la que te contamos a ti y que nos juntamos, que ya no me acuerdo cómo se llama”, en supuesta referencia al caso Factop.
El periodista Fernando Herreros detalla que mientras Montes fue fiscal de la Centro Norte “tramitó sonados casos de delitos de cuello y corbata; entre ellos la colusión de las farmacias, La Polar, LAN; Cascadas, Eurolatina II y la denuncia contra Mario Kreutzberger por paternidad”(6).
Concuñada de la fiscal Herrera es Javier Vega Sepúlveda, casado con Juana Montes Cruz y cofundador y gerente general de Farmacias Fracción. Según el periodista, en la estructura accionaria de Farmacias Fracción aparece con un 15,23% de la propiedad Sociedad de Inversiones San Roque Ltda, que presenta vínculos con Minera Activa Uno SpA, dueña de Dominga, sociedad de Piñera con Carlos Délano. Vega Sepúlveda fue imputado en el Caso La Polar, proceso en el que salió libre sin siquiera ser formalizado por algún delito (7).
El fiscal a cargo del caso era Andrés Montes Cruz, su cuñado.
EL SILENCIO DE LA FISCALÍA
Tras conocerse las declaraciones de Muñoz, la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) emitieron una declaración en la que manifestaron su preocupación por una posible manipulación política contra Jadue. Los parlamentarios plantearon la duda duda “si esto constituye una operación política articulada contra nuestro compañero Daniel Jadue”.
“Hoy se confirma que el ánimo de la Fiscalía ha sido siempre dañar la reputación personal y política de nuestro compañero Daniel Jadue, menoscabando su imagen pública y el proyecto político antineoliberal que se estaba desarrollando desde el territorio, la comuna de Recoleta”- declararon.
Junto con pedir la remoción de la fiscal Giovanna Herrera, declararon que “de comprobarse dicha acusación exigimos una investigación exhaustiva». Asimismo, manifestaron que «las sanciones y/o castigos correspondientes deben caer sobre los responsables”.
Hasta el momento consultados respecto de las declaraciones de Muñoz por Radio Bío Bío, voceros del Ministerio Público indicaron que “la declaración fue solicitada por la defensa del imputado. Se desarrolló en presencia de dicho abogado defensor, luego de darle a conocer sus derechos al imputado. También en presencia de otra abogada de la fiscalía y de personal policial”.
Las acusaciones, de igual modo, siembran aún más las dudas respecto de un caso que la Fiscalía dejó dormir durante un tiempo, al no haber podido conseguir pruebas, se excusó con que estas habrían sido borradas, y ha aprovechado de reflotar el caso contra Jadue en un momento clave, como las elecciones municipales del año pasado. Lo cierto es que ya fuera de competencia electoral, llama la atención las redes de la fiscal Herrera con sectores que pareciera no quieren ver al ex alcalde de Recoleta asumiendo posiciones de importancia en la izquierda chilena.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
NOTAS:
(1) Leia todas as reportagens que o Intercept e parceiros produziram para a Vaza Jato. The Intercept Brasil, 2020.
https://www.intercept.com.br/2020/01/20/linha-do-tempo-vaza-jato/
(2) Javiera Ostertag Franzoy. «Me dijo que si mentía, quedaba libre»: excolaborador de Jadue apunta a fiscal Herrera por presiones. Radio Bío Bío, 23 julio de 2025.
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/entrevistas/2025/07/23/me-dijo-que-si-mentia-quedaba-libre-excolaborador-de-jadue-apunta-a-fiscal-herrera-por-presiones.shtml
(3) Deltan Dallagnol. As luzes da delação premiada. Época Globo, 4 de Julio de 2015
https://epoca.oglobo.globo.com/tempo/noticia/2015/07/luzes-da-delacao-premiada.html
(4) Anjuli Tostes. Los diez criterios del Lawfare – Una Comparación entre los Casos de Daniel Jadue, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández y Evo Morales.
(5) Juan Pablo Atal, José Ignacio Cuesta, Felipe González, Cristóbal Otero. The Economics of the Public Option: Evidence from Local Pharmaceutical Markets. American Economic Review 2024, 114(3): 615–644
https://doi.org/10.1257/aer.20211547
(6) Francisco Herreros. Persecución a Daniel Jadue: Anatomía de un Montaje (Y sus Consecuencias). Red Digital, 25 de Junio de 2024.
https://reddigital.cl/persecucion-a-daniel-jadue-anatomia-de-un-montaje-y-sus-consecuencias/
(7) Nicolás Massai. El vínculo farmacéutico de la fiscal que investiga a Jadue por el caso Farmacias Populares. Interferencia, 7 de Marzo de 2025.
https://interferencia.cl/articulos/el-vinculo-farmaceutico-de-la-fiscal-que-investiga-jadue-por-el-caso-farmacias-populares
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