Yovana Ahumada, la diputada que denunció el caso Democracia Viva: “Es muy difícil creer que Catalina Pérez no tenía conocimiento del convenio”

Por Josefa Barraza Díaz

En las últimas semanas, la ciudad de Antofagasta ha estado implicada en diversos escándalos y polémicas. El pasado lunes 12 de junio, El Ciudadano publicó una investigación que revelaba que Albemarle y SQM Salar, han aportado $11.457.178.193 entre los años 2017 y 2023, a dicha comuna. Incluso, estas transferencias de privados se efectuaron tras la firma de acuerdos y convenios entre la ex alcaldesa Karen Rojo y estas litríferas, quien en los últimos meses de su gestión -mientras era investigada por fraude al Fisco-, recaudó más de mil millones de pesos.

Sin embargo, el 18 de junio, el medio antofagastino Timeline, reveló que durante dos meses, la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade -pareja de la diputada Catalina Pérez-, se adjudicó 426 millones de pesos en convenios con el Seremi de Vivienda de Antofagasta, la que hasta hace un par de días era encabezada por Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática al igual que Pérez y Andrade; quien renunció a su cargo tras conocerse esto.

No obstante, una persona alertó esta situación dos semanas antes: La diputada del Distrito 3 (Antofagasta) Yovana Ahumada, quien denunció el caso “Democracia Viva” mediante un oficio -presentado el 7 de junio de 2023-, dirigido al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic; dejando entrever que el parlamentario tuvo conocimiento del hecho antes de conocerse públicamente.

“Solicito que se oficie a: Carlos Contreras Gutiérrez, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, con el objeto de solicitar lo siguiente: Con relación a los antecedentes llegados a mi conocimiento que señalan que vuestra secretaria regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, ha otorgado transferencias en dinero a la “Fundación Democracia Viva”, en a lo menos 3 ocasiones, en calidad de colaboradora del Estado según los registros del Ministerio de Hacienda. Dichas transferencias (…)  por $200.000.000 (…) una segunda transferencia ascendiente a $170.000.000, con fecha de ingreso el 29 de noviembre de 2022 (…) existiendo una última y tercera transferencia ascendiente a un monto de $56.000.000”, se lee en el oficio al que El Ciudadano tuvo acceso, y el que aún no tiene respuesta.

Incluso, en el documento la parlamentaria solicitó conocer el criterio que “permitió priorizar la entrega de recursos a una institución de la Región Metropolitana y que, según los antecedentes disponibles, carece de experiencia en el área”.

Este medio conversó con la diputada Ahumada, quien tras la revelación del escándalo que sacude a Revolución Democrática, entregó más antecedentes de este caso.

-El oficio lo presenté el 7 de junio para tener detalles de cómo habían sido entregados estos recursos desde la Seremi de Vivienda a la Fundación Democracia Viva. Conocer los detalles de los montos y, además saber efectivamente cuál había sido el cumplimiento de lo que se había solicitado para la entrega de estos recursos-, comienza diciendo Ahumada, quien explica que se enteró de esta problemática a través de su trabajo territorial.

-Respecto a este oficio, ¿se podría deducir que el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, sabía de esta denuncia dos semanas antes de que se revelara públicamente?

Efectivamente, Vlado conocía este oficio porque pasa por él, a menos que no lo haya leído, lo que sería imposible. Ahí él se debe haber enterado de esta situación. Hasta la fecha no hay respuesta y yo creo que no va a haber, porque el ex-Seremi renunció (Contreras). Además, el ministro Montes está abocado en resolver este problema. Tanto así que el ministro llega hoy jueves a la región. Por lo tanto, buscaré todas las instancias para reunirme con él.

-Según el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, Catalina Pérez no tendría vínculo en el caso de Democracia Viva, ¿usted cree que es así?

Yo creo que si bien puede ser que esté relacionada directamente, pero sí de alguna manera indirecta, puesto que tenemos claro que el ex-Seremi fue asesor de la diputada, y quien firmó este convenio era la pareja de ella. Entonces es muy difícil creer que Catalina Pérez no tenía conocimiento del convenio. Puede ser que no haya estado relacionada, pero aquí sí había conocimiento de la firma de este convenio. De verdad, siendo estas personas tan cercanas a ella, no creo que ella no tuviera conocimiento.

-Durante una conferencia de prensa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, pidió la restitución de estos recursos, ¿qué opina de esto?

En un principio, el ministro Montes dijo que estaba todo bien, sin embargo hoy está solicitando que los recursos que fueron entregados a la fundación Democracia Viva sean reintegrados en su totalidad a la Seremi de Vivienda de Antofagasta (…) Según lo que dijo el ministro, no hay más de un 3% de los recursos rendidos, de acuerdo a lo que se tiene conocimiento. Yo pedí el reintegro de estos recursos el lunes de manera pública (…) después del punto de prensa de la diputada Catalina Pérez, le hice la invitación a que ella se sumara a la solicitud del reintegro total de estos recursos, puesto que, son recursos públicos de todos los chilenos, y por sobre todo porque hay dudas de cómo habían sido entregados esos dineros. También solicité que los contratos fueran caducados, para que esto no quedara aquí y que efectivamente la fundación devolviera los recursos.

Por este caso, el pasado 20 de junio, los diputados del Partido Republicano, Cristián Araya y Juan Eduardo Irarrázaval, presentaron una querella criminal ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, “en contra de todos los que resulten responsables”. Incluso, la Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que abrió una investigación por oficio respecto a estos convenios.

“La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios (…) La causa quedará asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito”, se lee en el comunicado de dicha Fiscalía.

-¿Qué opina de que se inicie un proceso judicial? O, ¿bastaba con la renuncia del Seremi?

Esto debe ser investigado lo antes posible. Esto es urgente, debemos tener información, debe haber transparencia. Esto hay que llevarlo a la justicia sí o sí, independiente de caiga quien caiga, o sea definitivamente la transparencia, y la entrega de la información es lo más importante.

-¿Cree que existe una responsabilidad política del ministro Montes?

La verdad es que todos los que están involucrados de manera directa o indirecta deben asumir una responsabilidad política, porque el ministro es quien, además, debe procurar que, en este caso, la Subsecretaría o la Seremi, puedan entregar información, y que haya fiscalización, para que de este modo se sepa lo que se está haciendo con los recursos. En la región de Antofagasta, el tema de la vivienda es sumamente prioritario por el número de campamentos y de situaciones precarias que lamentablemente tenemos en el distrito. Entonces que no haya existido una fiscalización de manera interna, control, saber efectivamente qué es lo que estaba pasando en la Seremi a nivel regional, es preocupante y aquí por supuesto que hay responsabilidad política.

A través de un comunicado emitido por el Consejo Político de Revolución Democrática -21 de junio-, señalaron que “ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente. Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos”.

Este medio contactó al presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, para conocer su versión respecto a este caso. Sin embargo, desistió entregar una respuesta.

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