A siete meses de asumido el Gobierno de Gabriel Boric existen todavía 60 presos de la Revuelta

En un punto de prensa abogados e integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presxs Políticos de la Revuelta se refirieron a la prisión política que aún sufren más de 60 presas y presos del denominado Estallido Social. Lo anterior se enmarca luego de pasados siete meses desde que asumió el gobierno progresista de Gabriel Boric.

Es lunes, la Asamblea Nacional de Familiares de Presxs Politicxs de la Revuelta convocó un punto de prensa en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, ubicado en la av. Pedro Montt, Metro Rondizzoni.

Allí, a la espera de salida de la audiencia de juicio de Pabla y Osvaldo, dos representantes de la Asamblea que se manifestaron junto a más personas en el puente Pío Nono el 9 septiembre de 2021. La manifestación tuvo como motivo exigir la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta Social.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida hasta el próximo 22 mayo a pedido de la Fiscalía, pues no se presentaron los supuestos 14 testigos (en su mayoría carabineros) que declararían contra Pabla y Osvaldo, por «desórdenes públicos».

«Nosotros necesitamos seguir presionando. La vez que nosotros tuvimos la acción arriba del puente Pío Nono fue por la libertada de los presos políticos de la revuelta. Necesitamos que las personas que todavía están detenidas (poco más de 60 a nivel nacional) vuelvan a sus casas, que vuelvan a tratar de retomar sus vidas, que vuelvan a la libertad», señaló Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea y uno de los perseguidos por la acción en el puente Pío Nono.

«Vamos a seguir presionando con la acción que corresponda en el momento, tanto de la forma política, como lo estamos haciendo desde la Asamblea, con gestiones con el Gobierno. Pero ya van 7 meses de este Gobierno y lamentablemente no se ha movido un dedo para lograr la libertad de los presos. Se han ingresado los indultos presidenciales y además se están haciendo las gestiones para poder trabajar un proyecto a través del Ministerio de Justicia pero no hemos tenido ningún logro, ningún avance real y sustantivo que nos dé alguna señal que los presos políticos vas a encontrar la libertad. Seguiremos en las calles, vamos a seguir presionando. La lucha no ha terminado hasta que salga el último preso político de la cárcel. Las calles no se abandonan hasta que tengamos a nuestros compañeros y compañeras libres«, finalizó Durán.

El punto de prensa fue utilizado para referirse a la prisión política que aún sufren más de 60 presas y presos de la Revuelta en Chile. Lo anterior se enmarca luego de pasados siete meses desde que asumió el gobierno progresista de Gabriel Boric.

«Esto da cuenta de la poca diligencia que ya hemos observado no solamente en esta oportunidad, sino que también en otras oportunidades por parte del Ministerio Público, se suspendió la audiencia para el mes de mayo. Estamos hablando de un delito, de una situación que se acusa tiene relación con desordenes públicos, pese a que no hay ninguna prueba conclusiva que dé cuenta de que efectivamente hubo un desorden, porque allí habían 80 carabineros y 14 personas que se estaban manifestando, extendiendo un lienzo sin cortar el tránsito, obstaculizar absolutamente nada, y eso muy bien lo sabe el Ministerio Público, por eso decía al principio, es un verdadero circo. Seguimos observando este abuso y esta poca diligencia por parte del ente persecutor», señaló el abogado de la Defensoría Popular, John Maulén.

El abogado de Codepu, Hiram Villagra, también se refirió al caso señalando que «aquí hay dos elementos que en necesario poner en el centro. Ellos están detenidos por ejercer el derecho a manifestarse, el delito de desórdenes públicos requiere dos elementos. Uno, es que efectivamente haya una conducta, pero además una finalidad objetiva que signifique injuriar a un tercero, así lo dice la ley. Y aquí no se ve ningún daño. Aquí hay la distorsión, la desnaturalización de control policial ha transformado en una persecución a todo aquel opositor político».

Villagra continuó señalando: «los gestos que ellos tuvieron de reclamar por la libertad de lxs presxs políticos de la Revuelta es una conducta legítima y que en ningún país civilizado del mundo es objeto de represión por ese solo hecho. Y aquí el Ministerio Público ha establecido que por el solo hecho de manifestarse se está quebrantando el orden público, pero ¿qué es el orden público?. Según todos los autores apunta al orden fundamental de un país, claramente no podemos decir que es una conducta ilegítima aquello que era y es objeto de un proyecto de ley (Amnistía) que se está tramitando a paso de caracol. Aquí las autoridades políticas tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y tramitar rápidamente aquellos remedios legales que nos permitan resolver el tema de la prisión política. La herencia del 19 de octubre, que ya estamos por cumplir un nuevo aniversario de aquella fecha que cambió el país, y por la que hay presos justamente por participar del esfuerzo para dar vuelta la hoja de lo que es el legado del pinochetismo».

«Todavía hay prisioneros políticos, todavía hay mucho debate que tenemos que seguir dando y observamos que hay cierto grado de debilidad. Por eso la invitación es a seguir sumando, apoyando. Constantemente, siguen habiendo muchachos y muchachas que caen los días viernes, ha ido aumentando inclusive la represión en el sector de la Plaza de la Dignidad», cerró el abogado John Maulén.

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