En plena crisis sanitaria, presos de la revuelta popular preparan sus juicios orales

En audiencias vía Zoom, la Fiscalía y los abogados defensores preparan los juicios orales de los presos de la revuelta. Las condenan solicitadas por el Estado van desde los 4 a los 20 años de cárcel.

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La mañana de este miércoles, Alejandro Carvajal, joven de 19 años preso del estallido social desde el 8 de noviembre de 2019 tenía audiencia preparatoria de su juicio oral. La Fiscalía pide 10 años de cárcel. Se le acusa del incendio a la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada en calle Vicuña Mackenna en la capital.

Al estar en contexto de pandemia, las audiencias están siendo vía Zoom, es decir, se realizan de forma remota virtualmente. La audiencia estaba fijada para la mañana de este miércoles a las 11:00 horas. Sin embargo y según relata Nicole Carvajal –hermana de Alejandro- cuando el abogado defensor del joven, Lorenzo Morales, quiso entrar a la sala virtual de la audiencia, no pudo.

“El abogado quiso conectarse a la audiencia y no pudo entrar. La Fiscalía acusó falta al no presentarse el abogado. Iban a ponerle un defensor público a mi hermano, pero él se negó y corrieron la audiencia para el 23 de julio en primera instancia. Lorenzo pudo comunicarse con el Magistrado, reconocieron que fue error de ellos y por la insistencia del abogado fijaron la audiencia para este viernes 3 de julio, finalmente”.

Alejandro fue detenido el mismo día del incendio, sin embargo, acusa inocencia. Según su padre, José Carvajal, su hijo iba en camino a Providencia para reunirse con su polola, cuando en el trayecto se encontró con las manifestaciones en el sector de Plaza Dignidad. Era la tercera semana de estallido.

Alejandro Carvajal.

“Cuando iba camino para allá, se encontró con la marcha y se involucró como todo joven con derecho a manifestarse. Mi hijo me cuenta que Carabineros empezó a actuar con mucha violencia, lanzaron bombas lacrimógenas, y cuando corrió hacia Vicuña Mackenna vio que había un incendio”, relata el padre a La Voz de los que Sobran.

En cuanto al proceso judicial del joven, Morales señala que ha sido difícil: el Ministerio Público se empecinó en afirmar que se trata de un ‘hecho notorio’ ya que toda la sociedad chilena vio cómo se quemó la universidad. Hay testigos que declaran que había bombas lacrimógenas en el segundo y tercer piso del edificio, lo que haría ver contradicciones entre lo señalado por la Fiscalía y los testigos de la defensa.

“Insisten en una prueba indiciaria –es decir, aquella que permite dar por acreditados en un proceso judicial unos hechos sobre los que no existe una prueba directa- ilegítima e ilegal, que es un carabinero encubierto que les sirve de prueba y sostiene sus dichos. Lo que no esperaban es que lleváramos una prueba propia, incluso un peritaje, donde descartábamos que Alejandro hubiese ingresado al inmueble” afirma Morales.

«Carteles por la libertad», campaña solidaria de la Cordinadora 18 de octubre.

Crisis sanitaria y los procesos silenciosos en la Fiscalía

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En medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia por Covid-19, la Fiscalía comenzó los procesos de solicitud de condena y de preparación de los juicios orales de un grupo considerable de jóvenes encarcelados durante el estallido social. Prácticamente en todo Chile, existen “presos políticos de la revuelta” a quienes el Estado está pidiendo entre 4 y 20 años de cárcel. Además de Alejandro, existe una larga lista a la espera de sus procesos. A continuación, algunos de ellos:

Akina Nakamura: Joven de ascendencia indígena de la región de Coquimbo. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario luego de haber estado tres meses en prisión. Es detenida el 4 de diciembre de 2019, acusada por porte de bomba molotov. La Fiscalía solicita 4 años de cárcel.

Vicente Revello: Hoy está con arresto domiciliario después de haber pasado varios meses encarcelado. Es detenido el 4 de diciembre de 2019, acusado por porte de bomba molotov. La Fiscalía pide 4 años de cárcel.

Diego Espinoza y Mauricio Gómez: Se encuentran en el centro Penitenciario Santiago 1 desde el 25 de noviembre de 2019. La Fiscalía los acusa de porte de bomba molotov y piden 10 años de cárcel para ellos.

«Carteles por la libertad», campaña de la Coordinadora 18 de octubre. Aquí un cartel por la libertad de Benjamin, el único menor de edad aun preso en el SENAME.

Daniel Morales: En la cárcel Santiago 1 desde el 14 de diciembre de 2019, es acusado de la quema de Metro Pedrero. La Fiscalía solicita 20 años de cárcel.

Benjamín S: Es el único menor de edad que se encuentra todavía en el Centro de Internación Provisoria San Joaquín, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME) desde el 7 de noviembre del año pasado. Acusado de la quema del Metro Pedrero junto a su tío Daniel Morales, la Fiscalía solicita 10 años de cárcel para él. Se trata de un menor de 16 años.

Cisor Perea y Edison Gálvez: Presos en la Cárcel de Rancagua acusados de incendio a una automotora. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para ellos.