¿Lucha por los recursos o por la autonomía?

En la madrugada del 30 de marzo, la PDI, dirigidos por el fiscal regional de la Araucanía, Cristián Paredes, detuvo a 11 mapuches acusados de haber participado directamente en el ataque incendiario, del 4 de enero de 2013, que terminó con la vida de Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mackay. Esta acción se realizó en el marco de la conmemoración del asesinato del comunero mapuche Matías Catrileo ocurrida el 3 de enero de 2008.

Desde ese momento, los atentados incendiarios en solidaridad con los detenidos se han ido incrementando y expandiendo geográficamente en la región. No es algo nuevo en la larga historia de este conflicto, sin embargo, lo incomprensible es el escaso avance en su resolución, al parecer debido a errores importantes de diagnóstico, no se conoce realmente los “intereses” de los actores mapuches y, por otro lado, impera una dureza “casi ciega” en las “posiciones” sostenidas por todos los actores. El debate político, además, en un verdadero “diálogo de sordos”, el centro del debate erróneamente es si son o no terroristas las acciones, prestando cero atención al origen y razones de estas desavenencias centenarias y a la existencia de un contexto internacional que favorece este tipo de demandas. En el libro “Conflictos y nuevos movimientos sociales”[1] del doctor en Estudios Latinoamericanos, Sergio Salinas, es posible encontrar algunas claves diferentes a las sostenidas por las autoridades y basadas en los estudios de resolución/transformación de conflictos y de cultura de paz.  En esta primera parte se explicará, a partir de este libro, el contexto internacional, también algunas de sus dinámicas, que condiciona al  conflicto mapuche, consecuencias de un mundo globalizado.

Adelantándonos a la segunda parte de este artículo: el caso de Chile, la tesis de Salinas apunta a que no es ni robo de madera o la compra de tierras (“interés económico”) el objetivo principal de los mapuches, sino que demandas múltiples, ya que no existe un movimiento unificado sino actores diversos. Estos actores no coinciden ni en la estrategia ni en las tácticas, sus demandas también son divergentes y van desde compra de tierras hasta la liberación nacional del pueblo mapuche. Lo que sucede es que reaccionan como un solo cuerpo en ciclos de represión. Es en esos momentos que la opción por la violencia se incrementa así como su intensidad. Además, el autor sostiene que el conflicto mapuche debe ser visto como parte de los conflictos étnicos que sacuden al mundo desde el término de la Guerra Fría y no como un hecho que sólo pasa en Chile. Es decir, mirar de frente y no sólo al ombligo.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Al referirse al tema étnico en América Latina, Ferran Cabrero[2], en el Prólogo, señala que en los últimos años ha habido un esfuerzo considerable en comprender el surgimiento del movimiento indígena en Latinoamérica o, mejor dicho, por qué en algunos países surge y por qué en otros, igualmente con gran población indígena, no, o surge debilitado. Uno de los ejemplos más remarcables es el de Deborah Yashar, estudio sistemático de 2005, que incide en analizar tres causas independientes que se perciben en el surgimiento del movimiento indígena: el cambio de los “regímenes de ciudadanía” en el último tercio del siglo XX (que politizan la identidad), las “redes transcomunitarias” (capital social que permite capacidad organizacional), y el “espacio asociativo político” (oportunidad de asociación y expresión). El cambio de regímenes de ciudadanía (del corporativista al neoliberal) y la intromisión del Estado en autonomías sociales no reconocidas previamente politizó las identidades indígenas. De acuerdo con Yashar, no es que los indígenas no se hubieran movilizado en el pasado sino que no lo habían hecho desde la identidad indígena para defender sobre todo una agenda indígena, como derechos colectivos territoriales, autonomía política y judicial, y educación y salud diferenciada de acuerdo a su identidad. Esta aproximación vino a enriquecer la literatura académica norteamericana sobre acción colectiva (MacAdam, Tarrow, Tilly) añadiendo a los motivos ya clásicos de los actores sociales dos factores determinantes en la aparición de los movimientos sociales, en este caso indígenas, desde un análisis centrado en la relación Estado-sociedad: las redes transcomunitarias (analizadas como capacidad), y el espacio político asociativo (como oportunidad).

Cabrero apunta a que desde mediados de la década del 2000 y hasta el momento culminante de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (septiembre de 2007) varios autores están apuntado a que presenciamos un “fin de ciclo” del movimiento indígena latinoamericano. Precisamente el chileno Víctor Toledo Llancaqueo delimita el ciclo virtuoso entre 1990 y 2003 (simbólicamente, pues depende del país a que nos refiramos). Otros autores (como Alison Brysk), con una visión quizás más positiva apuntan que, si bien hay disminución en el impacto del movimiento por desgaste de esa atención internacional hacia los “buenos salvajes” como alternativa a la globalización neoliberal (o debido a su domesticación, se podría añadir),  junto con un foco creciente hacia la lucha contra el terrorismo; hoy el movimiento indígena cuenta con organizaciones más sólidas e institucionalizadas que hace una generación. Ha pasado la época de reconocimiento retórico de derechos (véase el “Constitucionalismo multicultural” de Donna Lee Van Cott) para evolucionar a otra de aseguramiento de éstos. En todo caso, hay un fin de ciclo en el sentido de lograr asunción de unos derechos (en instrumentos al nivel internacional, en las distintas Constituciones nacionales, incluso en leyes) pero con la dificultad añadida de que se cumplan, más cuando afectan intereses económicos y se percibe un nuevo discurso neoindigenista, de asimilación, que incluye a los gobiernos de la nueva izquierda y sus derivas neodesarrollistas de corte extractivista. A esto hay que añadir el cambio generacional de una dirigencia que envejece y una nueva, joven, que parece no acaba de surgir.

El sociólogo catalán afirma que el ejemplo del movimiento indígena sirve para ayudar a comprender la capacidad de incidencia de un movimiento social, sus potencialidades y sus debilidades. Las debilidades pueden deberse a influencias externas o internas, pero paradójicamente también pueden surgir de su mismo éxito, por haber conseguido parte de sus objetivos, y por su “institucionalización”, como cuando el movimiento indígena decide en los años noventa saltar a la palestra política partidista, con partidos políticos propios, como Yatama en Nicaragua o Pachakutik en Ecuador. En este último caso, el debilitamiento actual del movimiento indígena no es sólo debido a ciertas influencias externas que provocan división y fragmentación (iglesias evangélicas, proyectismo, migración y diversificación social, crisis de la comuna), sino a causas internas muy concretas que conviene apuntar. Además de las usuales tensiones sobre objetivos, estrategias, y tácticas, la participación institucional provoca en el movimiento una sangría de cuadros por optar a los cargos pagados, los cuales se enzarzan en disputas políticas locales (“politiquería” se dirá) y se deben focalizar en la gestión diaria, poco épica, sin obviar la aparición de casos de corrupción, que desembocan en el descrédito de las demandas del movimiento.

LA HISTORIA

En el libro, Salinas señala que el resurgimiento indígena en este ciclo virtuoso 1990-2003, es coincidente  con el afianzamiento de los derechos humanos en la agenda internacional. En este escenario surgen oportunidades hasta entonces desconocidas para los Pueblos Indígenas (PIs). Ellos habían aprendido durante los setenta de las luchas de liberación nacional y el proceso de descolonización, la realidad del colonialismo interno que sufrían los PIs y minorías nacionales de todo el mundo. Durante los 70 la lucha contra la asimilación y por los derechos sobre los territorios se había convertido en un tema central de los movimientos indígenas de los EE.UU., Canadá, Australia, México y Paraguay. Además las luchas indígenas comenzaron  a atraer el interés de grupos críticos con el sistema. En las plataformas de apoyo a los PIs encontramos desde ecologistas a defensores de derechos humanos o del desarrollo alternativo. Comenzó así un periodo de activismo indígena que actuó en diferentes niveles y que se consolidó al comenzar la década de los noventa.

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Su carácter de naciones indígenas, su vínculo con la naturaleza y con sus territorios ancestrales, la denuncia de las violaciones de derechos sufridas y la reivindicación del derecho de autodeterminación se convirtieron -durante esta época- en los temas dominantes en el discurso indígena internacional.

Por ejemplo, en la década de los años 70s, los indígenas de América del Norte estaban en proceso de creación de una nueva ideología y mayor cohesión social, más que ocupados de temas con la sociedad dominante. “Esta nueva perspectiva involucró una mayor difusión de su propia cultura, las actividades eran altamente moralistas en cuanto al sexo, el alcoholismo y la familia, rescatando la herencia cultural y religiosa, oponiéndose al individualismo en pro de la acción colectiva”[3].

En 1974 se realizó la primera Conferencia Internacional sobre Derechos Indígenas (IITC) donde se firmó “The Declaration of Continuing Independence” que planteó explícitamente la cuestión de la internacionalización de la demanda indígena a través de la preparación de líderes indígenas en derecho internacional y la creación de redes de contacto político[4]. En 1975 se cristalizó la idea de una conferencia mundial y de este masivo encuentro se creó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas o World Council Indigenous People (WCIP) que con estatus de organización no gubernamental ha tenido gran influencia en proveer de foros, discusiones, publicidad y planificación de acciones conjuntas entre los representantes de pueblos indígenas de todas partes del mundo[5].

En 1978 se creó Indian Law Resource Center (ILRC) con el propósito de colaborar en los litigios indios con recursos legales y colaborar estrechamente con la ONU y la OEA.

Una segunda etapa se inicia el año 1981 y finaliza en 1984, durante este tiempo el WCIP realizó cuatro conferencias internacionales en las cuales determinó que la demanda indígena se refiere a derechos de tierra y derechos político culturales, además planteó que el conjunto de las demandas indígenas es un nuevo y crítico proyecto político común y desarrolló un borrador para la Convención de los derechos indígenas, otro aspecto relevante es que penetró el nivel local y regional de las organizaciones indígenas.

Como afirma Viviana Ortega, el resultado indirecto han sido “las formas de acción política del movimiento como campañas publicitarias dirigidas a los medios y los parlamentos, demostraciones, bloqueo de carreteras, ocupaciones de tierras, el efecto acumulativo de tales protestas ha sido la imagen pública y una resistencia oficial, la obtención de concesiones, etc.”[6]. Otro efecto indirecto es en el trabajo de otras organizaciones internacionales, por ejemplo en 1980 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó sus estándares en el tratamiento de los indígenas y pueblos tribales, los estados miembros fueron llamados a dar atención a los derechos e intereses de estos grupos y a garantizarles una voz en la toma de decisiones y los planes de desarrollo que afectan sus tierras.

El tercer período va desde el año 1984 hasta 1990, momento en que el énfasis del Consejo es reafirmar “el rol diplomático del movimiento internacional como lo demostró en el levantamiento de los Miskitos de Nicaragua en que el Consejo negoció con el gobierno sandinista. Además, era de interés del Consejo atraer a los pueblos indígenas de Asia y debatir sobre la reestructuración interna de la institución. Esta serie de encuentros a través de América del Norte y América Latina transcurridos durante una década forjaron el movimiento transnacional, un movimiento cuya principal estrategia ha sido la “acting globally” [7].

LOS CONFLICTOS ÉTNICOS 1990-2003

Como señala la Cepal: “la tenaz resistencia de los pueblos indígenas se expresa en la actualidad en la instauración de nuevos estatus quo políticos y territoriales así como de nuevos modos de relación institucional de los Estados y los pueblos indígenas”[8].

El marco de referencia de la autonomía demandada por los pueblos indígenas se expresa en el reconocimiento del derecho a la libre determinación, que supone la existencia y el ejercicio de derechos colectivos, así como el respeto a las instituciones y sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, tal como señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 4: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”[9].

Sin embargo, la realidad es menos halagadora. La globalización neoliberal de las últimas tres décadas –como afirma Leandro Vergara-Camus– transformó radicalmente el mundo rural en América Latina: “El agronegocio nacional y transnacional ha extendido su control del mercado, la agricultura se ha modernizado y mecanizado, el número de pequeños y medianos productores rentables se ha reducido drásticamente y su supervivencia se ha vuelto cada vez más difícil. Los campesinos de subsistencia no logran mantener a sus familias únicamente con los frutos de la tierra y el mercado de trabajo agrícola se ha contraído, lo que genera mayor subempleo y migración laboral”[10].

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Para explicar estos cambios, algunos investigadores han propuesto –afirma Vergara-Camus- la perspectiva de “la nueva ruralidad”, porque las cuestiones agrarias y la agricultura campesina ya no serían centrales en las decisiones y estrategias de los sujetos sociales rurales, sino que “habrían sido reemplazadas por la combinación compleja de múltiples actividades productivas y fuentes de ingreso familiar y una variedad de esquemas migratorios; sea temporal, permanente o multidireccional”[11].

Entonces, argumenta Vergara-Camus, el contexto actual de globalización neoliberal representa una nueva ola de expansión del capitalismo, tanto hacia nuevos sectores productivos como en nuevas zonas geográficas y con recursos hasta ahora no mercantilizados. Agrega que: “dentro de esta nueva ola de expansión, las relaciones de propiedad adquieren una importancia central. En cuanto a la cuestión agraria, la explicación presentada por los círculos oficiales nacionales e internacionales en favor de la privatización del derecho a la tierra y la descolectivización de la tenencia de la tierra consiste en pensar que sólo la propiedad privada asegura la inversión de capital en el campo”[12].

Recordemos que la extensión de las contrarreformas neoliberales en América Latina durante la década de los noventa y las recientes olas de libre comercio y el incremento de la demanda del mercado mundial durante los últimos años hicieron de la explotación de los recursos naturales (intensiva, orientada a la exportación y, en gran parte, bajo control del capital transnacional) una de las fuerzas centrales de la recuperación del crecimiento económico regional.

En términos de ciclos de protesta, el que vivimos, tiene como eje dinámico a la globalización, la paulatina debilidad de los Estados latinoamericanos frente a los organismos financieros internacionales le imprime una marca indeleble a la inmensa mayoría de los movimientos sociales[13].

En este escenario, Guiomar Rovira Sancho, apunta a que los movimientos sociales indígenas respondieron combinando: “La política de la identidad con la internacionalización. En este caso, la globalización garantizó a estos actores nuevos accesos al poder, más allá del Estado-nación que los oprimía históricamente: En el espacio entre el poder y la hegemonía, el pueblo tribal construye sus relaciones con el pueblo global”[14].

En América Latina y el Caribe, los nuevos movimientos sociales indígenas dejaron su alcance nacional y local para tener un impacto a escala regional y mundial alrededor de la emblemática fecha de 1992, 500 años de la llegada de los españoles al continente.  José G. Vargas Hernández sostiene que en las últimas cuatro décadas: “Los movimientos indígenas son movimientos sociales y ya no movimientos revolucionarios, más involucrados y organizados en Latinoamérica que durante los periodos de los cincuentas y sesentas. Los movimientos indígenas tienen preocupaciones similares a otros movimientos sociales que buscan cambiar ya sea la sociedad en sí mismas o la posición de un grupo en la sociedad”[15].

LA LUCHA POR LOS RECURSOS NATURALES

Diversos estudios apuntan a que la fuerte competencia por el control de los recursos naturales debido a su creciente escasez, junto a su deterioro y desigual distribución, se convierten en algunas de las causas de los actuales conflictos, que en algunos casos escalan hasta la violencia. Como señala Nieves Zúñiga García-Falcés: “uno de los sectores de población más afectados en esta lucha por el control de los recursos son los pueblos indígenas, en cuyas tierras se localizan en muchas ocasiones importantes riquezas naturales”[16].

Por ejemplo, Stephanie Lavaux señala que a partir de los efectos sociales basados en la escasez ambiental se desarrollan de tres tipos de conflictos inducidos por el medio ambiente, en cuanto a recursos renovables: los conflictos de simple escasez entre Estados, los conflictos de grupo e identidad en los Estados o entre éstos y los conflictos relativos a la degradación económica, institucional y política en el interior o entre los Estados[17].

Xavier Albó afirma que siempre el tema de los recursos naturales ha estado presente en los movimientos indígenas pero en los últimos años la pugna de intereses en torno a estos recursos ha fortalecido su identidad étnica como pueblos en un determinado territorio: “con ello han profundizado y ampliado también su percepción y lucha política. No es algo nuevo. Desde siempre, el principal factor movilizador para las luchas y rebeliones, tanto indígenas como campesinas, ha sido la defensa de su tierra; y, en lo profundo, la defensa de la Madre Tierra, madre fecunda y fuente de vida”[18].

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José Seoane, cita a la dirigente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) Blanca Chancoso[19] en este punto: “la tierra significa como la madre… no solamente como fuente de trabajo sino la tierra como fuente de vida”[20].

Xavier Albó señala que cuando por la injusta tenencia y distribución de la tierra se carece de ella o se tiene de manera insuficiente, “la toma de tierras o, a veces, incluso el asalto y destrucción de haciendas ha sido también una de las principales formas de movilización, en cualquier tiempo y lugar”[21].

En Perú, Aidesep resultó entonces la voz fundamental. Su protesta alcanzó su punto álgido entre 2008 y 2009 durante el gobierno de Alan García, por la adopción de medidas lesivas para los pueblos amazónicos. Tras infructuosas negociaciones, las protestas culminaron en un bloqueo en Bagua y en una confrontación que dejó 35 muertos, mayormente policías[22].

Bretón señala que en Ecuador, la Confeniae y la Conaie llegaron a verse, ante el descalabro del Estado desarrollista en los años del boom petrolero”, como “la única instancia capaz de aglutinar y enfrentar a sectores amplios de la población contra la implacabilidad de un ajuste económico de alto costo social[23].

En todas partes, el agua ha sido otro recurso amenazado por la irrupción de industrias más interesadas en sus ganancias. Las grandes represas que benefician más bien a otros sectores destruyendo el hábitat de territorios indígenas son con frecuencia causa de conflicto en todas las latitudes.

En el caso de Bolivia, brotó la llamada Guerra del Agua, en 2000, aglutinando a la población urbana, a la asociación de regantes, la federación campesina y a otros varios sectores, contra una multinacional de servicios combinados de agua potable y electricidad, que acabó expulsada. Fue el principio del fin de 15 años de gobiernos neoliberales. Las minas son también grandes contaminadoras del agua. Ubicadas con frecuencia en las cabeceras de ríos pueden afectar y hasta bloquear totalmente las actividades agropecuarias aguas abajo, por no mencionar la salud de la población.

Araceli Burguete afirma que desde el punto de vista de Felipe Quispe las protestas que arrancaron en 2000 no son circunstanciales, sino resultado de estrategias políticas diseñadas desde décadas atrás alimentadas en la “herencia (de) nuestros antepasados”[24].

Las grandes empresas mineras han reaparecido en el escenario sobre todo a partir de los años 90. Con sus nuevas tecnologías y su abundante capital utilizan métodos mucho más agresivos y expandidos que antes en territorios y comunidades tanto indígenas como campesinas, sobre todo en la región andina, tan rica en minerales. La vinculación de los pueblos andinos con la minería tiene raíces precoloniales, pero pasó a un primer plano desde la Colonia temprana, cuando, para asegurar sus tierras, los indios de tasa debían ir periódicamente como mitayos a las minas de Potosí y Huancavelica[25].

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Con este énfasis en el territorio y sus recursos, les resulta más fácil ver su lucha con los dos ojos: como pueblos que interiorizan y defienden su territorio y formas de vida tradicionales; y como pobres explotados que reclaman para que no les quiten ni destruyan los recursos que son su sostén. Para un contexto más amplio, los recursos naturales son ejemplos claros de este doble papel del diálogo. A veces los pueblos indígenas ingresan a peleas con empresas internacionales a las que no podrían ganar, pero esas disputas les ofrecen oportunidades propicias para sus reclamos, por ejemplo, de ciudadanía[26].

No se debe olvidar, tal como lo sostiene la Relatora Especial, Erica-Irene, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,  que si se entiende como se aplica el concepto de soberanía a los pueblos indígenas resulta más claro que, si se examina su derecho a la libre determinación, debe aplicárseles el principio de soberanía permanente sobre sus recursos naturales.

Para ello, cabe aducir diversos motivos, y entre ellos los siguientes: 1-)  El principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales es necesario para nivelar las condiciones económicas y políticas y para proteger de condiciones económicas injustas y opresivas; 2-) Los recursos naturales pertenecían originalmente a los respectivos pueblos indígenas, que no renunciaron a ellos libremente ni de acuerdo con la justicia[27].

Por Aldo Fernández

NOTAS

[1] Sergio Salinas, Conflictos y nuevos movimientos sociales, Santiago, RIL Editores, 2016.
[2] Sociólogo catalán especializado en movimientos sociales, gestión cultural y cooperación internacional para el desarrollo en América Latina y África subsahariana.
[3] D. R. Gross, The indians and the brazilian frontier, Journal of International Affairs, New York, Columbia University, 1982, p.2.
[4] B. Maiguasca, The rol of ideas in a changing world, op. cit., p. 27.
[5] T. R. Gurr, Transforming Ethnopolitical Conflicts: Exit, Autonomy or Access, Estudios Internacionales, Iripaz, vol. 3, N°5, Guatemala, 1992, p.124.
[6] Redes de defensa transnacional y la campaña por la defensa del Alto Bío-Bío: el caso Ralko (1997-2004). Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2011, p..6.
[7] Ibid. p.10.
[8] Cepal, Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, Santiago, Naciones Unidas, noviembre, 2014 6p.: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4
[9] Ibid. 18p.
[10] Leandro Vergara-Camus, Globalización, tierra, resistencia y autonomía: el EZLN y el MST,  en Revista Mexicana de Sociología, volumen 73, núm. 3,  julio-septiembre, México, 2011, 388p.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Rafael de la Garza Talavera, Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque multidimensional, en Estudios Políticos, núm. 22, Novena Época, enero-abril, México, UNAM, 2011.
[14] Guiomar Rovira Sancho, La red transnacional de solidaridad con la rebelión indígena de Chiapas y el ciclo de protestas contra la globalización, Tesis para optar al Grado de doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en comunicación y política, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 2007.
[15] José Vargas Hernández, Nuevas expresiones de acción colectiva de los movimientos sociales en Latinoamérica, III Conferencia Internacional La obra de Carlos Marx y los desafíos del Siglo XX, sin año: https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso06/conf3_vargas.pdf
[16] Nieves Zúñiga García-Falcés, Conflictos por recursos naturales y pueblos indígenas,  Pensamiento Propio, Nº 22, julio-diciembre, Buenos Aires, 2006: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_socioecologicos/Conflictos_recursos_naturales.pdf
[17] Stephanie Lavaux, Degradación ambiental y conflictos armados: las conexiones, Grupo de Investigación sobre Seguridad, Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 2004: http://www.urosario.edu.co/cpg-ri/Investigacion-CEPI/documentos/papers/Documento_7/
[18] Xavier Albó, Hacia el poder indígena en Ecuador, Perú y Bolivia, en Betancur, Ana Cecilia  (ed.), Movimientos indígenas en América Latina Resistencia y nuevos modelos de integración, – Copenhague: Debates, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas IWGIA, 2011, 160p.: http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Movi_indigenas.pdf
[19] Véase Blanca Chancoso, Exposición en el Panel 5: Movimientos sociales: entre la crisis del neoliberalismo y el desafío de las alternativas, en la XXI Asamblea General de Clacso, La Habana, Cuba, 2003.
[20] José Seoane, Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas, Sociedad e Estado, volumen 21, núm. 1, enero-abril, Brasilia, 2006: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922006000100006
[21] Xavier  Albó, Hacia el poder indígena, op. cit., 160p.
[22] Ibid. 161p.
[23] Víctor Bretón, Capital social y etnodesarrollo en los Andes, Quito: CAAAP, 2005, 42p.
[24] Araceli Burguete, De la resistencia al poder. Articulación y repertorios indígenas en la lucha por el poder político: el ensayo boliviano, en Argumentos, vol.20, núm. 55, septiembre-diciembre, México, Universidad Autónoma Metropolitana–Unidad Xochimilco, Departamento de Política y Cultura 2007: http://www.redalyc.org/pdf/595/59505502.pdf
[25] Xavier Albó, Hacia el poder indígena, op. cit., 162p.
[26] Ibid.
[27] Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Prevención de la discriminación y protección de los pueblos indígenas. La soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales, Informe final de la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, 13 de julio, 2004, 17p.: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Report%20by%20Erica%20Irene%20A.%20Daes%20%28Spanish%29.pdf

El Ciudadano