Reveladores videos demuestran inocencia de Rafael Correa y fraude procesal en su contra

Al estilo de Jair Bolsonaro y el juez Sergio Moro en Brasil, para impedir la candidatura y segura victoria de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente, el actual mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno espera hacer lo mismo contra Rafael Correa de cara a las elecciones para la jefatura de Estado que se celebrarán en 2021.

En Brasil se descubrió que Lula fue inculpado de forma fraudulenta y con pruebas infundadas para así llevarlo a la cárcel injustamente y privarlo de libertad por un crimen que no cometió, una acción que además le arrebató la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales, en las cuales -según todas las encuestas- conseguiría una victoria contundente.

Pero, la red de corrupción judicial controlada por Sergio Moro, ahora Ministro de Justicia de Bolsonaro, finalmente pudo lograr su cometido, judicializar a Lula, encarcelarlo y frenar su victoria.

Con esta referencia reciente y políticamente cercana, el otrora vicepresidente y hombre de confianza de Correa, Lenín Moreno, planea crear un falso positivo parecido contra Correa, de manera que el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana -actualmente desmantelada por el régimen de Moreno- quede impedido de lanzarse como candidato a la Presidencia que, potencialmente, podría ganar.

Precisamente, sobre este tema se ha generado en Ecuador un escándalo que involucra a las partes que intentan judicializar a Correa, y cómo de forma infundada y con fines meramente políticos pretenden acusarlo de un crimen que no cometió.

Así salieron a la luz varios videos que muestran polémicas declaraciones de la perito designada de la Fiscalía General del Estado, identificada como Alexandra Mantilla, involucrada directamente en el caso y en el proceso para generar «las pruebas» que les garanticen justificar el juicio contra Correa.

En los videos, la perito, quien al parecer no está graduada en Derecho y sus títulos uiversitarios son falsos, pero cuenta con la protección de la Fiscal General, Diana Salazar; deja entrever que el juicio es una trama que busca sacar del camino al expresidente, quien tras ser traicionado por Moreno -hoy aliado de sectores ultraconservadores de la oligarquía y la derecha empresarial- ha sido perseguido política y judicialmente en su país.

Tras conocerse los videos de Mantilla, la propia Fiscal general y el procurador Íñigo Salvador salieron a defenderla y se hicieron parte de la acusación, al afirmar que Correa lideró una red de corrupción mientras fue Presidente, a pesar de que las pruebas no han sido confirmadas y carecen de legimitidad.

Silencio de Moreno y contradicciones

Mientras la fiscal genrral, Diana Salazar, asegura que el «Fondo Solidario» de la Presidencia -por el cual pretenden judicializar a Correa- es de origen ilícito, contradictoriamente la perito Alexandra Mantilla encargada de la investigación del Caso Sobornos, asegura que es de origen legal.

Mantilla defiende en el video que no detectó ninguna actividad ilegal ni criminológica. No obstante, la perito, pese a considerar legal el fondo, no incluyó ese criterio en el informe de perfilamiento para incriminar a Correa. En otras palabras, obvió ese «detalle» a pesar de ser el elemento fundamental de la acusación.

La justicia manipulada por Moreno pretende hacer creer como «prueba» para judicializar a Correa, la existencia de un recibo de depósito por 6.000 dólares en la cuenta bancaria del expresidente.

Ésta sería entonces la “prueba”más importante que tiene la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente en el Caso “Arroz Verde”. Con esa “prueba” se le acusó al exmandatario de ser el cabecilla de una supuesta “estructura criminal”.

El expresidente Correa siempre ha desvirtuado esa acusación y ha explicado que los 6.000 dólares fueron producto de un crédito solicitado al “Fondo Solidario” que tenía la Presidencia de la República.

«Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del Fondo Solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo, (incluso) tengo los cheques de 500 dólares mensuales», aseveró Correa.

En ese sentido, Mantilla opina: «Yo incluso esto, ya le adelanté a la Fiscal, le voy a presentar (un informe) completamente separado porque el Fondo Solidario como tal yo no le encuentro un piso jurídico que a mí que me haga detectar, ni criminológico que me haga detectar, como una actividad ilegal. Eso ya le corresponde a la Fiscal, pero para mí no lo veo como tal».

De hecho, Mantilla admitió que el Fondo tenía una orientación netamente humanitaria.

Falso préstamo de 20.000 dólares

La prensa ecuatoriana publicó un informe sobre otro supuesto préstamo por 20.000 dólares que habría realizado el 21 de enero de 2014 el expresidente Correa, del llamado Fondo Solidario que manejaba.

Al respecto, Mantilla señaló que la prensa tergiversó el tema con el supuesto nuevo préstamo de 20.000 dólares.

«En el tema del señor Presidente encontré esto la devolución (…) yo hice la revisión de todos esos registros hacia atrás porque si lo devuelve el 14 de enero sería evidente que fue antes de la entrega de ese dinero y no aparece», comenta Mantilla.

Al respecto añade: «Luego vi que le tergiversaron en la prensa porque justamente decían que se ha descubierto que también hizo un préstamo de 20.000, pero yo al menos en los registros no encuentro la salida del dinero (…) Bueno, la prensa hace lo que puede y dice lo que no debe».

Otro elemento extraño en la investigación de Mantilla es que afirma que ella recibió informes de Inteligencia y no de la Fiscalía, un hecho que reconoció públicamente.

«Bueno los archivos a mí me llegaron desde inteligencia», admitió Mantilla en una entrevista que sostuvo con Alexis Mera en su domicilio. Previamente, en otra entrevista concedida el 26 de febrero de 2020 al medio digital La Posta, Mantilla señaló que los archivos le fueron entregados debidamente periciados, es decir, por la Fiscalía.

Para la perito, todo lo que se está haciendo contra Correa es de «tinte político» y va acorde con las intenciones de Moreno de sacarlo del camino a la Presidencia.

“Evidentemente esto tiene un tinte político, a mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más apegado a los hechos. Me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos, yo voy a reportar lo que encuentro lo que ustedes me han dicho”, dijo Mantilla a Mera.

La perito de Moreno no es abogada

Otro elemento en el denominado «Juicio del Siglo» por el Caso “Arroz Verde”, que intenta condenar también al exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios y empresarios, es que la perito principal de la investigación al parecer no es abogado.

Según una publicación de Informa Ecuador, la denominada “perita”, Alexandra Mantilla, no sólo se contradice en lo que dice en privado y publica en sus informes, sino que al parecer también lo hace cuando hace referencia sobre su carrera profesional.

En entrevista realizada a Mantilla por Alexis Mera, la perita aseguró que era abogada. Mera le preguntó: «¿usted es abogada? y Mantilla respondió: “Sí también”. Pero, en otra entevista realizada el 26 de febrero de 2020 al medio “La Posta” dijo claramente que no es abogada.

“La verdad Anderson yo soy egresada de Derecho, estoy buscando tiempo para defender mi tesis”, dijo Mantilla, quien sí es licenciada en administración educativa y magister en gerencia y liderazgo, pero parece ostentar funciones y conocimientos que no posee.

De hecho, en el portal de “Consulta de Títulos Registrados” de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), no existen títulos a su nombre que avalen su experticia en Criminología.

Por todo esto, las reacciones al informe de la perita y los cuestionamientos sobre sus credenciales han salido a relucir en los medios, pues sumado a su poca independencia e imparcialidad, parece que la mencionada mujer usurpó funciones que no le competían.

Se debe hacer una pericia imparcial

Mientras tanto, la defensa de Correa rechaza las arbitrariedades del régimen de Moreno, considera necesario que se haga una pericia imparcial, pero el tribunal que lleva a cargoel «Caso Sobornos» se niega a realizarla, sobre todo la relacionada al disco duro que contiene los supuestos archivos verdes.

Esto surge luego de que el abogado de Correa, Fausto Jarrín, pidió que se hiciera una pericia imparcial al disco duro de los archivos utilizados como prueba en el denominado Caso Sobornos 2012-2016, y de esta manera demostrar cómo la Fiscalía utiliza pruebas forjadas en este caso.

De hecho, Jarrín dio a conocer la conclusión final de la pericia realizada por la empresa colombiana Adalid, que cita: «Dentro de la información resultante se logran observar archivos digitales con muchas características, en este caso, al Laboratorio de Informática Forense de Adalid Corp. SAS. no le es posible determinar si esta información fue lícitamente obtenida o su veracidad«.

«Con todas estas pruebas no cabe duda de que el único objetivo de los miembros de este Tribunal es no permitir que el expresidente se presente en los comicios de 2021”, agregó Jarrín sobre las pretenciones de Moreno.

Además, el 14 de febrero de 2020, el abogado Jarrín quien también defiende al exvicepresidente, Jorge Glas, envió una comunicación al doctor Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para presentar información adicional a las Medidas Cauterales de ese caso.

“Ha llegado a nuestro conocimiento información sumamente grave y delicada, misma que remitimos a usted en torno al proceso de persecución política instaurado por el Estado ecuatoriano. Específicamente dentro del caso denominado públicamente “Arroz Verde” y luego renombrado por la Fiscalía General del Estado como “Sobornos 2012-2016”, causa en la cual Jorge David Glas espinel está siendo implicado.

De la documentación que se consigno a la CIDH se desprende que la evidencia que la Fiscalía General del Estado estaría usando dentro del proceso judicial, habría sido obtenida ilícitamente, violentando derechos constitucionales y humanos, e incluso mediante investigaciones clandestinas, al margen del debido proceso y de la Ley. Incluso dicha información habría sido obtenida mucho tiempo atrás, antes de la investigación previa formal de la Fiscalía General.

Por tal razón, consignamos la referida información que se encuentra debidamente periciada a efecto de garantizar su integridad que evidenciaría una persecución judicial, violación del debido proceso y forjamiento de pruebas para que la CIDH emita las medidas que considere necesarias contra el Estado ecuatoriano”, señala la carta firmada por Fausto Jarrín.

Asimismo, Jarrín denuncia que el documento publicado por el medio digital Mil Hojas, fuente original del caso, está cercenado, pues se pueden apreciar celdas de una pagina de Excel en donde aparentemente se especifican unos códigos, nombre de la empresa y del funcionario que supuestamente tenía relación con la empresa y aparentemente el supuesto monto. “Son paginas producto del hackeo y para subir al portal digital lo mutilaron y manipularon”, dijo.

Recordó que en la primera versión que rindieron Pamela Martínez y Laura Terán denunciaron que fueron hackeados sus correos electrónicos, por tanto demandaron garantías y señalaron que se está atentando contra su integridad personal y profesional.

Luego de ello la Fiscalía  formuló cargos por concurso real de infracciones, (única figura contemplada en el COIP que permite la acumulación de penas). Se les acusó de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, delitos que sumados darían muchos años de prisión en caso de hallarse culpables.

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