El robo del siglo: ¿Quién tiene la culpa de que los venezolanos no tengan gasolina?

Días atrás, un juez estadounidense en Delaware, Leonard Stark, autorizó la venta – o robo- de las acciones de la refinería venezolana CITGO

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Días atrás, un juez estadounidense en Delaware, Leonard Stark, autorizó la venta – o robo- de las acciones de la refinería venezolana CITGO. Se trata de una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo norteamericano. Justifico el fallo para “indemnizar la empresa canadiense Crystallex”, como retaliación a la medida del Gobierno venezolano, hace más de una década, de revocarle el permiso de explotación de un yacimiento de oro al sur del país sudamericano.

Las concesiones para operar en Venezuela las revocó el expresidente Hugo Chávez, por no cumplir con normas ambientales y laborales. En el caso de Crystallex, se excluyó legalmente de la explotación de la mina de oro ‘Las Cristinas’ en 2011. Desde entonces, inició una compleja trayectoria de demandas que resultaron, cinco años más tarde, en un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a favor de los demandantes.

A Venezuela se le exigió pagar un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares, más intereses, para resarcir a Crystallex por supuestas inversiones perdidas en el país. En marzo de 2017, el Tribunal del Distrito de Columbia se volvió cómplice del robo y reconoció la ejecución del laudo.

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José Ignacio Hernández y Juan Guaidó, promotores del robo de CITGO

José Ignacio Hernández se autocalificó como “procurador” de Juan Guaidó para robarse los recursos de Venezuela en el extranjero. En este caso, simuló ‘representar’ los intereses de Venezuela en el falso gobierno, a pesar de haber trabajado para Crystallex. Él diseñó el argumento que sustentaría el reclamo de la minera canadiense para quedarse con CITGO como forma de pago. En otras palabras, quieren ‘legalizar’ el robo.

El caso llegó a los tribunales federales de Delaware y su resolución se complicó en 2019. Todo sucedió en paraleo al ascenso de Guaidó en la estrategia de la Casa Blanca contra Venezuela. Al legitimar el ‘interinato’ de Guaidó, cambiaron la cara de los actores demandados en las cortes estadounidenses, reflejando un choque de intereses.

Además, el juez Stark desestimó sendas mociones presentadas, tanto por CITGO Petroleum y su matriz, PDV Holding (PDVH); como por Venezuela para frenar el embargo, cita un reportaje de Misión Verdad.

¿Por qué CITGO es tan codiciada?

Las características de CITGO son bastante codiciadas: sus acciones están valoradas en 8.000 millones de dólares. Además, posee un complejo de tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois; y una red de oleoductos que atraviesa 23 estados. Asimismo, suministra entre 5% y 10% de la gasolina que se consume en Estados Unidos.

Con sede en Houston (Texas), las tres refinerías de CITGO procesaban en conjunto unos 750.000 barriles de crudo venezolano. Con ello abastecían una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país.

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En enero de 2019, Guaidó se autoproclamó ‘presidente interino’ y fue reconocido por Washington. Inmediatamente, la administración de Donald Trump impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de CITGO. El objetivo de trasfondo fue traspasarlos al equipo de Guaidó.

El control de CITGO está en medio de la pugna entre el legítimo Gobierno de Venezuela y Juan Guaidó. Por un lado, las autoridades estadounidenses reconocen a la junta directiva ad hoc de Guaidó. Por el otro, el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.

“Acreditar la posición de Venezuela podría anular todo este litigio”, argumentó el juez Stark. Igualmente, puntualizó que Crystallex “ha prevalecido en todos los tribunales que han considerado cualquier aspecto de este caso”.

Stark determinó que se designará un encargado de supervisar el procedimiento de venta. En esa operación, ni Venezuela ni PDVSA podrán tener control, reseña la agencia española EFE.

Crystallex fue ayudada por el clan Guaidó

La empresa canadiense deberá obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Solo así podrá realizar la operación, debido a las sanciones impuestas por Washington. En agosto de 2018, el mismo juez había autorizado la incautación de CITGO a favor de Crystallex.

En un comunicado, el equipo de Guaidó -señaló que aunque el fallo “favorece la petición de Crystallex”, reafirma que “dicha venta no podrá realizarse mientras exista la protección conseguida por el Gobierno Legítimo a través del Departamento del Tesoro”.

“Es fundamental tener presente que la filial petrolera y otros activos de la nación siguen en riesgo por culpa de las acciones irresponsables de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, quienes -junto a sus cómplices- comprometieron los activos de la nación de una manera inescrupulosa, sin importarles el bienestar de los venezolanos y el futuro del país”, añade la declaración de Guaidó. Así, busca culpabilizar al chavismo, obviando que él es el principal promotor de estas acciones contra CITGO.

La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización del yacimiento de oro ‘Las Cristinas’ en 2008. Éste contiene uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo, por lo que el embargo de las acciones servirá para satisfacer la deuda.

En 2009, Venezuela acordó con la corporación estatal china de inversiones Citic Group el desarrollo de la mina de oro. De allí estima que pueden extraerse unas 13 millones de onzas de ese metal.

Venezuela rechaza la infame decisión

Tras conocerse la decisión del juez Stark, Caracas rechazó enérgicamente “la infame decisión de un juzgado de Delaware”. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería responsabilizó de este robo al presidente saliente, Donald Trump, en complicidad con los extremistas vinculados a Guaidó. Juntos han cometido delitos trasnacionales paraapropiarse de activos de Venezuela y sus entidades en el mundo.

El Gobierno de Maduro indicó que “la arbitraria decisión no es más que una nueva agresión del agonizante gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano”.

“El Tribunal Federal para el Distrito de Delaware (…) decidió iniciar las fases preparatorias para la venta de las acciones de la empresa PDV Holding, propietaria de CITGO”, dice el comunicado. Esto “con el supuesto fin de ejecutar forzosamente un laudo arbitral dictado contra Venezuela por un Tribunal del CIADI en 2016, que nada tiene que ver con PDVSA, Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation, (CITGO)”.

“Esta sentencia, en las horas agónicas del saliente gobierno de Donald Trump, confirma que las relaciones internacionales de esta administración, las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público”, subrayó la declaración.

El botín de CITGO

Añade el texto que esa decisión significa “el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local (Juan Guaidó) para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos”.

“La apropiación ilegítima e ilícita -el robo- de Citgo ha sido fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por José Ignacio Hernández (…)”, precisa el texto.

Explicó que “es del conocimiento público que, quien hizo las veces de falso procurador (Hernández) en los juicios que lleva la República ante instancias judiciales internacionales, tuvo y conserva vínculos económicos con la Demandante, Crystallex International Corp. (Crystallex)”.

“Actuó además, deliberadamente con absoluta torpeza e impericia usurpando vulgarmente funciones públicas ante la justicia estadounidense, invocando una supuesta representación que nunca detentó para entregar los intereses legítimos de Venezuela”, acotó.

“El único fin de estas acciones fue brindar un velo jurídico a la entrega criminal del patrimonio de todos los venezolanos al Gobierno de Donald Trump, a un grupo de empresarios relacionados con éste, y a los extremistas venezolanos”, aseveró en el texto.

Hostilidad y violación a la legítima defensa

El canciller también denunció que la medida judicial es violatoria del derecho internacional. Este robo, además, viola el derecho a la legítima defensa que priva en cualquier conflicto jurídico.

“La actuación del juez estadounidense, Stark, es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores, que no fueron parte en el juicio a su cargo, que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de CITGO”, apuntó.

En ese sentido alertó al mundo que la “operación judicial no sólo ha sido alentada por el Gobierno de Donald Trump, sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la defensa debida, integral y efectiva”.

Además, subraya que la medida viola y agrede los intereses patrimoniales de Venezuela y de PDVSA. Al descarado robo, suma la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

Arreaza advierte que el bloqueo total es un precedente negativo para otras naciones que pueden ser víctimas de la hegemonía estadounidense y otras como el Reino Unido y la Unión Europea. “Pueden hacer lo que se les dé la gana contra cualquier pueblo sin recibir ningún tipo de castigo”, acotó.

“Alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en Estados Unidos, y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza)”.

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