El diputado Socialista Jaime Naranjo, dijo que la acción está basada en el desacato al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue ratificado por Chile el 6 de julio del 2009. Por su parte, el Humanista Tomás Hirsch afirmó que la decisión "es una acción política más que jurídica" y calificó como “gravísimo” que el Gobierno no haya condenado los fallos de la Corte Suprema.