Fue a fines de julio cuando la republicana Beatriz Hevia acudió -sin informar al resto del Consejo ni a la mesa directiva- hasta la Escuela de Carabineros para exponer acerca del proceso constituyente. El vicepresidente del órgano, Aldo Valle, expresó públicamente su molestia por la "imprudencia" de Hevia y señaló que actuó al margen del proceso.

Autor: Jorge Molina Araneda

En la sentencia, emitida por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, también se condenó al ex capitán Juan Rosales a 3 años y un día de pena remitida (libertad vigilada intensiva) como culpable de dos delitos de apremios ilegítimos contra otras personas.

Efectivo Juan Pablo Leiva Puga deberá cumplir una pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de 4 delitos consumados de apremios ilegítimos, mientras que el policía Carlos Andrés Fuenzalida Gajardo fue condenado a 5 años de reclusión, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, como autor de 3 delitos consumados de apremios ilegítimos.

Tras la finalización de la Comisión Especial Investigadora por el Caso Kayser, sus conclusiones fueron aprobadas de forma unánime por parlamentarias y parlamentarios de diversos partidos políticos. Según el diputado Andrés Giordano hubo constatación de ciertas negligencias y omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado, como el Servicio Médico Legal, Carabineros de Chile y el Ministerio Público.

La joven fue sometida por quienes le cubrieron el rostro con una toalla y posteriormente la agredieron con un arma blanca en el abdomen

Los hechos se registraron en horas de la mañana de este lunes, cuando personal de Carabineros se apersonó al liceo ubicado en la calle San Diego, tras ser alertado por la existencia del cráneo al costado de un árbol.

Personal de Carabineros acudió al local tras denuncias de los vecinos, quienes alertaron que se estaba desarrollando un evento en su interior pese a la prohibición de funcionamiento: allí descubrieron centenares de personas bailando zumba, quienes ingresaron por puertas laterales habilitadas por la misma administración.

Senadora Fabiola Campillai junto a un grupo de diputadas, diputados, alcaldes, concejales y organizaciones sociales, llamaron a la ciudadanía a apoyar y firmar una declaración donde piden una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior, y que se asuma la responsabilidad política de la autoridad por este hecho.

"Observamos cuáles son las zonas con un mayor índice de delitos y evaluamos cómo ser más efectivos y eficaces en nuestras acciones en terrenos", dijo Ricardo Yañez