Ni siquiera se puede aducir que el comportamiento de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos de defensa de Pinochet haya sido producto del temor a un eventual golpe de Estado. Ya desde 1990 (con Patricio Aylwin de presidente) los gobiernos de la Concertación se molestaban públicamente con las críticas que le llegaban a Pinochet en el exterior cuando viajaba como comandante en jefe del Ejército.
Muy conveniente resultaría que Fernández Larios fuese interrogado y condenado en Chile por la posibilidad que aclare cuál fue su participación como teniente en el asalto armado a La Moneda y la muerte del Presidente Allende el 11 de setiembre de 1973.
High-ranking official of the dictatorship, Sinclair faced numerous charges for crimes committed after 1973; in 2023, the justice system exempted him from prison due to "mental incapacity", marking another chapter of impunity.
Exalto mando de la dictadura, Sinclair acumuló causas por crímenes tras 1973; en 2023, la justicia lo eximió de cárcel por “enajenación mental”, en un nuevo capítulo de impunidad.
Judge Paola Plaza has summoned former President Eduardo Frei to provide written testimony in a case investigating the cover-up of crimes against humanity, looking into whether his government facilitated Pinochet's return from London amid claims by families affected by the Caravana de la Muerte.
La ministra en visita Paola Plaza citó por escrito al expresidente Eduardo Frei en una causa por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad que indaga si su gobierno facilitó el regreso de Pinochet desde Londres, en el marco de querellas de familiares de la Caravana de la Muerte.
Ciertamente que la “inteligencia militar” siempre fue eficaz en descubrir los delitos de los otros, más que entre los que se guarecen en sus filas. Conocidos son también los delitos de los gendarmes al interior de las cárceles y su colaboración con los capos de las drogas que manejan sus negocios tras las rejas.
El compromiso con la memoria, la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición y el reconocimiento pleno a las víctimas exige que el Estado actúe de manera coherente y ejemplar.
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos plantean que en 2023 Cheyre no fue condenado a una pena proporcional a la gravedad de los hechos, 15 homicidios calificados y reiterados, lo que consideran "un agravio a la garantía de no repetición".
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la indemnización a cuatro hermanos de una víctima de la Caravana de la Muerte, subrayando la responsabilidad del Estado en uno de los episodios más oscuros de la dictadura militar.
